La Justicia ordenó a la Caja Forense de Abogados y Procuradores de Mendoza reafiliar a un exmagistrado que sufre una discapacidad y necesita tratamiento en forma permanente, en cumplimiento de la ley nacional que regula las prestaciones de empresas de medicina prepaga.

La decisión la tomaron los jueces de la Primera Cámara Civil y Comercial, Silvia Miquel, Marina Isuani y Alejandra Orbelli, en respuesta al amparo que presentaron los abogados defensores de Ricardo Catapano Mosso, Marcos González Landa y Jorge Caloiro.

Los letrados fundamentaron el amparo en la necesidad de que la asistencia sanitaria de la Caja Forense se adaptara a la legislación que rige para obras sociales y prepagas. La misma establece que una persona sólo puede ser desafiliada cuando pasa más de tres meses sin pagar la cuota.

Los magistrados detallaron que, si bien la entidad tiene personería pública no estatal y su objetivo central es previsional, al prestar servicios médicos a los afiliados que lo solicitan, debe cumplir con la legislación nacional sobre asistencia sanitaria.

Catapano Mosso (79) se desempeñó como juez civil y aportó durante 40 años a la Caja Forense. Desde hace más de 10 años, el hombre padece un deterioro cognitivo vascular severo y epilepsia. Por eso, requiere una atención domiciliaria diaria, que fue cubierta por la Caja, pero las prestaciones se vieron interrumpidas en 2015, cuando la entidad lo dejó sin cobertura, ya que el exjuez se quedó sin fondos en la entidad, aunque él nunca lo supo y lo desafiliaron. Al enterarse de la situación, su familia intentó subsanar el tema, pero decidieron recurrir a la Justicia ante las trabas burocráticas que encontraron.

Los abogados defensores aseguraron que el fallo sienta un precedente para casos similares y puede ayudar a otras personas que quedan sin cobertura médica de manera ilegal.

Gabriela Catapano, hija del exmagistrado, aseguró: "El fallo sirve para que muchas personas que están en nuestra situación sepan que no se puede desamparar a una persona discapacitada y que las coberturas y los medicamentos tienen que cubrirse al 100 % por ley. Queremos que el caso se conozca para ayudar a otros mendocinos a que hagan valer sus derechos”.

La mujer también explicó cuál es la situación que viven quienes tienen un familiar enfermo, que necesita cuidados constantes: “Mi papá es un paciente de alto riesgo y, como ocurre habitualmente, las empresas de salud se los quieren sacar de encima. A partir de la desafiliación ilegal que dispuso la Caja, tuvimos que afrontar unos 100 mil pesos mensuales de gastos entre cuidadora, insumos y tratamientos. Además, no pudo ingresar nunca más al Hospital Español y a la Clínica de Cuyo”, aseguró.