Luego de conocerse un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que constató que las deficientes condiciones de detención torna “cruel, inhumana y degradante” el cumplimiento de la pena en cárceles mendocinas, la Justicia hizo lugar a un habeas corpus y ordenó que se realicen reparaciones en forma urgente en la cárcel de Almafuerte.

La titular del Segundo Juzgado de Ejecución Penal, Mariana Mercedes Gardey Merino, hizo lugar a la acción que presentó la Procuvin y ordenó en forma urgente realizar reparaciones en dos alas del complejo penitenciario Almafuerte, información que confirmaron fuentes judiciales y que publicó el sitio oficial Fiscales.

La decisión de la magistrada también incluyó la prohibición de utilizar los “jaulones” ubicados en el módulo V, una de las irregularidades que detalló el informe de la Procuvin.

El informe

Funcionarios de la Procuraduría realizaron una inspección de las cárceles mendocinas en conjunto con representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carcelarias.

En el informe de la Procuvin, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, se describieron las graves deficiencias registradas durante el recorrido de las condiciones de detención de los internos. Estas incluyen aspectos relacionados con el régimen de encierro, la infraestructura, la alimentación, el acceso a la salud, a la justicia, a la educación y a las actividades esparcimiento.

Palazzani, junto con el fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, denunció penalmente a las autoridades del Complejo Penitenciario I Boulogne Sur Mer, del Complejo Penitenciario II San Felipe, y del Complejo Penitenciario III de Almafuerte, por la situación habitacional de sus presos.

Además, el titular de la Procuvin presentó los últimos días de junio un habeas corpus, solicitando el cese de los actos y omisiones que provocaron un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención.

Luego de la presentación, la titular del segundo Juzgado de Ejecución Penal hizo un recorrido para comprobar in situ las deficiencias descriptas. Finalmente ordenó reparaciones urgentes.

En el escrito, la magistrada también recordó que en otras oportunidades solicitó a las autoridades mejoras edilicias que no fueron realizadas en tiempo y forma.

En su resolución, la jueza señaló que las condiciones en que se encuentran los internos contradicen lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles “serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella ". Y detalló que violan lo estipulado en las leyes que determinan las reglas para el tratamiento de los reclusos.

La magistrada ordenó que las autoridades presentaran en un plazo de 48 horas un cronograma de obras, entre ellas la reparación de celdas, del sistema sanitario, eléctrico y la colocación de vidrios y la limpieza y mantenimiento de las duchas, entre otros aspectos. El plan fue presentado por las autoridades provinciales y su cumplimiento será monitoreado por la Justicia.

Otro de los puntos que abordó Gardey Merino fue la situación de los reclusos “sectorizados”, ya que el informe de la Procuvin detalló que permanecen aislados, sin realizar ningún tipo de actividad. En este sentido ordenó la implementación de una propuesta de tratamiento específico con diversas actividades que de algún modo permitan minimizar los efectos nocivos del encierro prolongado.