El informe del CELS aborda, entre otros temas, la connivencia de la corporación judicial con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en la provincia. Siendo las acusaciones contra el camarista federal Otilio Romano y el destituido camarista Luis Miret por sus participaciones en la represión ilegal, ejemplos de esta situación. La investigación destaca que “la clara complicidad de la Cámara Federal de Mendoza con los imputados ha motivado una decidida intervención del Consejo de la Magistratura, que calificó ‘de gravedad institucional’ lo sucedido y solicitó un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Asimismo, el abogado Pablo Salinas aclaró “Miret y Romano fueron acusados penalmente por el Fiscal Omar Palermo por complicidad con el terrorismo de Estado. Miret de 35 hechos y Romano de 101 hechos. Miret fue destituido por el Consejo de la Magistratura y Romano tuvo un amparo que lo protegió cerca de un año pero que ya no tiene efecto”.

“En todo el país existió una parte de la justicia que fue cómplice del terrorismo de Estado y está siendo juzgada tanto en Córdoba como en otras provincias, el caso de Mendoza fue paradigmático por que el ex juez Miret fue destituido por el Consejo de la Magistratura en la primera resolución de este tipo referida a la complicidad con crímenes contra la humanidad”, agregó Salinas.

Sin embargo, la continuidad de jueces nombrados durante la última dictadura militar en el Poder Judicial dificulta la aceleración de los procesos de justicia por los crímenes de lesa humanidad y facilita el sostenimiento de la corporación judicial. Según el abogado, “facilitó su mantenimiento el hecho de que la justicia de la dictadura se perpetuó en los cargos, y sólo con el acceso de fiscales y jueces por concurso, ya en democracia, empezaron a avanzar los procesos contra los civiles cómplices de los represores”. “Hay una clara línea divisoria entre los jueces de la democracia y los jueces de la dictadura”, señaló.

En tanto, el CELS a través de su informe anual aseguró que el Poder Judicial está llamado a jugar un papel clave para la protección de los derechos humanos. Consideró que la apertura de canales de participación y control para reforzar su independencia y legitimidad, la ampliación de las vías de acceso y la obtención de respuestas eficaces siguen siendo aspectos fundamentales, aunque todavía no se puede hablar de un cambio estructural.

En este sentido, Pablo Salinas consideró que para revertir la situación actual de la justicia mendocina  “debe prosperar la denuncia contra Romano, ahora procesado por el juez Bento por 101 hechos y confirmado su procesamiento por la Cámara Federal en 76 hechos, hasta ser destituido por el Consejo de la Magistratura”.

Además, agregó “deben ingresar nuevos miembros por concurso y también seguir produciendo juicios a los represores en la provincia, para que quede en evidencia la complicidad no sólo de jueces sino también de parte de la curia local y de parte de sectores económicos que se beneficiaron con el terrorismo de Estado”.