En el marco del proceso de enjuiciamiento político que se alza contra el juez de la Suprema Corte de Justicia Carlos Böhm –para evitar que participe en causas salariales de los trabajadores de prensa acerca de las cuales se ha pronunciado favorablemente–, la embestida empresarial contra los poderes del Estado ha sido exhaustiva: promueven la destitución de un magistrado ajeno a sus intereses corporativos, operan junto a legisladores afines y amedrentan al gobernador.

El avance de las presiones sobre el máximo tribunal de Mendoza y la Legislatura había quedado en evidencia los primeros días de febrero, cuando Jorge Tanús, presidente de la Cámara Diputados, advirtió públicamente la relación del pedido de juicio político contra Böhm y los intereses económicos de los grupos mediáticos que lo impulsan. Escudados en aliados políticos –como el senador massista Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez, de Unidad Popular, quienes fueron los encargados de elevar ante el parlamento la denuncia contra el magistrado por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”–,  los empresarios de medios, que habitualmente compiten en los negocios de la comunicación, accionan mancomunadamente para mantener vigente el incumplimiento al artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo 17/75.

“Hay alguna cuestión que se está resolviendo en el ámbito de la Corte vinculada con los medios de comunicación y que está influyendo en la denuncia que no tiene nada que ver, que es la que presentaron Valls y Gutiérrez, entonces la Corte deberá resolver sus propios problemas antes de traerlos a la política”, señaló Tanús en ese momento en conferencia de prensa. 

Semanas después, ante el inminente tratamiento legislativo de la estimación de jury, el Sindicato de Prensa elevó una nota a la Cámara de Diputados en la que ratificó las sospechas de Tanús. En el escrito se detalla el trasfondo del asunto al informar que el 3 de febrero –tres días después de la presentación de Gutiérrez y Valls– el Grupo UNO planteó ante la Corte “la recusación del juez Böhm en un juicio emblemático para los trabajadores de prensa de Mendoza”. En concreto, se refiere al caso Assuma, en el que la sala laboral de la Corte –integrada por los ministros Salvini, Böhm y Llorente, más tarde reemplazado por Mario Adaro– reafirmó el artículo que establece la escala salarial de prensa y que históricamente es resistido por las patronales. “El argumento de la solicitud de recusación fue el pedido de juicio político que pesa contra Böhm”, arguye el comunicado.

Allí, la entidad gremial argumenta en base a la manipulación mediática que recibió el caso desde que terminó la feria judicial. El ejemplo más groso que exponen es el de la edad de 78 años que se le adjudica al magistrado desde los informes hegemónicos, cuando en realidad tiene 73 años. Además, presentan la información referida al caso sin ahondar en el contexto de demandas judiciales contra las patronales sobre las que próximamente deberá fallar el máximo tribunal.

“No solo avasallan a las instituciones, sino que también han lesionado profundamente el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y los periodistas”, declaró Marisa Carrizo, secretaria general del gremio, a Radio Nacional Mendoza durante la sesión en que se trató la estimación del jury. Explicó además que las presiones al interior de los medios permanecen a la orden del día, en base a que las coberturas sobre el caso son asignadas exclusivamente a los periodistas de confianza de las patronales.

Además de la oficialización pública que realizó el mandatario provincial sobre las amenazas telefónicas que recibió de parte de Gustavo Mátar –actualmente imputado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta de fondos provenientes del Ejecutivo provincial en gestiones anteriores–, Pérez confirmó lo que hasta el momento muchos legisladores no se atrevían a reconocer: en la previa de la audiencia donde se resolvió dar lugar a la denuncia contra Böhm, directivos del grupo UNO visitaron los despachos legislativos.

Queda claro que, por el momento, no son ni la política ni el pueblo quienes mandan en Mendoza: una legisladora que se da vuelta en el aire; su inmediata expulsión; la crisis de institucionalidad que no solo mancha al oficialismo; la soledad de un gobernador opacado por su vice (explícitamente volcado a la derecha del escenario político local y nacional), son solo algunas de las heridas expuestas que dejan estos meses de presiones y denuncias. Esto es claramente visible hoy gracias a la torpeza que nace de la impunidad de los mandamases y de sus favorecedores, y a la denuncia comprometida de algunos sectores políticos y de pocos, muy pocos, medios de comunicación. 

El lobby solidario

Pasadas las 20.00 del 12 de marzo, en la Legislatura Provincial, la diputada por Unidad Popular Patricia Gutiérrez dijo: “No se puede decir tan livianamente que acá se ha apretado a los legisladores, con lo cual cualquiera que vote algo tan simple como la admisión, queda tachado de comprado o vendido. Entonces, a los que votan en contra los operaron desde el cuarto (se refiere al gobernador, por el piso que ocupa en Casa de Gobierno) y a los que votan a favor los operaron los medios. La denuncia es muy grave y, si Piedrafita sabe, tiene que hacerla como corresponde, porque para eso es un funcionario público, no tirar palabras al vacío en una sesión donde mancha a los legisladores por igual, los que votan por no y los que votan por sí, graciosamente para conseguir un aplauso”.

La causa de su exaltación era la sospecha que cada tanto recrudece en Mendoza acerca de que en ambas Cámaras “hay legisladores que trabajan para el Grupo UNO, que son empleados del grupo UNO”. Respondía así al diputado de Nuevo Encuentro, Néstor Piedrafita, el único que argumentó sólidamente sobre pasar o no a Comisión de Juicio Político la denuncia radicada por la misma Gutiérrez y el senador Gustavo Valls, del peronismo federal. Piedrafita fue el primer orador de una extensa e interrumpida sesión, en la que además de puntualizar los motivos por los cuales la posibilidad de juicio político era un despropósito cruzado de intereses ajenos a la denuncia, señaló específicamente a los interesados como “los grandes multimedios”, y la permeabilidad que suelen detentar sobre el poder legislativo, algo que a raíz también del caso Böhm, ya había expuesto Tanús. Inusitado por lo directo y preciso, en un ámbito donde las máscaras de las formas admiten pocas verdades arrojadas, el discurso de Piedrafita reveló conductas anquilosadas que se manifestarían plenamente horas después, con el cambio de voto confeso de la diputada Evangelina Godoy, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista. Dijo el diputado sobre las presiones y sospechas:

“No es la primera vez, aunque, creo, nunca tan groseramente como ahora. Muchos de nosotros, si no la mayoría, hemos recibido llamadas de los medios para que siga adelante este juicio, o nos han mandado a un conocido, nos han mandado un allegado, para decirnos que hay que seguir el juicio contra Böhm. Ahora, ninguno me dio como argumento que Böhm había fallado y era amigo, que Böhm estaba en una situación psicofísica; no, ninguno. Porque esa no es la preocupación de los medios. La preocupación de los medios está en este escrito de Daniel Vila: “Apartar al juez Böhm mientras dure el juicio político para que se resuelva en las causas laborales que tiene con los empleados”. Y esta Cámara con eso tiene un compromiso, porque nosotros en dos oportunidades respaldamos absolutamente a los empleados de Prensa de Mendoza en su reclamo para que se aplicara el convenio. Hoy creo que hay que decirles a los que han hecho un aprovechamiento de este pedido de juicio político, que la Cámara no se doblega. Y no se los pido desde lo político solamente, se los pido desde lo jurídico, porque los que hoy están sentados acá, y son abogados, saben que las razones por las cuales se denuncia a Böhm y se inicia el juicio político no tienen asidero. La Comisión va a hacer un papelón, se los digo ya, porque no tienen un solo testigo para llamar, no tienen una sola prueba para analizar”.

La diputada Evangelina Godoy, creadora del monobloque más espontáneo de la historia local. 

Las impresiones sobre lo irregular de la jornada, con la reticencia de los bloques a presidir la sesión, el runrún constante de que el oficialismo no tenía el total de sus legisladores alineados, que con el acompañamiento de Piedrafita y de las diputadas Vietti y Maza de la UCR "Leandro Alem" podría aspirar a un empate con el cual Tanús desempatara para archivar la denuncia, y la premura con que la alianza entre radicales y demócratas quería tramitarlo, concluyeron tras la votación de 24 a 22, que llevará a Böhm a ser investigado por una Comisión que puede dejar su destino en las manos alzadas de los senadores.

El escándalo final de una operación anunciada desde meses antes se concretaría en la traición manifiesta que la diputada Godoy infligió a su bancada y a la voluntad popular que le otorgó representación. Algo nunca visto, según Tanús y la presidenta del bloque, Silvia Ramos: en el transcurso de la tarde, en reiteradas oportunidades manifestó a sus compañeros que votaría por el rechazo del jury. Su consiguiente expulsión del bloque y la denuncia que sobre ella y su marido, el empresario de medios Gustavo Mátar, hizo ayer el gobernador Francisco Pérez, son solo el comienzo de una profunda investigación que se debe hacer para entender quiénes son los que verdaderamente mandan en Mendoza y el poder que tienen sobre los sectores políticos del color que sean.

Premeditación, alevosía, hechos públicos

Nadie lo confirmó públicamente y no puede corroborarse, pero el influjo de Vila, al menos por estas semanas, en la Legislatura como en otros ámbitos de la vida social y política de Mendoza, adquirió un grado de omnipresencia. Va desde la visita al vicegobernador Carlos Ciurca el día previo en su despacho legislativo; pasa por el interés manifiesto por el “trámite legislativo” a través de la presencia de uno de sus incontables abogados en la sesión, y se expresa en las sospechas de manipulación vía telefónica que en los cuartos intermedios intentara sobre algunos legisladores.

Evangelina Godoy, acaso por su relación política con Alejandro Cazabán, quien favoreció su llegada a la Legislatura desde San Rafael, además de la “comercial” y hoy investigada por fraudulenta que el exfuncionario de Celso Jaque mantiene con su marido, y por la ligazón que él tiene con el tándem Vila-Manzano en la maraña de propiedades de medios de comunicación del sur provincial, era, previamente a la sesión, una de los eslabones más flojos para sostener la postura oficial. Godoy habló interrumpidamente por teléfono durante las más de dos horas que duraron los recesos. Con la excepción de un minuto, pasadas las 19.00, cuando accedió a una nota para Radio Nacional Mendoza en la que hizo público lo que sostendría a sus compañeras y compañeros hasta minutos antes de votar en el recinto: “a favor del archivo, obviamente”.

Obviamente, no fue así. Confirmado en este caso públicamente, el influjo de Vila tiene, además de omnipresencia, un grado de alevosía. Y liderazgo, como en este intento de apartar a Böhm como sea, con el fin de no pagar lo que debe a los trabajadores de su empresa, capitaneando al frente de los empresarios de medios el lobby y la presión sobre las instituciones y sus representantes.“Instituciones” que según Néstor Parés, titular del bloque radical, solo eran protegidas si se votaba a favor de la corporación mediática-empresaria.

Marcelo D´Agostino, abogado del grupo UNO en la Legislatura.

“El que avisa no traiciona”, reza un código cotidiano que no se discute siquiera en ámbitos mafiosos de poder. La diputada Godoy nunca avisó que cambiaría su voto, concitando la indignación de su bloque, la evaporación de los conceptos sobre la honorabilidad de los legisladores vertidos por Gutiérrez y Parés, y la corroboración de lo que únicamente Piedrafita denunció: en Mendoza hay legisladores que "son de...", que "pertenecen a...". Y no justamente al pueblo.

El lunes, el gobernador recibirá a las y los trabajadores de prensa. Allí exhibirá pruebas de las amenazas recibidas y reanudará el compromiso acerca de los derechos laborales seriamente comprometidos, no solo a nivel local. En cuanto a los bloques en la Legislatura, se esperan reacomodamientos y reiteraciones de lealtad. A Godoy le espera el destierro político o ser abrazada por las huestes cobistas, acostumbradas a sumar por sumar. Böhm será sometido injustamente, pero es difícil que sea destituido: lo evidente de las operaciones dejaría demasiado expuestos a radicales y demócratas. Para el resto de mendocinas y mendocinos, una pregunta empieza a cerrarse para abrirnos, tal vez, a una verdadera autonomía: ¿tenemos legisladores, funcionarios, jueces, sindicalistas, referentes, periodistas que son de Vila-Manzano? Confirmado públicamente, puede corroborarse.