La Ley de Ética Pública -que establece un régimen de presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos- fue aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados este miércoles 2 de agosto y volvió al Senado para una segunda revisión.

Sólo el FIT se opuso en general a la medida, ya que el justicialismo votó a favor y únicamente se opuso al artículo 26, que detalla la manera en cómo debe elegirse al auditor de la Oficina de Ética Pública, quien será el encargado de revisar la situación patrimonial de los funcionarios.

El proyecto apunta a que los funcionarios de los tres poderes del Estado, los municipios, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Superintendencia General de Irrigación, entre otros, hagan la presentación con detalle de sus patrimonios dentro de los 60 días hábiles posteriores a su asunción ante un auditor, postulado por el gobernador y sujeto luego a la aprobación del Senado. 

“Esta Ley es muy importante, no sólo porque pretende cumplir con una exigencia de la sociedad mendocina, sino también porque es un herramienta fundamental para regularnos a nosotros, los funcionarios”, indicó a Radio Universidad la diputada Analía Jaime (UCR).

La legisladora explicó que las modificaciones propuestas a esta media sanción buscan “mejorar cuestiones formarles y todo lo que hace a las competencias del auditor general de la Oficina de Ética Pública”.

La discusión sobre la forma de designar a la persona que estará al frente de esa área hace tiempo que genera discusiones. De hecho, lo mismo ocurrió cuando el proyecto fue tratado en el Senado en febrero pasado. Esto es porque la oposición quiere que el auditor sea designado por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y no por mayoría simple como quiere el oficialismo.

“Estamos de acuerdo con todas las modificaciones introducidas por el oficialismo. Sí insistimos en que la designación de la figura del auditor sea aprobada por los dos tercios de la Cámara de Senadores. Creemos que debe tener el suficiente consenso político como para que sea de esa forma. No hay que olvidar que en sus manos va a estar, justamente, velar por la ética de la provincia de Mendoza”, señaló la diputada Carina Segovia (PJ).

En este proyecto está previsto además que rindan cuentas los proveedores del Estado. “Hay que entender que la Ley de Ética Pública busca evitar la corrupción. Y lo que está claro es que así como hay alguien que recibe, hay otro que da. Es bueno que todos mostremos nuestras declaraciones juradas", expresó el diputado Néstor Parés (UCR).

La iniciativa surgió en 2016, luego de los cuestionamientos que generaron las declaraciones juradas que entregaron los funcionarios. Fue entonces cuando la vicegobernadora Laura Montero presentó un proyecto para establecer el criterio con el que debían completarse estos documentos.