A pesar de que los todos los datos divulgados en la mañana del lunes 11 por la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, acerca de la cuantiosa deuda que tiene la Provincia son alarmantes, la conocida como “deuda pinche” o “no registrada” supera al resto, no sólo por el monto -1.135 millones de pesos- sino por la ilegalidad: no cuenta con ningún proceso administrativo de los que contemplan las leyes provinciales de administración y contabilidad.

Si bien la totalidad de la cuentas en rojo superan los 16.400 millones de pesos, el dato era esperable. Es más: fue difundido hace un mes por Alfredo Cornejo y su equipo de colaboradores. La Auditoría General de la Nación sólo se encargó de corroborarlo. Sin embargo, la deuda pinche era un misterio: nadie sabía cómo estaba compuesta y a cuánto ascendían sus montos.

Esto, sumado a lo que se les debe a los municipios en calidad de coparticipación (480 millones de pesos), son los dos puntos más complicados de todos los datos emitidos por esta revisión contable, ya que ambas formas de financiamiento llevadas adelante por la gestión del exgobernador Francisco Pérez, se encuentran fuera de la ley.

En qué consiste la deuda pinche

La deuda pinche, de la que muchos hablaban pero sin certeza de montos ni distribución, es una forma de financiamiento ilegal, ya que saltea todos los procedimientos administrativos que marca la ley. Así lo explicó la vicegobernadora Montero. Es decir, existe porque hay comprobantes de la misma –emisión de facturas, por ejemplo–, pero no sigue los pasos indicados por la ley de administración y contabilidad para la realización de compras.

Tal y como lo mostraron los datos de la investigación, la composición de la deuda no registrada corresponde: 37 % al Instituto provincial de la Vivienda (425 millones de pesos), 33 % al Instituto de Juegos y Casinos (380 millones de pesos), 11 % a Transporte (125 millones de pesos), 7 % a la Unidad de Financiamiento Internacional (76,6 millones de pesos), 6 % al Departamento Provincial de Vialidad (63 millones de pesos), 3 % a Salud (33 millones de pesos), 2 % a la Penitenciaría (21 millones de pesos) y el 1 % a Seguridad (11 millones de pesos).

La deuda ilegal con las comunas y los 100 millones “perdidos”

En tanto, la deuda que se contrajo con los municipios, por retenciones ilegales del dinero de la coparticipación que les correspondía cobrar, asciende a 481 millones de pesos.

En total, los ingresos coparticipables provinciales fueron, en el 2015, de 5.123 millones de pesos. Legalmente, el Gobierno se quedó con 1.092 millones de pesos y, fuera de la ley, lo hizo por 481 millones de pesos. Pero aún quedan 109 millones de pesos denominados en el informe como “diferencia contable”. Esto, aseveró Montero, hay que investigarlo, porque no se sabe qué ha sucedido con ese dinero.

La lupa sobre el personal

Según el informe, después del 30 de junio del 2015 (fecha límite permitida por la Ley de Responsabilidad Fiscal) el personal en OSEP creció en 84 personas, entre permanentes y transitorios. En el Iscamen el número de empleados aumentó en 32 personas, en el IPJC lo hizo en 51 personas y en la Dirección Provincial de Vialidad, el número bajó: ocho empleados menos, entre permanentes y transitorios.

Si bien el informe de la auditoría asegura que hubo organismos del Estado que no proporcionaron la información requerida sobre pases a la planta de personal realizados entre el 30 de junio y el 10 de diciembre del 2015, (Administración Central, Departamento General de Irrigación, Dirección General de Escuelas y Fiscalía de Estado), desde este último organismo aseguraron que sólo se realizaron dos pases a planta, acordados por paritarias.

Municipios: escandaloso crecimiento de la deuda flotante

La deuda flotante, que es la que se genera de un año para el otro por la administración de una gestión, creció en todos los municipios auditados.

El más preocupante es General Alvear, en donde había una deuda de 6,5 millones de pesos al 30 de junio, y cerró el año con 28,5 millones de pesos, es decir que creció cuatro veces y media. Guaymallén ostentaba hasta junio una deuda de 137 millones de pesos, y terminó el año con un pasivo de 182 millones, es decir, creció en 44 millones de pesos. En Las Heras, la deuda flotante comenzó siendo de 89 millones de pesos y terminó en 140 millones de pesos, es decir que creció 51 millones de pesos. Mientras, en Malargüe el rojo alcanzaba los 25 millones de pesos en junio y en el fin del gobierno anterior trepó a 35 millones de pesos.

El fiscal de Estado investigará

Desde la Fiscalía de Estado, organismo comandado por el justicialista Fernando Simón, aseguraron que los pedidos de investigación realizados por el Gobernador y la Vice, serán tenidos en cuenta y se realizarán las investigaciones correspondientes. De encontrarse irregularidades, se le dará vista a la Justicia.

Consultá aquí el informe completo de la AGN.