La Legislatura mendocina será, en los próximos días, el escenario donde puede comenzar a solucionarse el descontrol financiero de los últimos meses del gobierno de Francisco Pérez. Ya no basta para apagar un foco de incendio a proveedores acá y otro allá, un reclamo salarial de un sector y de otro. Es hora de buscar una solución estructural. Esto es porque el día de las elecciones generales se acerca, y con este panorama, al PJ le puede esperar la misma suerte que corrió en las provinciales, si no muestran prolijidad y voluntad para solucionar la desfavorable coyuntura económica en la que la Provincia está sumida.

A los radicales también les conviene que esto se solucione cuanto antes, puesto que a partir del 10 de diciembre será Alfredo Cornejo el que deba pilotear el barco en la tormenta. Y, por lo menos, quieren contar con las herramientas para hacerlo lo mejor posible.

Así, la transición se retomó para lograr que la entidad financiera de la Provincia, el Banco Nación, le dé a Mendoza la posibilidad de obtener el crédito por los casi 6000 millones de pesos al que asciende el rojo de las cuentas públicas. Esto, a cambio de que el próximo Gobierno le renueve el contrato para seguir siendo el que maneje la masa de las finanzas estatales.

El contrato con el Nación vence el 22 de diciembre, pero hasta el 22 de octubre hay tiempo para decidir si se quiere seguir operando con él o no. La condición que ha puesto el gobernador electo es que sea el que otorgue el financiamiento y que, al beneficio de manejar el dinero de los agentes estatales de toda la Provincia, el banco responda otorgando dinero todos los meses y no hasta con 60 días de posterioridad, como sucede actualmente.

Una de las condiciones es que Mendoza cuente con permiso legal para endeudarse. En eso están trabajando desde ambas gestiones: lo que quieren es cerrar un acuerdo y que se apruebe la autorización en la casa de las leyes.
 

La cuenta regresiva

Para uno de los miembros de la transición, Enrique Vaquié, el tiempo es un factor importantísimo. Aseguró que mientras menos sean los plazos libres para negociar, menos conveniente será para la Provincia el acuerdo.

Por el momento, aguardan a que Paco envíe el proyecto de ley. Este, según explicó Vaquié, estará compuesto por los 450 millones de pesos que se le deben a Aysam (un crédito que se autorizó para mejorar los servicios y terminó usándose para pagar sueldos). El Gobierno quiere restituir el dinero porque es ilegal que se traspase, ya que para eso existe una Ley de Presupuesto que hay que cumplir.

El PJ pretende, además, que esté contemplado el dinero que utilizan para la amortización de la deuda consolidada de ejercicios anteriores. Esto es, más que nada, para demostrar que el déficit no es sólo culpa de esta gestión, sino también de las que lo antecedieron. Esta cifra supera los 2000 millones de pesos. El resto, 3300 millones de pesos, se divide entre déficit del año 2015 y el pago a proveedores.

Si el banco acepta estas condiciones, tanto Cornejo como Pérez aseguraron que el contrato es un hecho. Habrá que ver qué ocurre esta semana, ya que trascendió que habrá una audiencia en la sede del Nación en Buenos Aires, a la que asistirán los miembros del gobierno entrante y el saliente.
 

¿Existe un plan B?

Ayer, durante la inauguración de los Juzgados de Familia de Godoy Cruz, Cornejo contó a grandes rasgos qué hará si el plan A, el de renegociar el contrato con la entidad financiera provincial, fracasa. “Existe un plan B pero no queremos llegar a eso”, sostuvo el actual intendente de Godoy Cruz.

Lo cierto es que es difícil que la entidad financiera pueda cambiarse. No sólo por cuestiones de tiempo, sino también por la simple razón de la operatividad: ningún banco tiene sucursales en los 18 departamentos, como sí las tiene el Nación. De todas maneras, sí existe un plan B y es el de prorrogar el vencimiento del contrato con el banco hasta el fin del año próximo y ponerse a buscar reemplazo, situación que es compleja de concretar, pero al menos tendrán un año de "gracia" para plantearse una solución definitiva con respecto a cuál será la entidad financiera mendocina.

En cuanto al panorama legislativo, aún no se sabe qué clase de respuesta están preparando los diputados y senadores al proyecto de ley. Vaquié destacó que serán los encargados de destrabar el acuerdo, si es que la ley de endeudamiento llega a aprobarse.