“La mano dura es pura demagogia frente a la criminalidad. No sirve de nada, es un medio fácil de adquisición de consenso”. Las palabras salieron de boca de uno de los juristas internacionales más destacados, un hombre que a lo largo de su carrera mezcló en forma magistral el estudio científico del Derecho con el trabajo práctico y con una preocupación constante por la realidad y porque se respeten los derechos fundamentales de los seres humanos. Ese hombre, Luigi Ferrajoli, llegó desde su Italia natal a Mendoza para recibir el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción que otorga la UNCUYO.

Profesionales y estudiantes colmaron el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Como pocas veces, tuvieron la oportunidad de ver y escuchar a uno de los exponentes emblemáticos del garantismo, teoría jurídica que el profesional florentino les explicó en un castellano que por momentos se mezcló con su lengua natal.

Con términos sencillos, lejos de las intrincadas palabras leguleyas, el padre de la teoría jurídica explicó que el garantismo es lo opuesto al constitucionalismo, que es una corriente cuya base es el reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva protección y cumplimiento, por medio de diversas instituciones y procedimientos. Ferrajoli explicó que el origen histórico de la corriente fue el derecho penal y que fue justamente en esta materia donde se pusieron en marcha políticas irresponsables, que desencadenaron un populismo que defendía la mano dura como la mejor alternativa contra la criminalidad.

El estudioso fue tajante. Dijo que la mano dura produce solamente la ilusión de una respuesta, que es muy conveniente en medio de los procesos electorales y que produce reducción del sentido cívico y de pertenencia a una comunidad.

Frente a la delincuencia –explicó– la respuesta no pude ser penal sino social, poniendo en marcha mecanismos que permitan garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. De lo contrario –señaló– existe una relación directa entre exclusión social y criminalidad. El profesor aseguró a profesionales y alumnos que la verdadera política de seguridad pública es garantizar los derechos fundamentales, que los ciudadanos puedan acceder a servicios gratuitos de salud, de educación y a un empleo que les permita desenvolverse y sentirse incluidos en la sociedad.
 

Una vida dedicada al Derecho

Tal como lo destacó el decano de la Facultad de Derecho, Ismael Farrando, la gran virtud de Ferrajoli es haber combinado a lo largo de su carrera los estudios científicos, la práctica y la enseñanza. Su currículum así lo demuestra. Es autor de una importante obra en el campo de la filosofía del Derecho, la filosofía política y el Derecho penal, se desempeñó como juez durante diez años y desde 1970 es docente universitario y director de institutos de investigación. Antes de ofrecer la charla, el autor de Derecho y razón, teoría del garantismo penal conversó con un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación sobre las bases de esta teoría.

¿Cómo definiría al garantismo?

El garantismo son los deberes, prohibiciones y obligaciones a cargo de la esfera pública, del Estado, que corresponden a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como los derechos a la libertad, a la asistencia sanitaria, a la educación, a la subsistencia, que son derechos cuya base es la igualdad de las personas y también la unidad de un pueblo, porque la unidad consiste en la igualdad de los derechos. Todos los derechos fundamentales requieren instituciones de garantías, que es un rol de la política y también un papel de la ciencia jurídica, que es criticar el derecho ilegítimo por falta de legislación de actuación, es decir de garantías de los derechos fundamentales establecidos, que sin garantías son una mera retórica. Establecer derechos fundamentales es una cosa muy seria. No se identifican con una simple promesa, son normas subordinadas a todos los poderes constituidos que imponen a la política, a la legislación, al derecho, estos sistemas de garantías, la tutela de la vida, de la igualdad, de la liberad de las personas.

¿Estos derechos están garantizados en el mundo y, en especial, en América Latina?

En ninguna parte del mundo los derechos fundamentales son garantizados totalmente. La previsión de derechos fundamentales es una utopía positiva, se puede hablar de un grado mejor o peor de garantismo. Naturalmente, se debe distinguir el garantismo liberal –sobre todo en materia Penal– del garantismo social. En América Latina seguramente están en un nivel de garantía de los derechos sociales menos avanzado que en Europa; sin embargo también en Europa, por las políticas ilegales e ilegítimas, han sido fuertemente restringidos los recursos en los derechos sociales. Los principales peligros para las garantías son, por un lado, la crisis del principio de legalidad, una legislación caótica, carente de capacidad, y por otro, el populismo penal que es una política muy fácil, una política que refuerza el miedo, la ilusión de eliminar la delincuencia sobre todo de los pobres, con aumentos de las penas que no tienen ningún efecto sobre las causas sociales de la criminalidad, porque para esto se requieren políticas sociales y no penales. El crimen organizado es una empresa que tiene una estratificación clasista, que recluta sobre todo a los pobres. Creo que es necesaria una complementariedad entre política de seguridad y política social. Solamente una verdadera seguridad social puede garantizar un buen nivel de seguridad pública.

Algunos de los candidatos que participan en las elecciones que se están realizando en Argentina plantean la mano dura como alternativa frente al delito. ¿Cuál es su reflexión?

La mano dura es pura demagogia frente a la criminalidad. No sirve de nada, no tiene ninguna capacidad diferente, es un medio fácil de adquisición de consensos. La mano dura sería eficaz para la corrupción, que puede ser evitada y cuya impunidad es siempre un factor criminal. Los delincuentes de lujo tienen defensores muy capaces, que se defienden del proceso más que en el proceso, con el intento de obtener la prescripción. Es un Derecho Penal inflexible con los pobres y mínimo con los poderosos. Lamentablemente, este no es un problema argentino sino global. En todo el mundo la población carcelaria está formada sobre todo por pobres, por inmigrantes.

¿La pobreza tiene una incidencia directa en los delitos?

Obviamente tiene incidencia directa en la delincuencia de subsistencia. Hoy la supervivencia no es un hecho natural, sobrevivir significa tener un lugar de empleo. Una persona que no tiene medios de subsistencia, a quien el Estado sólo le promete represión, no tiene un sentido de pertenencia, un sentido cívico. Existe una conexión entre el garantismo social y el garantismo liberal, entre las garantías de los derechos sociales y la minimización del Derecho Penal. El Derecho Penal mínimo requiere un estatus social máximo.

¿Cuáles serían, a su criterio, las medidas de prevención acertadas?

La principal medida de prevención de los homicidios sería la prohibición, la detención del comercio de las armas. El hecho de que las personas tengan armas es el factor principal de los homicidios. En el mundo, el 90 por ciento de los homicidios se comete con arma de fuego, es posible comprar armas sin ninguna limitación. El desarme primero, después el Derecho Penal mínimo; esto significa reducir las penas, el máximo debería ser 15 años, la cadena perpetua es un signo de incivilidad. Y después, las garantías penales y procesales; sobre todo, el correcto proceso y la independencia de los jueces.