El Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 que inicia el Brexit, la salida británica de la Unión Europea (UE), según dictaminó este martes el Tribunal Supremo. Con esta decisión, la máxima instancia judicial británica rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra un fallo anterior, que lo obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el decisivo artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.

El presidente del Supremo, David Neuberger, dijo que por una mayoría de 8 a 3, los jueces concluyeron que el Gobierno de Theresa May no puede activar el artículo sin permiso de los parlamentarios. Según el dictamen, el Gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que "esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento".

En su dictamen, el tribunal también estableció, de forma unánime por los once jueces del Supremo, que el Gobierno no tiene que consultar a los organismos legislativos autonómicos –Escocia, Irlanda del Norte y Gales– antes de activar el "Brexit". "Las relaciones con la UE son competencia del Gobierno del Reino Unido", dijo Neuberger al leer el dictamen. El Gobierno siempre defendió que puede poner en marcha el Brexit porque el Reino Unido es constitucionalmente "dualista", ya que el poder es ejercido por el Parlamento y por los ministros.

El Ejecutivo de May sostiene que el referéndum del 23 de junio de 2016, en el que el 51,9 % frente al 48,1 % de los británicos votó por dejar la UE, le da el mandato suficiente para negociar la salida sin una votación previa de la Cámara de los Comunes. La primera ministra insistió en que invocará el artículo 50 antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.