La doctora Carina Ginestar es autora del proyecto “la Justicia de Pequeñas Causas y los fundamentos que justifican su implementación en Mendoza”, en el marco del trabajo de investigación que realizó en la Tesis de la Carrera de Maestría en Magistratura y Gestión Judicial, mediante la cual obtuvo el ttulo de Magíster, en mayo de 2012. Dicho proyecto ya fue enviado por la Suprema Corte de Justicia a la Legislatura y su principal objetivo es crear juzgados especiales para solucionar los conflictos de los consumidores y atender los problemas entre vecinos en materia de derecho privado, los cuales hoy no tienen recepción ni solución judicial, teniendo como principio rector la aplicación de los medios alternativos de resolución de conflictos, tales como conciliación y mediación.

“Estos juzgados existen en otras partes del mundo y son las small claims court que son las cortes pequeñas, el juez de martillo que veíamos en la TV y que era una cuestión casi cómica, te diría. En Argentina, solo en Santa Fe existe algo parecido que se llaman juzgados comunitarios. La idea es poder aplicarlo en Mendoza, por eso se ha creado esta oficina que se llama Justicia Comunitaria de Pequeñas Causas y del Consumidor, para crear un nuevo fuero que no existe en nuestra provincia”, explicó la doctora Ginestar.

La oficina de Justicia Comunitaria de Pequeñas Causas y del Consumidor depende de la Suprema Corte de Justicia y se encarga de coordinar, establecer y adecuar el procedimiento a seguir en la atención de los consumidores y usuarios; a tenor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que en los artículos 1092 a 1122 regula los contratos y relaciones de Consumo, y en concordancia con la inclusión, en la reforma constitucional de 1994, de estos derechos, llamados "derechos de tercera generación".

Además, la doctora manifestó: “El común de la población debe saber que tiene la Dirección de Defensa al Consumidor, que funciona en la calle Rondeau 361 de Ciudad, para tratar de obtener una conciliación y que, en caso de no lograr el resultado esperado en el órgano administrativo, desde el Poder Judicial estamos trabajando para crear el nuevo fuero relativo a la justicia comunitaria y del consumidor que, como todo, genera resistencias. La gente no lo conoce, incluso los propios operadores del servicio de justicia estamos tratando de capacitar a todos los funcionarios y empleados para que sepan cómo se va a manejar y en qué va a consistir”.

Con anterioridad a esta iniciativa no existía en el Poder Judicial mendocino una dependencia específica que garantizara el acceso a la justicia de aquellos conflictos suscitados entre vecinos y los reclamos derivados de los contratos y relaciones de consumo. Por esta razón, el objetivo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza es trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo Provincial con el fin de dar mayor respuesta a la sociedad ante las problemáticas mencionadas y con el propósito de profundizar los cambios para renovar la justicia.

“El objeto de la Corte es empezar de a poco, en la medida en que desde el Ejecutivo también nos den una partida presupuestaria, podremos crear los juzgados especiales. Los jueces de pueblo todos los días atienden estos conflictos entre vecinos y reclamos de los consumidores pero no tenían el aval de la Corte para dar una solución, es decir que ahora le damos la herramienta a estos jueces para que puedan brindarle una solución inmediata al conflicto”, expresó.

Agregó: “La idea era crear uno de estos juzgados en cada departamento, pero por una cuestión presupuestaria de la provincia no es factible, entonces la Suprema Corte de Justicia comenzará con una prueba piloto en San Rafael, con cinco jueces de paz letrados que se han ofrecido, y veremos cómo funciona. Nosotros hemos creado un protocolo de actuación para que los jueces sepan cómo actuar en cada caso concreto y, como no queremos quedar atados a ese proyecto de ley, comenzaremos con lo que tenemos, es decir, con el Código Procesal Civil de Mendoza que en el artículo 83 habla de la audiencia de conciliación, y con las acordadas de la Corte que determinarán los juzgados que comiencen con la prueba piloto”.

“Nos queda un largo camino, porque recién estamos comenzando. La idea es acercar la justicia a la gente, es crear una justicia gratuita para terminar con la teoría de vieja data de que la justicia es para los que tienen dinero, y que las personas puedan ir al juez que les queda cerca de su casa y que éste, mediante una conciliación, en ese mismo acto solucione el conflicto”.

Por Silvana Maribel Gil, becaria de Prensa de la Facultad de Derecho