El procurador de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Gullé, junto al fiscal en jefe Francisco Pascua, dieron una conferencia de prensa este viernes para informar sobre la denuncia por abusos sexuales en el monasterio Cristo Orante, en Tupungato. Allí aseguraron que ya se había hecho una denuncia –anterior a la penal– en el Arzobispado de Mendoza, organismo que había iniciado una “investigación administrativa”.

Fue Gullé el que inició la conferencia con periodistas cerca del mediodía e informó que el Arzobispado le entregó al Ministerio Público Fiscal (MPF) “una investigación administrativa” sobre los dos sacerdotes denunciados. La acusación ante el organismo religioso fue anterior a la penal que desencadenó las detenciones; por lo tanto, la Iglesia ya tenía conocimiento sobre lo ocurrido en el monasterio ubicado en la localidad de Gualtallary. Tanto denunciante como denunciados son los mismos protagonistas que ahora investiga la Justicia.

El procurador manifestó: “Acá no estamos investigando a la Iglesia como institución, sino solamente la conducta desplegada por dos sacerdotes. Dicho esto, les tengo que señalar que, ciertamente, hemos recibido del Arzobispado el ofrecimiento de colaboración incondicional, de manera tal que creo que es un gesto que hay que destacar”.

Por su parte, el fiscal Pascua detalló: “Son varios los hechos denunciados, que van desde abusos sexuales simples hasta abusos que pueden ser gravemente ultrajantes y hasta abusos tal vez más graves con accesos carnales”. Aseguró que esos son los delitos que se investigan y también buscan, desde el MPF, determinar si existió corrupción en el caso.

El letrado también confirmó que los dos sacerdotes tienen más de 50 años, que están detenidos y que el proceso de imputación está en marcha. Asimismo, explicó que aún no han dado declaraciones formales y que el abogado defensor de los religiosos, Eduardo De Oro, hizo un pedido de prisión domiciliaria para los denunciados.

Además, en concreto, el fiscal especificó que los delitos que se les atribuyen son abuso sexual simple agravado por la condición de abuso de autoridad o de poder, y también delitos de acceso carnal y de tentativa de acceso carnal con el delito de corrupción de menores y mayores. Esto último se debe a que la persona denunciante es, actualmente, mayor de edad, pero al momento de los hechos, habría sido menor en algunos de ellos y mayor en otros.

“Habrá pericias psicológicas y psiquiátricas, exámenes físicos y todos los elementos necesarios para aclarar el caso. También se han hecho secuestros de documentación”, finalizó Pascua.