El actual sistema de patentes estadounidense condujo a situaciones monopólicas donde, con el pretexto de proteger la innovación, se favorece económicamente a algunas empresas. ¿Quiénes ganan y qué otras alternativas existen para estimular la innovación?

Los candidatos a la elección presidencial norteamericana compiten en su osadía por garantizar la reactivación de la economía. Finanzas, nuevas tecnologías, cargas fiscales, ecología: las propuestas no faltan. Pero hay una institución que no ha retenido la atención de los candidatos, a pesar de que constituye una de las principales trabas a ese “relanzamiento”: el sistema de patentes. El funcionamiento actual de este sistema es simple: el gobierno concede el monopolio de un producto o de un procedimiento a su inventor por un período determinado. En su origen, esta protección apuntaba a estimular la creatividad de las empresas y de los particulares. Fuente innegable de motivación, ella ha acompañado un gran número de invenciones notables. No obstante, la perspectiva de beneficiarse de una situación monopólica favorece también los comportamientos oportunistas, sin el menor valor social. Y cuanto más importantes son las ganancias que se anuncian, más se difunde este tipo de actitud.

En el sector farmacéutico, por ejemplo, el costo de las patentes sobrecarga la factura de los medicamentos reembolsables en más de 300 mil millones de dólares por año (un poco menos del 2% del Producto Bruto Interno estadounidense). Pero eso no es todo: el dispositivo, supuesto motor de la innovación, se caracteriza con gran frecuencia por su nefasto impacto sobre la salud de los pacientes. La industria de los medicamentos reembolsables padece, en forma considerable, la búsqueda de rentas monopólicas, dado que no existe ninguna reglamentación que sirva de marco a la fijación de precios por parte de quienes detentan las patentes. Hay medicamentos que pueden venderse en varios cientos de dólares, cuando en realidad no costarían más que una fracción de esa suma en un mercado verdaderamente libre. En casos extremos, como el de los nuevos medicamentos contra formas poco frecuentes de cáncer, los precios llegan a superar los mil dólares.

Consecuencia directa de este mecanismo: la brecha colosal que existe entre el precio y el costo reserva exclusivamente a los más ricos el acceso a ciertas moléculas que, sin patentes, podrían estar al alcance de todos. E incluso cuando los pacientes disponen de un seguro médico, obtener el rembolso de ciertos medicamentos cuyo precio es exorbitante resulta a menudo un verdadero desafío, o constituye una lamentable pérdida de tiempo y de energía para pacientes gravemente enfermos y para sus familiares.

Una simple arma jurídica

La esperanza de asegurarse generosas rentas puede conducir también a ciertas sociedades farmacéuticas a pecar de exceso de optimismo cuando garantizan la inocuidad y la eficacia de sus productos. Un ejemplo reciente: el Vioxx, medicamento muy difundido para personas que sufren problemas cardíacos.

Finalmente, el sistema de patentes incita a las empresas a concentrar sus investigaciones en productos susceptibles de ser protegidos. El 20 de marzo pasado, el New York Times revelaba que la aspirina podía reducir en un 30 % las probabilidades de desarrollar un cáncer grave (1); al día siguiente, el mismo diario publicaba un artículo sobre el ácido tranexámico, una molécula capaz de disminuir las hemorragias en un tiempo muy corto. Tanto en uno como en otro caso, puesto que el costo de las investigaciones no puede ser compensado por la renta ligada a la patente, la industria farmacéutica ha ignorado lo que habría podido constituir un gran avance para la medicina.

En otros sectores de la economía, especialmente en el de las nuevas tecnologías, es común que las patentes sirvan ante todo para alimentar onerosas batallas jurídicas. Ello sin que se trate de ninguna innovación, sino simplemente de obtener un arma jurídica para fulminar a los rivales. Así, Google compró recientemente Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares a fin de echar mano de sus muy numerosas patentes. Si ha de creerse en la prensa especializada, el gigante de internet se interesaba en tal tesoro sólo en la medida en que podría servirle en eventuales juicios contra sus competidores (2).

Cómo financiar la innovación

Sociedades como Apple, Samsung o Google tienen, en efecto, la costumbre de atacarse mutuamente por violación de patentes ante cada lanzamiento de un nuevo producto. ¿La idea? Obtener un mandato conminatorio de parte de un juez y retardar así varias semanas, o incluso varios meses la comercialización: un tiempo precioso para intentar apoderarse de interesantes porciones de mercado. Un poco a la zaga en la carrera por las patentes, debido a que claramente poseía muchas menos que sus competidores, a partir de ahora Google debería, gracias a la compra de Motorola Mobility, recuperar su retraso.

La mayoría de las invenciones no requiere ninguna protección específica. Hallarse en el origen de una innovación, en un dominio de actividad en pleno crecimiento, ofrece suficientes ventajas como para que sea superfluo añadirles un monopolio jurídico. En tales condiciones, ¿por qué no interesarnos en otros mecanismos a nuestra disposición para estimular la creatividad?

Pues existen otros medios de financiar la innovación (3). Joseph Stiglitz, premio del Banco de Suecia en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel, así como otros científicos, han propuesto un sistema de recompensas entregadas por el gobierno, quien compraría las patentes ligadas a medicamentos y las colocaría en el sector público. Cada año, por ejemplo, el gobierno estadounidense invierte 30 mil millones de dólares en la investigación biomédica a través de los Institutos nacionales de Salud (National Institutes of Health), cuyos trabajos gozan de una reputación mundial y les han valido numerosos premios Nobel. Fácilmente se encontrarán, para cada industria, dispositivos adecuados. El sistema de patentes, nacido en el siglo XV, ya no corresponde en absoluto a la economía del siglo XXI. Fracasar en su reforma podría costarnos muy caro.

Fuente: El Dipló