El Gobierno Nacional firmó el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 27/2018 en el que se ponen a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) 64 inmuebles –entre ellos, un terreno en Campo Los Andes (Tunuyán)– que se quisieron rematar el año pasado. Sin embargo, esa venta no se concretó porque se presentaron dos amparos en la Justicia Federal y ahora el Poder Ejecutivo, bajo el mando del presidente Mauricio Macri, va por el segundo intento.

Durante el primer trimestre de 2017, el mandatario a nivel nacional habilitó a la AABE para que se encargara de poner a la venta algunos inmuebles y terrenos. Entre ellos, se disponía de algunas hectáreas en Campo Los Andes, que abarca al centro de cría, recría y amansamiento Haras General Las Heras, en La Remonta. Los habitantes de la zona presentaron un amparo a la Justicia Federal y lo mismo hizo, por otra parte, la Fundación Pedemonte.

Esta última, presidida por la médica veterinaria y ecóloga Brenda Junín, planteó, tanto respecto del DNU del año pasado como del más reciente, que los terrenos en La Remonta son un bien del Estado de dominio público, por lo que es inconstitucional ponerlos a la venta sin que el Congreso intervenga. Además, desde la Fundación sostienen que es una tierra destinada a la defensa nacional, ubicada estratégicamente en zona de frontera internacional con Chile. Tiene también un centro de cría en producción, por lo que el terreno no está tan subutilizado o no utilizado como afirma el Gobierno. “Es una tierra que aloja recursos naturales que tienen que ser protegidos y que son de todos los argentinos”, expresó Brenda Junín.

En cuanto al amparo presentado por esta fundación, fue derivado a la Justicia en Buenos Aires, pero la jueza se declaró incompetente en el tema, aunque no expresó que el planteo sea erróneo o no corresponda. Por lo tanto, será la Justicia local la que determinará si se le da lugar o no a este recurso, pero esto se sabrá a partir del 1.° de febrero, cuando termine la feria judicial.

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Denuncia penal

Por otro lado, la Fundación Pedemonte adhirió a una denuncia presentada en Buenos Aires por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El letrado se manifestó en contra del llamado “megaDNU” (el 27/2018) por considerarlo inconstitucional.

Según la crónica publicada en el portal de noticias Ámbito, Barcesat sugiere que el decreto en cuestión quiebra la división de poderes al pretender la derogación o modificación de leyes aprobadas por el Poder Legislativo (por ejemplo, la N.° 14147, sancionada en 1952, que promovía la producción agropecuaria e industrial permitiendo la explotación de los bienes del Ejército) con la finalidad de “achicar el Estado para agrandar los negocios". La causa quedó a cargo del juzgado criminal y correccional federal N.° 4.

En números

Una crónica del diario Los Andes indicó que, con el nuevo megaDNU, el Gobierno nacional busca recaudar alrededor de 500 millones de dólares mediante la venta de 64 inmuebles del Estado (de ellos, cuatro son mendocinos). El decreto se enmarca en un plan de “desburocratización” para ahorrar 100 mil millones de pesos y así reducir el déficit fiscal. Las primeras ventas ya están programadas para los próximos jueves 25 de enero y 1.° de febrero.

En el artículo se explica que, antes de la gestión de Cambiemos, la AABE poseía 19 600 inmuebles registrados, mientras que hoy tiene 70 mil a disposición, ubicados dentro y fuera del país. De esa cifra, 99 propiedades ya están disponibles para el remate y ya se han vendido 35 de ellas entre 2016 y 2017.

La recaudación ronda los 467 millones de dólares, de los que el 70 % se destina al organismo al que pertenece la propiedad y el 30 % restante, al Tesoro Nacional.