La actividad de esta tarde será el correlato del Primer Encuentro Nacional Contra la Violencia Institucional concretado el viernes 3 de mayo en Buenos Aires, que por primera logró reunir a distintos representantes del Estado y familiares de víctimas del gatillo fácil y de la represión policial. En la misma dirección, la intención de la jornada será institucionalizar la lucha a nivel provincial a través de la conformación de la mesa local, que combatirá el accionar violento de la policía y la impunidad garantizada por el poder judicial y político.

Aquel encuentro convocado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y el Movimiento Evita, tuvo como principales panelistas al ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni; la ministra de Seguridad, Nilda Garré; la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto y Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación. Todos coincidieron en señalar a la violencia institucional como el legado autoritario de la última dictadura cívico-militar, que dejó marcadas huellas en el accionar y las lógicas de algunos agentes de las fuerzas de seguridad públicas, como así también de las instancias del poder judicial y la política.

La justicia fue considera cómplice a partir de su inacción o mal desempeño en casos en que la criminalidad permanece impune, mientras que el poder político fue caracterizado por su tendencia a  promover estos hechos de violencia como estrategia para incrementar su gobernabilidad, contando con el plus de legitimidad que le aportan los grandes medios de comunicación social.

Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón –joven asesinado en San Rafael en 1997, caso que por su alevosía pasó a ser ícono de la brutalidad de la policía de Mendoza- referenció a las madres de chicos muertos por gatillo fácil que desde todo el interior del país asistieron al encuentro para contar con sus propias voces sus experiencias en la búsqueda de justicia, invisibilizadas o manipuladas por los medios hegemónicos en relación con sus propios intereses políticos.

A cargo del panel de cierre, Miriam Medina reclamó sobre cada uno de los casos de violencia policial que permanecen "cajoneados". Desde el micrófono reconoció a las madres cuya lucha se hace desde el anonimato, y muchas veces en plena soledad, pero que aun así no cesan en la búsqueda de justicia por los asesinatos de sus hijos. Desde la experiencia personal, destacó el esfuerzo que implica batallar contra los propios poderes de Estado y con la mayor de las heridas a cuestas. En este sentido, habló de la valentía necesaria para llegar a la verdad en situaciones donde la complicidad policial maniobra en una gran franja de ilegalidad para frenar ese recorrido.

A partir del repaso de su propia lucha –cabe recordar que los asesinos de Sebastián, encabezados por el ex comisario Hugo Tentrini, fueron condenados en el año 2000- Medina aseguró a las madres: “La pelea no es en vano y desde la herida sangrante se aprende a reclamar con mayor fuerza”.

“No creía nada más que en mi fuerza, donde tocaba saltaba pus, pero el miedo no me paralizó nunca. Más tarde aprendí que no estaba sola, que contaba con mis vecinos, con la lucha aprendida por las Madres de Plaza de Mayo y por políticos que están dispuestos a cambiar las instituciones, como ocurrió en el gobierno de Néstor Kirchner”, dijo en referencia a las transformaciones que hacen posible la llegada de la Justicia por estos días.

Contra todo tipo de atropellos

En otros paneles se habló de distintos aspectos a partir de los cuales también se ejerce violencia institucional, tales como la represión en territorios campesinos del interior, donde los pobladores sufren los desalojos de sus tierras orquestados por los patrones del agro-negocio exportador. Referentes de Mocase Vía Campesina, de la Comunidad Qom  y Wichí y la Unión de Trabajadores Sin Tierra, dieron cuenta de los atropellos sistemáticos que sufren a diario en sus territorios.

La criminalización de la protesta social también fue abordada en otras de las mesas de debate y la corrupción del algunas fuerzas sindicales fue reconocida como una de las principales causantes de estos hechos que pretenden frenar la lucha por los derechos de los trabajadores, y en el peor de los casos acabar con la vida de los militantes.

Pablo Ferreyra, el hermano Mariano, militante del Partido Obrero acribillado en 2010 en plena protesta por mejoras laborales, fue el principal orador del panel, quien estuvo acompañado por Sandra Rodríguez, viuda del docente Carlos Fuentealba, abatido en 2007 por la policial neuquina durante una huelga de Ctera. Ambos coincidieron en que no hay una solución única para este tipo de situaciones, sino que las respuestas deben darse de manera integral entre los tres poderes del Estado y con la activa participación de la sociedad, como forma de visibilizar estas realidades y, a partir de allí, provocar cambios culturales tendientes a la prevención.

Los principales ejes por trabajar para provocar las trasformaciones necesarias que den fin a la lógica que alimenta la violencia institucional aun en procesos de democracia ampliada como los actuales, quedaron manifestados en la necesidad de profundizar la formación en materia de seguridad ciudadana desde una plena perspectiva de derechos humanos, y en la exigencia de enmarcar con rigurosidad en el plano legal todo accionar policial y judicial que atente contra la vida humana.

La subsecretaria de Justicia de Mendoza y referente de la campaña en la provincia, Romina Ronda, integró el panel de cierre junto a Miriam Medina. Fue la encargada de señalar las estrategias con vista a la erradicación de la violencia impartida por el propio Estado. En este sentido, señaló la necesidad de impulsar nuevas reformas hacia el interior del sistema de seguridad que garanticen la conducción política de estas fuerzas; la aplicación de procesos de desarrollo de políticas sociales en materia de datos sobre la política criminal, y la concreción de la democratización de la Justicia para permitir el acceso popular al Poder Judicial, como ruptura con los prejuicios de clase que son los que, en definitiva, terminan propiciando las situaciones de violencia e impunidad institucional.

La referente profundizará estos puntos en la jornada que se realizará este miércoles a partir de las 18:00 en la Legislatura de Mendoza, con la participación de distintos especialistas que presentarán distintas aristas de la problemática, esta vez a nivel provincial. Entre ellos, el abogado de Derechos Humanos Pablo Salinas, el periodista Rodrigo Sepúlveda y la luchadora Alicia Vargas, madre de Cristián Reyes, asesinado en un falso allanamiento policial en 2006 y cuyo caso permanece impune.