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Asimismo, ordenó que –a fin de dar continuidad a las actividades propias del proyecto de prospección sísmica offshore– el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá dictar una nueva declaración de impacto ambiental complementaria de la ya dictada. Tras dar participación a la Administración de Parques Nacionales, ordenó que se valoren las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal y nacional, y se incluya al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental. Además, dispuso que se incluyan, analicen y sopesen, "en forma conglobada, el ámbito espacial y los plazos temporales en que se pone en práctica el presente proyecto, atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos".

A comienzos de febrero, el titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas, y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.

De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente. El Gobierno había otorgado el 30 de diciembre la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la costa bonaerense. La tarea de exploración del lecho marino será llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor, en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi USD 800 millones.