Tupungato tiene muchas historias para contar. Alejado de la vorágine de la ciudad, el corazón del Valle de Uco contiene relatos que van haciéndose lugar a los empujones para ganar la atención de los siempre agitados medios de comunicación citadinos.  

Allí, a 75 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, se desarrolla esta seguidilla de acontecimientos que tiene como protagonista a la incomunicación y donde los actores principales son el dueño de una radio y el intendente Gustavo Soto, que fue denunciado de persecución política y censura. En concreto, integrantes de una radio de ese departamento afirman que la municipalidad no les permitió colocar una antena para que pudieran funcionar. En el medio, filtros a los periodistas, las versiones cruzadas y llamados interrumpidos sobre los hechos que completan este relato que presentamos en Unidiversidad. 

Como se dice habitualmente, en los pueblos chicos el infierno es grande y las peleas políticas toman otro matiz cuando son escasos los protagonistas. Sin embargo, que los habitantes sean pocos no significa que se puedan comunicar bien. Este caso demuestra que puede suceder todo lo contrario. 

La historia comenzó a circular en un foro de periodistas el sábado 27 de agosto, paradójicamente el mismo día que se celebra a la radiofonía. El peronista Facundo Arce, dueño de la FM Popular (FM 103.7) denunció que el intendente Gustavo Soto (UCR) no les permitía trabajar.

Según contó el conductor , el lunes 15 de agosto, a raíz del fuerte viento zonda que corrió en la zona, se movieron las estructuras de la antena radial que funciona desde 2013. Por este motivo llamó a un especialista y ambos decidieron bajar el artefacto por precaución. El martes 16 de agosto llegó un inspector municipal que exigió ver la antena que supuestamente se había caído. Arce le explicó que no era así, sino que fue su propia decisión desinstalarla. Según la versión del dueño de la radio, esto no fue tenido en cuenta.  El empleado se retiró y regresó con una orden oficial que restringió la posibilidad de volver a transmitir. Unidiversidad quiso conocer la versión de la comuna y quien respondió fue el jefe de prensa de Tupungato. Su versión sobre este asunto fue muy escueta. Dijo que decidieron avanzar con la restricción de obras por la denuncia de los vecinos de la zona, que dijeron que la radio no cumplía con los requisitos de seguridad.

Es por esto que desde la comuna enviaron al inspector Alberto Osorio para corroborar el estado de la torre. En ese momento entregaron la notificación de paralización de las obras hasta que se cumpliera con los trámites administrativos correspondientes. Después de varios intentos fallidos y de la negativa del jefe de prensa para tener el dato, Unidiversidad se comunicó con Gustavo Soto. El intendente explicó que, producto de la caída de la antena, se rompió un tacho de agua y los vecinos, asustados, colocaron la denuncia. “Le hicimos un acta para que presente una estructura como corresponde”. El funcionario aseguró, además, que Arce no quiere cumplir la ley.

Imagen de la notificación municipal. Foto: Facundo Arce. 

Entre idas y vueltas

La historia no terminó allí. Más allá de las idas, venidas y del constante chicaneo político, ya que allegados al dueño de la radio confirman que Arce es peronista y trabajó para el exintendente Joaquín Rodríguez, tanto uno como el otro se tildaron de mentirosos. 

Por un lado, Arce pide que se solucione su situación. El dueño de la antena dice que se trata de una persecución política porque son “un medio que dice la verdad”. Indicó que seis familias dependen de la radio y que no cuenta con la habilitación correspondiente, pero no es la única en esa situación porque en la comuna hay 30 emisoras comerciales que funcionan en la ilegalidad.

“Es puramente una intención de disfrazar una cosa con la otra. Es lo mismo que cuando a vos manej{as, te sacan un parte y te enojas porque a los otros, no (…) Responsabilizar a otros es de baja estofa”, respondió Soto ante la acusación.

“La municipalidad no nos paga pauta publicitaria y a los otros que están en la misma situación que nosotros, sí.  Nos piden planos de relevamientos cuando hay otras radios que no tienen nada. Presentamos todos los papeles en abril de este año. Creemos que es una persecución política porque nosotros hacemos críticas a la gestión municipal”, retrucó Arce.

El dueño de FM Popular contó que el domingo 28 colocaron una nueva antena y el lunes 29 volvieron a transmitir. Indicó que mientras realizaban este trabajo llegó personal policial y le hicieron una presentación judicial. Arce filmó esta situación y subió la grabación a las redes sociales, acusando al intendente de censura. Al respecto, Soto dijo que, a pesar de que la radio volvió a funcionar, seguirán con el expediente municipal y si Arce no cumple con los requisitos municipales, desmontarán la nueva estructura.

Arce explicó que recibe asesoramiento del Sindicato de Prensa y que cuenta con la ayuda de un abogado. También comentó que antes del cambio de gobierno las radios de la zona recibían charlas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y luego de asumir la actual gestión esto se cortó.  “La comunidad habla de la realidad del departamento. La gente necesita un medio para expresarse”, argumentó el conductor radial.

La disputa de la antena y su correspondiente relato es sólo la punta del iceberg que muestra la pelea política desencadenada en esa comuna.