“Libertad de expresión como derecho de propiedad” versus “Libertad de expresión como derecho humano”: esos son los dos paradigmas comunicacionales y culturales entre los que se debate el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia, tras la audiencia pública en la que argumentaron, días atrás, el Grupo Clarín y el Estado nacional, partes en conflicto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En definitiva, en el interior del máximo órgano judicial se reedita el debate que, desde el plano social y político, dio impulso a la sanción de la norma creada para reemplazar la ley 22285, el decreto/ley de la dictadura que ordenó la radiodifusión y la televisión argentina hasta el 2009. 

La “ley de la democracia” – como se la reconoce para reivindicar el proceso de construcción colectiva del que emergió– se encuentra paralizada en sus artículos 41, 45, 48 y 161, que han sido resistido judicialmente por Clarín. El grupo oligopólico evita así cumplir con el límite de licencias que la ley establece con el propósito de desconcentrar el mapa mediático del país y, con ello, habilitar la pluralidad y diversidad de voces y proponer distintas miradas sobre la misma realidad.

El pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad, o no, de cada uno de estos puntos, probablemente se hará esperar hasta después de las elecciones legislativas de octubre. Hasta el momento el hermetismo es completo. Los magistrados no arrojan fechas concretas ni señas que permitan arriesgar tendencias de un fallo que beneficie a la corporación o que definitivamente se oriente a contribuir con la democracia. 

Fuera de determinadas especulaciones, la mayoría de los analistas se ha ocupado de destacar el rol del tribunal en el desempeño de las audiencias públicas que convocó el pasado 28 y 29 de agosto para obtener la “claridad necesaria” que le permita resolver de manera definitiva el conflicto de fondo, por el que la norma –objeto de una ininterrumpida ofensiva cautelar– no ha alcanzado la plenitud de su aplicación a semanas de cumplir sus cuatro años de vigencia.

De construcciones

Para los distintos sectores políticos y sociales de la provincia que se convocaron en la explanada de la Legislatura para acompañar la primera jornada de audiencias, el triunfo de la lucha por el reparto de la palabra no se agota en la resolución de la Corte. Si bien la desmonopolización es fundamental para terminar con los condicionamientos a la libertad de expresión, los referentes consultados por Edición UNCuyo coinciden en que existen aspectos de la norma que también merecen ser señalados como parte del proceso democratizador que se inició desde el momento en que la ciudadanía comenzó a debatir el proyecto.

“La ley se está aplicando en gran parte. No es cierto que su espíritu sea el de la desinversión, el corazón está puesto en la producción propia y la creación popular”, sostuvo al respecto Virtudes Della Santa (integrante de “Solidaridad e Igualdad”) en alusión a las procesos organizativos llevados adelante para que los medios comunitarios ocupen el 33 por ciento del espectro radioeléctrico que asigna la normativa.

Los medios populares y las organizaciones sociales aprovecharon estos años de litigio para fortalecer vínculos y relaciones entre aquellos que equiparan el derecho a la comunicación con otros tan importantes como la educación, el trabajo, la salud y la vivienda. Lo invirtieron además en capacitaciones técnicas, periodísticas y educativas que permitieran a los comunicadores populares estar a la altura de las nuevas demandas que recaerán sobre el modelo comunicacional que asoma.

En este sentido, desde “Bulla y Barro”, una asociación civil nacida al calor de la movilización social por la la ley, Valeria Encinas explicó que “a pesar de la vigencia del poder político y económico de Clarín, en los últimos cuatros años el territorio ha conseguido empoderarse de sus derechos comunicacionales y llevarlos a la práctica”. 

Como botón de muestra, relata que el 27 de agosto pasado la organización recibió un subsidio para promover la producción audiovisual de contenidos locales, en el marco del programa que articulan el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INCAA, "Argentina se expresa" . “Las capacitaciones y los talleres de formación han sido una constante, porque el nuevo modelo comunicacional desafía a los medios populares a combatir las desigualdades y las injusticias, algo que va mucho más allá de lo exclusivamente informativo", detalló.

A su vez, Nelson Belmar, comunicador de la radio comunitaria "La Mosquitera", coincidió en que la esencia de la ley es “hacer medios populares y democráticos”, aunque advirtió dificultades propias de la gestión para que los medios sin fines de lucro accedieran a las licencias previstas.

Según Belmar, el 33 por ciento de las reservas destinadas a los medios públicos ha sido más trabajado que la misma porción otorgada para los comunitarios. "Las autoridades deben transparentar el proceso de adjudiciación de licencias y agilizarlo", propuso y agregó que "con una legislación no se cambia un paradigma, por lo que semejante desafío implica que aprovechemos al máximo los recursos con los que contamos. Por primera vez una ley está de nuestro lado, la mayor herramienta es nuestra, entonces aprendamos a utilizarla".

Por su parte, Matías Quinteros, director del Centro de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Cuyo (CICUNC - UNCuyo), explicó que las trabas interpuestas por el monopolio no han impedido que el nuevo paradigma comunicacional comience a asomar. En él, las universidades nacionales juegan un papel central: “Desde hace tres años, las universidades están trabajando en la construcción de un nuevo sistema de medios públicos que tendrá un lugar primordial en el mapa mediático”.

Las universidades nacionales han acumulado más de 2 mil horas de programación producidas para el Banco Audiovisual de Contenidos Universales de Argentina (BACUA), mediante producciones de contenidos que se distinguen por su calidad, creatividad e innovación tecnológica. Muchos de ellos ya son trasmitidos por señales digitales como Canal Encuentro, Tecnópolis y Paka Paka, mientras que otros permanecen a la espera de nuevas aperturas de nuevos canales para su difusión.

En el caso particular de la UNCuyo, Quinteros resaltó los esfuerzos concentrados por estos días en vista al cercano lanzamiento de “Señal U” –el canal digital propio de la casa de estudios –. Reconoció además el trabajo realizado por las dos emisoras universitarias, Radio Universidad 96.5 y Radio Abierta 107.9, cuyas producciones se alejan de lo meramente institucional –catalogadas tiempo atrás como “radios escuelas”–.  Sus programaciones se abocan a compartir e informar los conocimientos generados y a colaborar con la formación de una sociedad crítica, conforme al espíritu de la Ley SCA.

“Es un proceso lento porque no existe una experiencia de tal magnitud con visión de medios públicos. Pero el avance existe, es concreto. El desarrollo de medios propios en directa vinculación con la sociedad está presente como nunca antes dentro de la agenda universitaria, ahí está el indicio. También, en los cientos de puestos de trabajo que se vienen generando para estudiantes y egresados de diversas carreras. No hay forma de que un monopolio avance contra esto”, consideró el comunicador.

Sin la menor intención de restarle importancia a la sentencia de la Corte, los militantes de la Ley  SCA de Mendoza interpretan que, a nivel simbólico, la mayor conquista ha sido el propio proceso social y político que condujo a su sanción, y que inmediatamente debió concentrarse en la defensa de su legitimidad. Una señal, además, de la consolidación del campo popular en la continua defensa de la pluralidad de voces ante un hipotético fallo que desfavorezca a la norma.

“El camino mismo hacia la democratización de la comunicación sirvió para desenmascarar los intereses del poder monopólico”, señaló en ese sentido Ernesto Espeche, director de la emisora local de Radio Nacional y docente de la carrera de Comunicación Social de la UNCuyo. El periodista explicó que  la toma del espacio público a partir de 2009 por una importante porción de la ciudadanía organizada en torno al reclamo del fin de la dictadura mediática, sirvió para poner luz sobre los mecanismos simbólicos de los que se vale Clarín para procurar el dominio ideológico. 

“Además de dejar al desnudo las estrategias que despliega el oligolio para apropiarse de la  libertad de expresión –como la falacia del `periodismo independiente´–, la lucha esclareció ante la sociedad la manera en que el grupo consolidó su poder económico y político”, en referencia a la complicidad de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto con la cúpula militar que ocupó el país entre 1976 y 1983, y los acuerdos cerrados en pleno proceso de profundización neoliberal durante los años 90.

“Que hoy todos sepamos quién es Magnetto y cuál ha sido su rol en los momentos más oscuros de la historia reciente de Argentina es gracias a que la lucha por la ley de medios lo puso en manifiesto “, sostuvo en la misma línea el militante de CANPO, Germán Herrera.

En números concretos, fueron 24 los foros y más de 80 las audiencias públicas, organizados a lo largo y ancho del país, en los que se debatió el proyecto de los 21 puntos elaborados en 2004 por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), y que cinco años después recogió el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. De esas instancias surgieron las más de 15 mil opiniones que nutrieron la propuesta, provenientes de sectores comunitarios, sindicales, de derechos humanos, académicos, periodísticos, barriales, cooperativos y de pueblos originarios.

Son datos que corroboran que la Ley 26522 es la norma más debatida y democrática de la historia argentina, máxime si se suman las cifras legislativas que dan cuenta de que fue sancionada con el voto afirmativo de 146 diputados nacionales (sobre tres negativos y tres abstenciones) y de 44 senadores nacionales (ante 24 oposiciones).

Desde la perspectiva de los referentes, la legitimidad que presenta la norma –sobre todo, en oposición a la defensa de sus privilegios que hizo en la audiencia el grupo Clarín, centrada en asimilar la libertad de expresión a la libertad de empresa–, no debería dejar márgenes para un fallo que declare la inconstitucionalidad en la plenitud de su aplicación.   

“El pronunciamiento cortesano es una incertidumbre. De lo que tenemos certezas es de que lo que se pone en juego es el valor de la comunicación como derecho humano, frente a los que se la apropian y manipulan para sus intereses particulares. Si la opción de los magistrados es la segunda, saldremos a las calles a defenderla como el primer día”, advierte Carlos Almenara, quien estuvo al frente de la delegación provincial de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) hasta mediados de este año.



De memoria

Mendoza, cercada por el doble monopolio mediático, ha sido reconocida por referentes nacionales de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD, antes denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática) como un ícono de la batalla por la ley de medios. Dos momentos que los mendocinos consideran centrales dentro de la historia local de la movilización sirven para dar cuenta de dicho reconocimiento.

De esta provincia surgió la primera estrategia judicial que mantuvo temporalmente bloqueada a la norma en su totalidad a dos meses de su sanción. El 22 de diciembre de 2009, la jueza federal Olga Pura de Arrabal, respaldada por el entonces camarista Otilio Romano –hoy destituido y preso en el penal San Felipe a la espera del juicio donde se lo imputará por su participación en crímenes de lesa humanidad– dio curso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a un amparo presentado por el diputado cobista Enrique Thomas. 

El recurso planteaba supuestas irregularidades durante su tratamiento legislativo. El máximo tribunal tardó seis meses en denegarlo, al interpretar que no es competencia del Poder Judicial provincial suspender una ley promulgada por el Congreso Nacional. Los mendocinos reclamaron en inmurables acciones de protesta el cese de la medida.

El segundo momento, más presente aún en el recuerdo de los militantes, es el revés de la operación de prensa que pretendió montar el grupo Vila-Manzano en complicidad con Clarín el 14 de septiembre de 2009 en el Centro de Congresos y Exposiciones. Los grupos empresarios, junto a legisladores de la oposición, habían convocado a un "foro federal" donde se debatiría el tema. Ante la masiva participación popular en defensa de la democratización de la comunicación, los opositores se retiraron de la sala e intentaron armar una audiencia paralela. El 82 por ciento de las exposiciones a favor de la ley de medios frustró la operación.