Primero fue la Ley de Trata, al cabo de la lucha tenaz de Susana Trimarco por hallar a su hija Marita Verón, desaparecida desde el 3 de abril del 2002. Después fue la Ley de Democratización de la Justicia, precipitada a raíz del fallo absolutorio con que se cerró el juicio oral del caso a fines del año pasado. El abogado de la querella, Carlos Varela, no duda en afirmar: “Marita Verón le debe grandes cosas a este país”.

Primero, un breve repaso del caso. Eran 13 los acusados en el juicio por Marita Verón y el tribunal -integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina, de la Sala II de la Cámara Penal- decidió absolverlos a todos. La lectura del fallo causó conmoción nacional, fueron muchos y de muy variados sitios del país los que salieron a la calle a repudiar esa sentencia, en solidaridad con el dolor y la desazón de Susana Trimarco. Es que los abogados de esa luchadora incansable que es Trimarco, confiaban en lograr una sentencia acorde con el pedido del fiscal, es decir, de 25 años de prisión para los principales acusados. Entre ellos, Carlos Varela Álvarez, uno de los abogados defensores de derechos humanos de Mendoza que representa a Hilda Lavizzari, otra madre de un desaparecido -Pablo Cristian Guardatti-  y también ex integrante del equipo legal que asesoró a la familia de Sebastián Bordón, caso que de inmediato viene a colación cuando hablamos de la sentencia del juicio por Marita Verón que, contra toda lógica, convierte a indicios y testimonios de víctimas de trata en una suerte de estafa conducida por Susana Trimarco.  




Hay casos que remiten a un tipo de prueba que podríamos llamar “lógica”, es decir, un tipo de juicio inequívoco que alcanza el Juez al cabo de una cadena de razonamientos. ¿Era este el caso Marita Verón? 

Es el caso de muchos, recordemos que "indicios" viene de "índice", es el dedo que lleva a otro, y a otro, es decir, cuando todo te lleva a un mismo camino y cuando el indicio no tiene más de una interpretación. Pensemos en el caso de Soledad Morales, del soldado Carrasco, el caso de Monzón, y el caso de una profesora de Tucumán, Bety Algarañaz. En ninguno de esos casos hay testigos, es decir, nadie vio a Tula entregando a Soledad Morales a Luque, nadie vio a Canevaro matarlo a Carrasco y nadie vio a Monzón tirar a Alicia Muñiz. Lo que hay que tener claro es que esos son casos donde lo que hay son indicios, llamados telefónicos, papeles, huellas. Por ejemplo, el caso de Sebastián Bordón, en Mendoza, fue lo que invocamos. No había otra posibilidad, o sea, quién otro que la policía de San Rafael pudo haber matado a Sebastián Bordón si el cuerpo lo encontraron ellos y eran los únicos que tenían un motivo y una posibilidad y además ellos plantearon la hipótesis del accidente que se desmoronó. Por otro lado, en muchos casos se ha fallado con menos prueba. Pongamos el caso de la enfermera Páez, cuyo cuerpo nunca apareció. El tema es que la prueba tiene que existir para cualquier imputado y en este caso había indicios y había testimonios de víctimas.

¿Qué va a pasar ahora, cuáles son los escenarios que evalúa la querella? 

Este fallo nos mete en un escenario muy complicado. Nosotros hemos pedido que sea la Cámara de Casación quien imponga la condena, en este sentido es muy interesante el reciente fallo Menem. Como no había salido, meses atrás, lo que hicimos fue invocar muchos casos de lesa humanidad donde las distintas salas han estado condenando sin necesidad de hacer un nuevo juicio. Lo que queremos evitar es la revictimización, hacer un juicio nuevo supone volver a convencer a las personas que han sido víctimas para que declaren otra vez, sin certeza alguna de cuándo se va a hacer. Por otro lado, éste es un caso que, más allá de lo que decida la Corte Suprema de Tucumán, va a terminar en la Corte de la Nación, en función de la doble instancia. O sea que estamos hablando de un lapso de al menos dos años.

A lo largo del juicio ¿hubo sospechas o se tuvo la percepción de que el tribunal actuaría como actuó?

En el juicio hubo siempre una tensión. Estaban los defensores que aseguraban que no tenían prostíbulos sino whiskerías donde la gente iba a tomar un trago y trabajaban coperas. Por nuestro lado, demostramos que eran prostíbulos, que las chicas daban cuenta de la existencia de redes muy grandes de prostitución, con enormes cantidades de chicas de Brasil, de Paraguay. O sea, La Rioja era un lugar de destino en materia de prostitución, lo era en ese momento. También que había una cobertura política, de los gobiernos y del sistema judicial y policial. En base a todo eso reunimos indicios, con una cualidad muy especial: que salvo una o dos testigos fueron víctimas, o sea, fueron secuestradas. Eso sí, ninguna de esas personas se conocía entre ellas ni eran amigas, además declararon antes de la creación de la Fundación María de los Angeles Verón y en distintos tribunales cuando ni siquiera Susana Trimarco se había constituido en parte querellante. Tengamos en cuenta que hay testimonios de ellas de hace diez años, o sea, ellas lo que hicieron fue reproducir en más o en menos lo que habían dicho ya, no es que nosotros aparecimos con pruebas nuevas.

¿Eso le da más veracidad al testigo, no? 

Bueno, eso merece un análisis. Amor no tienen esas mujeres con relación a esas personas ligadas a la trata, pero eso no quiere decir que quisieran venganza. Se debía merituar su declaración. Tengamos en cuenta que en los juicios de lesa humanidad hay testimonios de 30 años atrás, y tiene mucha similitud con este caso al ser testimonios de víctimas, con una característica especial. No son personas que un día salen de su casa y ven un accidente, y entonces el Juez le pide que lo cuenten; no, estas personas han sido secuestradas, golpeadas, violadas… Lo mismo en los casos de trata. 

En efecto, en los casos de lesa humanidad, sorprende la cantidad de testimonios absolutamente veraces, donde si la víctima no recuerda lo que dijo 30 años atrás, lo admite, sin ningún problema, y así lo expresa “no lo recuerdo”. 

Es así, pero acá se dan otras condiciones. Primero, un nivel social muy bajo, en algunos casos hemos tenido testigos con enfermedades terminales, en otros, problemas de memoria importante porque son diez años, lo cual es lo normal, que puede pasar. Y después, tuvimos interrogatorios muy duros que nos movieron a exigir una explicación de por qué el Tribunal había permitido eso. Hoy hay un protocolo para las víctimas de trata que declaran que asisten con un psicólogo, no tienen contacto con los imputados. En Tucumán declararon delante de los imputados y en un solo caso una psicóloga se mantuvo atrás de una de las chicas; en algunos casos los imputados se levantaban y festejaban. Sus abogados fueron durísimos en los interrogatorios, eso ocasionó muchas peleas. En algunos casos nosotros preferimos no pelear porque indudablemente que todo ese ambiente, al testigo que está declarando lo afecta. Además, otra cosa. Esa persona tiene que contar que fue violada una y cien veces, quizás el militante político pueda tener un poco más de fortaleza porque tiene todo un ideal y puede apoyarse en sus compañeros, pero en el caso de las chicas no es así. Por ejemplo, dos de ellas nunca más tuvieron teléfono, no tuvieron contacto, se quisieron suicidar. Nadie las protegió; me refiero al Estado, a la sociedad, porque una chica tomada de la prostitución y expulsada de eso, no vale nada, nadie le da trabajo ni la recibe.

¿Puede decirse que de esos interrogatorios surgió la percepción de que el Tribunal fallaría en un sentido adverso a la querella? 

Los interrogatorios fueron durísimos porque no tuvieron ninguna contemplación hacia personas muy carentes de afecto, personas que están en un lugar muy difícil desde el cual confiar en nosotros o en el sistema, no obstante lo cual fueron interrogadas como si hubiesen visto un accidente de auto. Ahora, en cuanto a lo que advertimos previamente del Tribunal, nosotros hicimos muchos ejercicios, incluso el día anterior a la sentencia evaluamos cómo podía salir esto. Pensamos que de 13 imputados, cabía la hipótesis de que no todos iban a ser condenados y teníamos muy clara la prueba de cada uno de ellos. Seguimos esa línea de razonamiento, y nos dijimos que en el peor de los casos puede ser siete a cinco, o 10 a tres. Jamás pensamos que resultaría 13 a cero porque la sentencia está prácticamente diciendo que estamos frente a una estafa, que es mentira que esas chicas hayan visto a Marita Verón, y que hubo alguien que les dijo que lo dijeran. Que no se sabe qué pasó con Marita, entonces, la verdad que nos sorprendió. Es verdad que se había recibido una denuncia por correo electrónico, antes del fallo. Según esto, se decía que los jueces habían recibido un montón de beneficios, que habían comprado un montón de cosas; Susana Trimarco se entrevistó con ellos, les contó de la denuncia y ellos negaron todo. Debo decir que no teníamos malas referencias de ellos, pero, en el juicio, poco a poco, nos fuimos dando cuenta que era muy difícil o sensibilizar o cambiar el trato, y en algún momento pensamos en recusar. Pero claro, recusar implicaba hacer un juicio nuevo. Toda la logística que se había logrado se caía, no tenía sentido frente a la confianza que teníamos en los testimonios.

Lo más fuerte que se dijo es que hubo corrupción. Hoy, pasado un tiempo de aquel fallo, ¿qué explicación le da a lo que pasó?

Yo creo que los jueces midieron con una vara totalmente pacata, y tuvieron una visión muy limitada y absolutamente discriminatoria y machista.  Es claro que el trato a los testigos y la valoración de esos testimonios fue por demás deficiente. Estoy convencido de eso. Nosotros conocíamos a los testigos, sabíamos lo que habían declarado, teníamos además refuerzos de otros testimonios policiales de efectivos que intervinieron. Por supuesto que fue muy mala la instrucción judicial, nadie lo niega, tampoco la policía de Tucumán estaba preparada, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es dónde estábamos haciendo el juicio, ¿no? Estábamos en territorio de la Chancha Ale, la tierra del Malevo Ferreyra, la tierra de Bussi, es decir, no era tierra bonita, era difícil, pero teníamos la confianza, luego, un gran apoyo social para el caso, de todo el arco político y de todos los medios. Vino al juicio mucha gente y toda esa observación ayudaría a un juicio transparente. Voy a agregar un dato más. De los  tres jueces, había uno eterno rendidor de exámenes, residente en Inglaterra mucho tiempo, es decir, un juez que da un buen examen, pero que no tenía ninguna experiencia en derecho penal. Pero sobre todo, cerrado al diálogo, con decir que no solo no conocía el expediente, no conocía Tucumán, o sea, su provincia. Desde esa distancia midió, está bien, son solo detalles, pero son importantes para nosotros porque finalmente hacen a una explicación de por qué pasó eso. 

Digamos que es una combinación de distancia, corrupción e ineficacia....

También hubo mucho lobby por parte de los sectores interesados en sacar alguna ventaja contra Susana Trimarco. Algo de zancadilla política se metió ahí, porque días antes fue Nilda Garré, la ministra de Seguridad, y los abogados se pusieron como locos a denunciar eso, sumado a los apoyos presidenciales, la presencia de Duhalde -el ex Secretario de Derechos Humanos-, y diputados de otros partidos, como Victoria Donda y Vilma Ripoll. Todo eso lo fueron tomando muy negativamente, no solamente los defensores, digamos que todas las instituciones más conservadoras, magistrados y abogados, que  vinieron a reprochar esa situación.

¿Y qué se les puede reprochar en concreto? 

Que consolidan una justicia que cree en lo impoluto. Este era un caso donde, si existía prueba, se debía condenar. Pero no, el estándar que éstos jueces piden es un estándar tan alto que lo más seguro es que se beneficie a quien creció al amparo del poder.  El grupo de la Chancha Ale, eso cualquiera lo sabe, es un grupo mafioso muy cercano al poder, en este caso, a la protección de Miranda, ya que fue el grupo armado que había parado los saqueos de 2001, cosa que hicieron porque tenían frecuencia policial, tenían un convenio con la policía de Tucumán y tenían armas. Hoy, pese a que no tienen la cobertura de 10 años atrás, siguen siendo muy poderosos.




Cuando comenzó el juicio afirmó que abriría el camino para hallar a Marita. Finalmente, el juicio concluyó abriendo el camino de la renovación de la justicia. ¿Cómo lo analiza?

Es que el fallo abriría unas aristas importantes, nos ubicaba en el objeto del juicio. El caso, para darse una idea, tiene unas 20 hipótesis y pilas de expedientes de pistas falsas. Veamos la siguiente comparación: en el caso María Cash, el padre dice haber recibido unas 2.500 llamadas sobre el paradero de su hija, y según él, las primeros 100 lo fundieron económicamente al tener que desplazarse. Por ahí es mucha gente con mala intención, otros porque creyeron verla; el caso es que el tema del desaparecido es impresionante, lo duro que es. Con el caso de Marita Verón hay todo un expediente de averiguación de paradero y lo que se hizo todo el año pasado fue desandar todas las pistas para concentrarnos en una, donde teníamos la prueba. Y eso es lo que decíamos: si la sentencia nos da la razón, entonces esa es la única pista y hay que seguir ahí, en adelante ver si se la llevaron a España o a otro país, o la mataron. Por eso la sentencia era importante y lo sigue siendo, pero, bueno, disparó otras cosas. Yo creo que una sentencia dividida hubiera traído mucho menos impacto del que tuvo. Si hubiera salido  10 a 3, 7 a 5, todo el tema de lo mal que está la justicia no hubiese tenido tanto impacto. Es así que podemos afirmar que Marita Verón le ha dado a este país varias cosas, le dio la Ley de Trata y le dio la oportunidad de reformar la justicia.

En el fuero íntimo de Susana Trimarco, ¿considera que su hija está viva?

Lo primero que piensa Susana es que su hija sigue estando viva. Una semana atrás recibió una llamada de una chica tucumana muy parecida a Marita, no lo era. También en el expediente se encontró con una santafecina del mismo nombre, imagínense la conmoción. Quiero decir, Susana está preparada para cualquier cosa, pero obviamente quiere encontrar a su hija viva. Son múltiples vivencias. En las excavaciones de Córdoba, donde se estuvo muy cerca y se encontraron restos de otras chicas prostitutas o prostituidas, ella se mantuvo muy firme. Con respecto a la posibilidad de que los responsables de la Rioja la hayan sacado del país, es muy difícil penetrar en las redes de trata, están muy bien organizadas y cuentan con documentación y nombres falsos; son redes con círculos muy pequeños y muy pocas veces tuvimos la ocasión de que algún cliente ocasional haya ayudado a una chica a escaparse. Posiblemente, con el caso Marita, siendo tan fuerte su nombre, sea por demás difícil que esté en Argentina.

Participó de la presentación de la iniciativa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la renovación de la justicia ¿Cómo evalúa esa iniciativa? ¿Qué tan importante es que la sociedad argentina se involucre la elección de los jueces?

Yo creo que la democracia le debe a la gente dos renovaciones: la de la policía y la de la justicia, lo cual abarca a todas las provincias, porque son dos instituciones con las que la gente tiene mucho contacto. Aun no hemos logrado tener una policía democrática vinculada a los derechos humanos en ninguna provincia, ni tenemos tampoco una justicia que sea modelo de nada. Muchos dicen que el problema es que están mal pagos, yo creo que no. En la justicia federal, por ejemplo, están los mejor pagos del país y no obstante es una de las justicias peor calificadas.Por lo cual no es un tema económico, es un tema de cómo participa la gente del proceso de toma de decisiones. En ese sentido apoyo la renovación, y entiendo que el desafío es de largo plazo. De lo que se trata es de definir si la gente, el usuario, va a participar o no de la justicia, teniendo en cuenta que hay mucha disconformidad con la calidad de justicia que tenemos.

¿Qué criterio es este de la “calidad” de la justicia?

Entiendo que es un criterio que se aplica a las sentencias de los jueces, cómo fueron dictadas o por qué fueron revocadas, y por ende, a la calidad institucional. El tema es que no existe como tal, no hay indicadores para eso. Tengamos en cuenta que el Poder Judicial es un poder prácticamente monárquico, no es un mecanismo democrático y, por otro lado, todos los poderes judiciales, de China a Norteamérica y Cuba, son conservadores. O sea, no hay poderes judiciales que hagan un juego en el que no defiendan su Estado, yo no los conozco; ahora bien, la cuestión es cómo lo defienden, en base a qué modelo, con qué participación de la gente; en ese sentido pueden hacerse cambios. En Chile, por caso, se está implementando un modelo de control de calidad, también en República Dominicana se está mejorando y eso que es un país paupérrimo con muy baja institucionalidad. También los mexicanos le están dando espacio a una justicia de discurso fácil, ya que el discurso de la justicia, como el del abogado o del médico es muy difícil, que se aleja del habla de la gente con citas en latín, por ejemplo. En Argentina, el control de la calidad de la justicia no tiene una nota. Lo que tenemos es una forma de ingresar a la justicia que es por la memoria: si alguien da un examen extraordinario, demuestra saber lo que dice el artículo tal del código tal y además acumula papelitos que certifican máster, especializaciones, dicho mecanismo no verifica que sea un buen juez o un buen ser humano.

¿O sea que hablamos de un control posterior a la elección de los jueces, pero también de un criterio previo a la hora de ser elegidos? 

Hablamos de sentido común. Yo tuve la suerte de asistir una vez a un Congreso de justicia indígena en México; tenían jueces que juzgaban cualquier delito menos los de narcotráfico, porque no tenían capacidad, juzgaban sí casos de homicidio. Allí el criterio era de mucho sentido común. El juez que se elige es el mejor ser humano, el mejor de esa sociedad, con un criterio de vecindad y humanidad, y la cárcel es una institución ajena, se eligen otro tipo de sanciones, es decir, buscan un avenimiento y entienden que la cárcel lo desaparece de su condición. O sea, son criterios muy básicos pero son criterios muy interesantes también. Yo no sé qué tan aplicables sean, lo que sí sé es que hoy tenemos que discutir el tema de la cárcel y tenemos que discutir el criterio del juez. Tenemos que decidir si vamos a elegir al chico 10 desde el punto de vista académico, o si vamos a elegir a una persona con sentido común. Doy un ejemplo: nadie duda de la capacidad del juez Fayt, de la Corte, pero es una persona de 95 años. ¿Está en condiciones de resolver todas las situaciones? Es una pregunta hecha desde el sentido común. Lo mismo pasa con esto de que nos mentimos, muchas veces. Es lo que pasa con todas las Cortes Supremas, todos tienen un grupo de relatores que son las personas que hacen los borradores de las sentencias. Cada vez hay más relatores, no nos engañemos, y yo no creo que lo estemos resolviendo bien. Lo mismo sucede con Fayt; puede ser inobjetable jurídicamente, pero algún límite en la edad hay que poner, eso también hace a la renovación de la justicia. No quiero decir con esto que una persona de 45 años sea genial. A nosotros nos ha pasado con jueces de Mendoza que carecen de experiencia de vida, son ellos mismos un caso muy complicado porque jamás salieron de sus barrios privados, o sea, cuando uno les pregunta cómo es el barrio Papa de Godoy Cruz, se encuentra con que no sólo no lo conocen, sino que no quieren ir ni a una inspección ocular. 

O sea, van de su barrio privado al despacho...

Exacto, de ahí que luego no entienden el discurso de las personas. Cómo lo van a entender si las han visto cuando le limpian el vidrio del auto en la calle, o como empleados domésticos o por la televisión, y siempre con miedo. Así es como luego buscan enviarlos a la cárcel para evitar tener todo contacto con ellas o, llegado el momento, no creen en ese testimonio, no entienden el lenguaje que usan. Lo hemos visto tantas veces, que a  personas de muy bajos recursos o sin escolaridad les piden que por favor hablen “como uno”, lo cual constituye claramente una justicia de clase.

¿Qué impacto puede tener la propuesta de la presidenta de cambiar los sistemas de elección en el Consejo de la Magistratura?

Yo creo que es un buen punto de partida. Me parece bueno que exista una agenda de discusión. Ahora, como en toda agenda, tiene que haber diversidades y recursos para eso, y contemplar además la reforma de lo policial y lo penitenciario, la forma de actuación de los abogados así como también el lograr que exista una justicia oral rápida desde el punto de vista de los procesos. Son muchos los actores y la justicia debe dar muchas respuestas, pero esas respuestas no las puede dar la justicia, las tiene que dar la gente porque en definitiva es usuaria de esa justicia.

¿Y su opinión sobre el Proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura?

Me parece que el proyecto apunta a que no haya más corporaciones en el Consejo de la Magistratura sino personas elegidas para ocupar un rol en ese Consejo; es decir, puede ser un ingeniero apto para opinar, porque en definitiva tiene que ser una persona con sentido común que pueda discernir si esa conducta está o no dentro de parámetros normales, y para eso no se necesita ser ilustrado. Al contrario, son los mecanismos tan cerrados y selectivos los que permiten que aquellas personas que no están en las mejores condiciones, se perpetúen en sus cargos en todas las provincias. 

¿No sería como politizar o entrar en clima de militancia alrededor de un juez?

Bueno, obviamente que vamos hacia un jury de enjuiciamiento político, porque debe haber un mecanismo que controle o que permita más fácilmente medir la calidad institucional, lo cual tiene que ver con un juego más democrático, donde el espacio público se mantiene abierto y no cerrado. Quizás debamos pensar en que el Consejo de la Magistratura puede seguir funcionando para este rol, pero que exista además otra herramienta, como puede ser el juicio por jurados para los jueces. Yo lo considero una herramienta interesante y creo que a priori existe suficiente capacidad intelectual para idear ese mecanismo. Serían personas elegidas por la sociedad que establecerían si el juez se portó bien o no. Me parece a todas luces un mecanismo democrático. Además, tengamos en cuenta que el juicio por jurado está establecido en la Constitución y que desde hace años que nos hacemos los tontos con eso. Además,  por qué no, en definitiva, de lo que se trata es de apostar a la gente. Avanzar en procesos judiciales con mayor consenso, porque ahora se da una situación insólita. Un día, a Menem lo sobreseen; otro día, lo condenan. A mí puede gustarme más una sentencia que otra, pero me pregunto: ¿a quién se le cree? ¿La política estuvo en el primer fallo o en el segundo? O bien, ¿puede ser todo tan blanco y negro?