En una decisión sin antecedentes desde 1983, la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se hizo eco de las denuncias de fraude hechas por la oposición y declaró ayer la nulidad de las elecciones del pasado 23 de agosto. La sentencia, que lleva la firma de los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek, también le ordena al Poder Ejecutivo provincial que convoque a una nueva votación en todas las categorías, aunque no estableció una fecha.

El gobierno de José Alperovich tiene un plazo de 48 horas para apelar el fallo y recurrir a la Corte Suprema como instancia superior en la provincia. Según informaron al diario La Nación fuentes oficiales, el recurso de apelación estaría listo para ser presentado en las próximas horas.

Ayer, el Frente para la Victoria había presentado un planteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para solicitar que se deje sin efecto la cautelar dictada anteriormente por Ruiz, que ordenaba frenar la proclamación de Juan Manzur hasta tanto se defina la cuestión de fondo. La medida dictada anoche por la justicia tucumana echa por tierra ese pedido, puesto que la cautelar queda firme y también deberá ser recurrida ante el máximo tribunal de la provincia. Según el escrutinio definitivo de la Junta Electoral Provincial (JEP), Manzur ganó la gobernación por una diferencia de casi 12 puntos sobre el candidato del Acuerdo para el Bicentenario (APB), José Cano.

Los jueces Ruiz y López Piossek fundamentaron su fallo al señalar que "los hechos comentados y probados limitaron o influyeron en el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía y privaron al acto comicial de la ineludible transparencia que debe ostentar, implican violaciones marcadas y manifiestas al artículo 37 de la Constitución nacional". En otra línea afirmaron que la del 23 de agosto "no fue una elección libre y auténtica de carácter democrático".

El fallo hace lugar parcialmente a la acción de amparo que había presentado el APB el 4 de septiembre, ya que declaró nula la elección en todas las categorías, y no solamente respecto de la fórmula de gobernador y vice, como pretendían Cano y su compañero de fórmula, Domingo Amaya. En su denuncia, los opositores aportaron cajas con documentación probatoria sobre un extenso listado de supuestas irregularidades que se habrían cometido antes, durante y después de las elecciones del 23 de agosto, con la intención de favorecer a las listas del oficialismo. En el planteo se enumeraron, entre otros hechos, actos de clientelismo, enfrentamientos armados, quema de urnas, adulteración de planillas e irregularidades advertidas por empleados de la JEP en la noche de la elección.

Al responder la demanda ante la Cámara, el gobierno provincial había considerado que "la pretensión esgrimida por el Acuerdo para el Bicentenario tendiente a la nulidad de los comicios es un mediocre ensayo de sociología electoral argentina, con ribetes retóricos de lenguaje amarillista que no pasaría la aprobación de un jurado por falta de elementos empíricos y datos cuánticos que lo sostengan y fundamenten".

Una vez que sea presentada la apelación por parte del gobierno, la Corte provincial deberá resolver si mantiene firme el fallo de Ruiz y López Piossek o si revoca la decisión y da por válida la elección, que dio ganador a Manzur por más de 110.000 votos. Si el fallo del superior tribunal fuera adverso a los intereses del oficialismo, el gobierno no tendrá otro remedio que llamar a votar nuevamente.

En cambio, si la Corte tucumana optara por revocar el fallo de cámara, la oposición estaría habilitada para solicitar la intervención de la Corte Suprema de la Nación. Los apoderados del APB hicieron ya reserva del caso federal para poder plantear un recurso extraordinario ante el máximo tribunal del país.

En la Corte tucumana, el panorama parece más favorable para el gobierno, dado que tres de sus cinco integrantes fueron designados durante la gestión de Alperovich: Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. En tanto, su titular, Antonio Gandur, tiene decidido excusarse, ya que formó parte del proceso cuestionado como presidente de la JEP. El otro miembro del tribunal, René Mario Goane, viene obrando desde hace un tiempo en sintonía con la Casa de Gobierno.

Respecto de la fecha para el nuevo llamado a elecciones, el fallo no establece una fecha tentativa, y los tiempos apremian. Las autoridades que resulten elegidas en una eventual nueva elección deberían ser proclamadas antes del 29 de octubre, fecha prevista para la asunción de las nuevas autoridades. Si se cumple ese plazo y no hay gobernador ni legisladores proclamados, Tucumán quedaría en un estado de acefalía que podría ameritar una intervención federal. Desde hace varios días, cuando se instaló el rumor de una sentencia adversa a los intereses del gobierno, comenzó a sonar el nombre de Julián Domínguez como eventual delegado de la Nación en caso de ser necesario el "remedio" federal.