La desigualdad económica entre los géneros tiene números: qué dicen los informes

Sociedad

En el programa por streaming de Fantino, Milei dijo que estaba en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que –en caso de ser presidente– haría un plebiscito para eliminarla, para ver si “los argentinos creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre”. Refirió que se trata de un tema sumamente delicado, una cuestión moral y “el renglón más sangriento” de las discusiones del posmarxismo que es el hombre contra la naturaleza”. La lucha feminista por los derechos del propio cuerpo, la salud sexual y la libertad reproductiva quedaron fuera de agenda.

Lila Lemoine, actual diputada nacional de LLA, se viralizó cuando anunció que, cuando fuera electa, presentaría un proyecto de ley para que los varones pudieran renunciar a la paternidad si le comunicaban un embarazo que no deseaban. El fundamento era que las mujeres tienen “el privilegio” de poder matar a sus hijos y su abuela le había contado que las mujeres pinchaban preservativos para provocar embarazos que los hombres no querían. Nada se dijo de los 1.600.000 hogares monomarentales –donde viven más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes– ni de que 3 de cada 5 no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma. 

En el debate presidencial, y ante la pregunta de la por entonces candidata presidencial Myriam Bregman, Milei negó el patriarcado y la brecha salarial “por evidencia empírica”. Sin hablar de datos concretos, dijo que “la desigualdad desaparece” cuando se desagregan los promedios. Sin embargo, los datos en realidad dicen que, en nuestro país, las mujeres ganan, en promedio, el 28,1 % menos que los varones, son solo una minoría en el sector productivo, tienen menor tasa de actividad y empleo y mayor tasa de desocupación.

“En mi gobierno no va a haber marxismo cultural” 

Una vez asumido el Gobierno –y tal como prometió en campaña–, Javier Milei cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por su parte, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre, aseguró en enero que la Ley Micaela –de capacitación en género a toda la planta del Estado– "es noble, pero no ha dado resultado". La ley ómnibus la restringía en su diseño: solo a cuestiones de “violencia familiar”, pero no "de género”, y solo dirigida a quienes se desempeñen “en organismos competentes en la materia”, ya no a todas las oficinas estatales.

En ese mismo intento de modificación masiva de la legislación vigente, se incluyeron los conceptos de “niños desde la concepción” –en contraposición con la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria y legal del Embarazo, que permite, regula y garantiza el aborto– y “madres embarazadas” –en contraposición a la Ley 26743 de Identidad de Género, que prevé el respeto por la identidad autopercibida de las personas–. 

En febrero, la prueba piloto de la avanzada concreta contra la ley de aborto fue la presentación que hizo una diputada de LLA de un proyecto para derogarla, que no prosperó ni contó con el apoyo del Gobierno. Luego, Adorni anunció el desmantelamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). “¡Afuera!”, fue el latiguillo de Milei que se viralizó durante su campaña para hablar de la reducción de ministerios como parte del ajuste, detrás del que fundamenta esa decisión. 

Un día después, el Ministerio de Defensa –a cargo del candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri— utilizó el Boletín Oficial para publicar la prohibición “del llamado ‘lenguaje inclusivo’” en esa cartera, sus organismos descentralizados y las Fuerzas Armadas. En su redacción, ordena emplear “el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE). Hablan de precisión, rigurosidad, uso correcto del castellano contra la desviación y desnaturalización del idioma.

Fue el antecedente de la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública que Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció en su conferencia del 27 de febrero de 2024. No se podrán usar “e”, “x” ni “@”, y se deberá evitar “la innecesaria inclusión del femenino” en los documentos administrativos. “Las personas que no se sienten representadas con el género masculino no son un debate que le interese al Gobierno”, remató. 

Prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública atenta directa y activamente contra el derecho a la identidad de las personas y a la libertad de expresión, manifestó la diputada de Unión Ciudadana Mónica Macha. El lenguaje no sexista no es innecesario; sirve para evitar el masculino genérico y la idea de que el masculino es universal y neutro. El lenguaje inclusivo no es un capricho; sirve para nombrar a quienes no caben dentro del masculino ni del femenino. Es producto de reivindicaciones y avances en la legislación argentina y sus políticas públicas, como son la Ley de Identidad de Género o el reconocimiento del género no binario en el DNI. 

En el mismo sentido, Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, explicó las dificultades que podría traer la eliminación de la perspectiva de género en la Justicia, como condenas injustas a mujeres que se defienden de episodios de violencia de género. “Perspectiva de género es mucho más que lenguaje inclusivo (...) Es una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres son debido a construcciones culturales asignadas", concluyó.