El dueño de La Salada, Jorge Castillo, anunció su retiro de las operaciones en el predio donde funciona el megapolo de Santa Rosa. El empresario cuestionó las decisiones de la intendenta interina de la comuna, Norma Trigo, y aseguró que se pierden más de mil fuentes de trabajo privado. La Federación Económica de Mendoza volvió a pedir por el cumplimiento de las normas y reglas en los comercios de la provincia.

El municipio informó que el titular de la feria debe pagar 20 millones de pesos anuales en tasas municipales y que el predio no cumple con las normas antisísmicas, ya que se trata de puestos con paredes divisorias, espacios reducidos y sin techo. "No ofrece seguridad para los que trabajan ni para los que vienen a comprar cada fin de semana", dijo la intendenta en una conferencia de prensa el viernes 7 de octubre.

En una entrevista con Unidiversidad, Castillo definió a la jefa comunal como una "traidora" por romper un acuerdo por las tasas municipales. Según el dueño de La Salada, la ordenanza tarifaria pactada asciende a los 100 mil pesos por mes, es decir, 1,2 millones anuales.

Castillo deslizó cierta connivencia entre las fuerzas policiales y el municipio. Afirma que sufrió dos robos en menos de 45 días que afectaron a los comerciantes e incluso con dos guardias de seguridad que sufrieron golpes severos. "Presentamos la denuncia, los trabajadores declararon y no pasó nada", expresó.

Trigo también advirtió que el predio contaba con habilitación vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 y que el exintendente Sergio Salgado había extendido el permiso, pero Trigo considera que no tiene valor legal.

La comuna se encuentra en medio de la campaña electoral de cara a los comicios que se celebrarán en diciembre de 2016. Castillo asoció las intenciones políticas de la intendenta interina con la situación de la feria que maneja. "El trabajo de esta gente no puede estar sujeto a la campaña, no nos dan garantías para trabajar", opinó.

La FEM estima que el mercado ilegal mueve más de 2000 millones de pesos por mes. Foto: Patricia Caneo / Los Andes.
 

Apoyo de la  FEM

En tanto, el presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Adolfo Trípodi, en contacto con Unidiversidad mostró su conformidad respecto de la decisión del Ejecutivo municipal.

“Me parece perfecto, desde la federación repudiamos desde el primer día las actividades de la feria de Santa Rosa. Castillo nunca cumplió. La intendenta requirió que si no cumple con los requisitos, debía irse”, contó Trípodi.

Desde la FEM reiteraron los perjuicios que las ferias ilegales generan en el mercado argentino, una situación que Trípodi definió como “competencia desleal”. También, recordaron que los comercios reciben controles semanales de organismos como el Ministerio de Trabajo y de Administración Tributaria Mendoza (ATM), mientras que los persas y pequeños centros comerciales se resisten a presentar la documentación necesaria.  

Según reportes de la FEM, las ventas ilegales generan más de 2000 millones de pesos por mes en todo el país. La cifra refleja la magnitud de ingresos que el Estado Nacional pierde. “El Gobierno debe subir los impuestos para arreglar la situación económica, por eso llamamos a que los empresarios y comerciantes tomen conciencia contra los delitos que cometen”, concluyó.

Leé aquí el informe sobre Saladitas de la CAME.