Hasta 2019, más de la mitad de los jóvenes de 19 a 24 años de Argentina veían vulnerados sus derechos a la educación, acceso al empleo, derechos laborales y a la salud. Son estas dificultades (y las desigualdades que conllevan) los factores que se deben tener en cuenta para explicar la gran cantidad de jóvenes sin perspectivas laborales ni educativas, en lugar de la voluntad individual. A esa conclusión llegó una investigación elaborada entre el Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Hay dos perspectivas opuestas que se adoptan cuando se piensa en el problema de las y los jóvenes que no trabajan ni estudian, llamados “ni-ni”. Una es la visión individualista, que aborda la cuestión desde la voluntad de cada uno de los jóvenes y los culpabiliza; la otra es aquella que lo ve como un problema social, que se fija en las condiciones que atraviesa cada individuo desde una perspectiva de derechos. 

El informe demuestra que estas son muy diferentes según el nivel de ingresos, por lo que no se puede pensar a los jóvenes como meramente inactivos y doblemente negados. Tampoco es posible resolver sus problemas con políticas que intenten, desde lo motivacional, inducir al individuo al trabajo y al estudio.

El equipo de investigación acompañó el informe final con un entretenido corto audiovisual que ilustra los resultados y las conclusiones. Mirá el video a continuación:

Cómo se hizo el estudio

El sociólogo Gonzalo Assusa, que estuvo detrás de la investigación, dividió a los jóvenes en cinco grupos de acuerdo a sus condiciones económicas. Los datos fueron tomados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec correspondientes a los primeros trimestres de 2004, 2009, 2014 y 2019.

Con esa base, se observó cómo evolucionó la cobertura del Estado de los derechos de acceso a la educación, al empleo, a los derechos laborales y a la salud. Los datos –que ni siquiera contemplan la crisis que se abrió a partir de la pandemia de COVID-19– son preocupantes, ya que desnudan millones de casos de jóvenes que no se encuentran escolarizados en la edad obligatoria, que están desempleados, que están insertos en un empleo informal y/o carecen de cobertura médica.

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Educación, una variable positiva

Según consignó el informe, en materia de educación, a diferencia de otras áreas, lo que se observa en el periodo 2004 a 2019 es una tendencia a reducir las desigualdades y a mejorar la cobertura general en todo el proceso. “En 2004, de cada diez jóvenes de 19 a 24 años entre los de menores ingresos, cuatro tenían título secundario, y entre los de más ingresos, casi ocho lo tenían. En 2019, de cada diez jóvenes de 19 a 24 años, más de cinco con ingresos bajos poseen título secundario; y entre los de más ingresos, más de ocho lo poseen”, explica el informe.

Desempleo juvenil e informalidad laboral: dos indicadores que pegan a los jóvenes más pobres

La investigación muestra que el desempleo juvenil, que había descendido 10 puntos entre 2004 y 2014, volvió a subir 7 puntos entre 2014 y 2019. Para el sector más pobre, el crecimiento del desempleo fue del doble que para los más pudientes. “Desde una perspectiva de la coyuntura, se observa que los jóvenes de menores ingresos necesitan buscar empleo en los períodos de crisis, mientras que los jóvenes de mayores ingresos cuentan con los recursos familiares para esperar, formarse y encontrar mejores condiciones de inserción laboral en el futuro”, reza el informe.

La informalidad laboral juvenil disminuyó 15 puntos porcentuales en los últimos quince años, uno de los mayores logros en materia de derechos de la época, pero si se desglosan los datos según los ingresos, el resultado se matiza. Entre los jóvenes integrantes de familias con menores ingresos, el avance fue modesto entre 2004 y 2014 (los precarizados pasaron del 66 % al 60 %), mientras que, al año 2019, ya eran el 67 %, porcentaje superior al 2004. 

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Desigualdad acentuada en la cobertura médica

En materia de salud, la población joven sin cobertura médica disminuyó 13 puntos porcentuales en estos quince años. Sin embargo, también en esta variable las brechas de acceso aumentaron. Entre 2014 y 2019 disminuyó la proporción de jóvenes de menores ingresos con cobertura médica (del 38 % al 35 %), al mismo tiempo que aumentó la cobertura entre jóvenes de mayores ingresos (del 87 % al 93 %). 

“Aun en períodos de crisis (y cuando todos los demás pierden), los jóvenes mejor posicionados en la sociedad argentina pueden incrementar su acceso a derechos y condiciones de vida digna”, concluye el informe al respecto.

Assusa planteó: “¿Qué cambia si dejamos de usar conceptos culpabilizantes, como el de jóvenes 'ni-ni'? Si adoptamos una perspectiva de derechos, observamos otro panorama de sociedad. Considerando los jóvenes que ven vulnerados su derecho a la educación, el acceso al empleo, derechos laborales y derecho a la salud (...), encontramos que, en 2014, el 49 % de los jóvenes de 15 a 18 años veía vulnerado al menos uno de esos derechos, mientras que, en 2019, el 87 % sufre esa vulneración. En el caso de los jóvenes de 19 a 24 años, la distancia es menor, pero también hay un crecimiento entre 2014 y 2019: el 53 % en 2014 y el 56 % en 2019”.

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Ir más allá del punitivismo y moralismo

A la vista de los resultados, Assusa expresó la necesidad de incidir en los debates en los que se sostiene la idea de que “los pobres son pobres porque no quieren trabajar” y se invoca la “cultura del trabajo”. “Intervenir sobre esos prejuicios desde las ciencias sociales es relevante en el marco de una sociedad que se pretenda progresivamente justa en términos sociales y democrática en todos los ámbitos de la vida social”, afirmó el sociólogo cordobés.

Agregó que la mirada punitivista, que ve a los jóvenes de sectores populares como potenciales delincuentes, y la moralista, que define al tiempo de ocio como tierra fértil para conductas viciosas, “han logrado crear un pánico moral y un demonio popular potente en el modo en el que la sociedad procesa sus identidades y sus relatos”.

Para el investigador, la pandemia de COVID-19 vino a activar dos situaciones críticas que ya sucedían: “Primero, desempleados y trabajadores precarios han visto empeorar su situación de privación de derechos, sea por la imposibilidad de salir a buscar trabajo o por la interrupción de sus ingresos corrientes. Si bien el Estado ha desarrollado una amplia red de contención (...), el carácter vulnerable e inestable de la condición de estos jóvenes, pertenecientes en su gran mayoría a las familias con menos recursos económicos de nuestra estructura social, quedó absolutamente expuesto en esta nueva situación”.

Gonzalo Assusa, investigador que llevó adelante el estudio. Foto: Conicet