Rolando López, Oscar Guillén, Rosana Villegas, Pablo Segura y Verónica Gordillo son los cinco periodistas que analizaron el artículo 7 del proyecto de ley de la reforma del Ministerio Público Fiscal, el cual implicaría una distorsión de la información, ya que impide que el fiscal informe directamente al periodista sobre el delito cometido en las primeras horas de la investigación. Estos datos deberían pasar, antes, por una oficina de Prensa dependiente de la Procuración General. A continuación, la palabra de los profesionales:

Rolando López (Diario Los Andes)

Quienes estamos desde hace tiempo en la prensa roja, sabemos que a Alfredo Cornejo nunca le cayó simpática la libertad de prensa por más que en su discurso “republicano” la mencione para aparecer políticamente correcto. En octubre de 2005, cuando fue ministro de Seguridad de Julio Cobos, quiso hacer algo parecido. Sólo espero que este avasallamiento al derecho a la información que tiene en mente -disfrazado de eficacia judicial- no se lleve a cabo.

Rosana Villegas (Diario UNO)

¿Ordenar la información es recortar y manipular?

Trece días después de que se dictara una ley nacional de acceso a la información pública –que obliga a los tres poderes a cumplir con los requerimientos de cualquier ciudadano–, el gobierno provincial, que debería ir en la misma línea, pretende cercenar la información sobre un tema tan sensible como es la seguridad.

El discutido artículo 7 de la ley 8.008 que pretende establecer el procurador Alejandro Gullé dice que los fiscales brindarán información “…salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso” y añade que será brindada por las oficinas “habilitadas”. Si bien la redacción puede sonar políticamente correcta, el análisis no debería quedarse sólo en los cotidianos casos de inseguridad, en los cuales los fiscales tienen la obligación de brindar información veraz que anule las miles y contradictorias versiones policiales que surgen; sino que obliga a ir más allá de ellos.

Los periodistas que solemos cubrir temas de Seguridad sabemos que tiene una doble lectura el hecho de que exista la necesidad de que en los primeros momentos de una investigación la información se “ordene” en una oficina judicial. Cabría aquí imaginar qué tipo de información se brindaría si, por ejemplo, se investigase un caso que involucrara corrupción de un funcionario actual –incluido en los asuntos públicos de los que reza el artículo–. Años atrás, muchos de los funcionarios actuales se rasgaron las vestiduras exigiendo que se difundiese quiénes participaron del fraude a la administración pública en la contratación de Los Cadillac en el gobierno de Celso Jaque, o del accionar de los exintendentes Luis Lobos o Carlos López Puelles, algo que compartía sin dudas la sociedad mendocina toda, pero ahora parecen interesados en resguardar información de algunos asuntos públicos, lo que claro está abre la puerta de la sospecha.

La duda está en si esta necesidad de “ordenar” la información, esconde recortes y manipulaciones que sean convenientes o funcionales a las estadísticas de una gestión de gobierno.

Pablo Segura (Sitio Andino)

El objetivo es que se publiquen la menor cantidad posible de hechos policiales. Los fiscales son una de las principales fuentes de información de un periodista de esta sección. En un momento donde se han incrementado los robos y homicidios, desde la Justicia se preocupan más para que la sociedad no acceda a la información que en querer solucionar la inseguridad. No es para proteger las investigaciones, en Mendoza hay grandes periodistas de policiales que saben qué publicar y qué no.

Verónica Gordillo (Unidiversidad)

Los cambios propuestos en el artículo 7 de la ley del Ministerio Público Fiscal van a contramano del criterio que impulsa hace años la Suprema Corte de Justicia, que incluso creó un Centro de Información Judicial con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda entender el palabrerío jurídico y acceder a los fallos completos de los magistrados. Cuando una iniciativa -como la mendocina-  plantea la concentración de la información en pocas manos, sólo puede provocar dudas, aunque esté disfrazada de eficiencia judicial.

Los impulsores de la propuesta se olvidan que tratan con profesionales: tanto los fiscales –que pasaron por el Consejo de la Magistratura–, como los buenos periodistas que se especializan en temas judiciales y policiales. La iniciativa le falta el respeto al profesionalismo y al sentido común de ambos, porque un buen periodista sabe cuándo publica un dato y cuándo es contraproducente y un fiscal sabe qué decir y cómo y si es más importante atender a la prensa o estar en la escena del crimen.

Una de las defensas que hicieron de la propuesta desde el Poder Judicial es la intención de que todos los medios de comunicación tengan la misma información. No creo en ese tipo de igualdad, simplemente porque hay periodistas que con mucho profesionalismo, mucha lectura y muchas horas pateando la calle logran acceder a mejor información.

Esa es una de las claves de nuestro oficio artesanal: especializarnos, hablar con los que saben, como en este caso los fiscales, y ganarnos su confianza, pero no en base a chicanas, sino en base al reconocimiento del profesionalismo desde ambos lados. Esta iniciativa nos aleja de una fuente esencial: los fiscales. Nos aleja de la posibilidad de entender y de criticar sus decisiones y aleja a la sociedad de su derecho constitucional de acceder a la información.

Oscar Guillén (Diario Los Andes)

Seis reflexiones sobre la reforma al Artículo 7
a) El fondo. El Ejecutivo y la Procuración confunden Derecho con Poder. El Ejecutivo porque olvida el derecho de la gente a estar informada, queriendo limitar la actividad de los periodistas; la Procuración porque desde hace un mes puso en vigencia el nuevo artículo 7 de la ley del Ministerio Público Fiscal que aún no ha sido aprobada.
b) La forma. Desde la Procuración se dijo primero que la reforma de artículo 7 era para evitar “fiscales estrellas”, esos que salían en los medios promocionando su música o luciendo la camiseta de su club desde la platea del Malvinas. ¿Cuestión de imagen o de poder? Luego dijeron que la reforma era para que los fiscales no perdieran tiempo atendiendo a la prensa, el mismo tiempo que pierden ahora realizando obligatorios descargos cada vez que algún caso que manejan llega a la prensa. Se dijo también que quieren que todos los medios tengan la misma información, es decir que la realidad que deben reflejar todos los medios debe ser “la versión oficial”. Por último algo que no merece el menor análisis: no quieren que los fiscales y los periodistas sean "amigos”.
c) La política. En los pasillos de Tribunales, algunos llaman a la reforma comunicacional – mordaza, cepo- auspiciada por el Gobernador como la “Ley Anti-Carniello”: una reforma que tiene como objetivo bajar el perfil de los investigadores -¡basta de fiscales incómodos, incontrolables!- y, de paso, informar lo menos posible, creyendo que así se puede diluir la llamada “sensación de inseguridad”.
d) Sentido común. ¿Existe alguna provincia o algún país donde los fiscales no informen? La sensación de inseguridad, ¿se genera sólo por lo que dicen los medios o porque la gente se entera que le robaron el auto al vecino o la recaudación del día al almacenero de la esquina? ¿Qué tiene que ver este artículo mordaza, este cepo informativo, con la agilización de la Justicia que propone la reforma a la Ley del Ministerio Público?
e) Trabajos prácticos. El actual método informativo de la Procuración es el siguiente: el fiscal pasa, vía Whatsapp, un par de datos al Coordinador de la Procuración, luego, esos datos son reenviados a algunos periodistas. A esto se llama informar.
f) Futuro imperfecto. Cuando comience a funcionar la oficina de prensa de la Procuración, el método será el siguiente: se pasará un parte diario de “novedades”, previamente seleccionadas, tal como actualmente hace el Ministerio de Seguridad. Y a eso se llamará informar.