La Fiscalía de Estado informó que, luego de haber recibido el informe preliminar de la Auditoría de Corte realizada por la Auditoría General de la Nación, ya realizó diversos pedidos de informes -algunos son reiteraciones de solicitudes anteriores- a organismos mencionados en la auditoría. Así, la fiscalía ya expidió oficios a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC) y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen). Los organismos tienen cinco días para responder al requerimiento del fiscal Fernando Simón.

A través de estos pedidos de informe, Simón le ha solicitado a esas reparticiones que detallen y documenten la información proporcionada por la AGN respecto del manejo contable, financiero y de personal, con el objetivo de confirmar y ampliar los datos proporcionados por la auditoría pero también para identificar las piezas administrativas que puedan dar lugar a posibles investigaciones.

Entre las medidas tomadas por la Fiscalía se encuentra también un pedido de informe a la Tesorería General de la Provincia y al Ministerio de Hacienda para que remita información detallada de las retenciones que se habrían practicado sobre los salarios de los trabajadores que no fueron canceladas, y un detalle de la situación actual.

Retenciones por coparticipación

El informe de la AGN reveló que el Gobierno provincial contrajo una deuda con los municipios por retenciones ilegales del dinero de la coparticipación que les correspondía cobrar, la cual asciende a 481 millones de pesos. En total, los ingresos coparticipables provinciales fueron, en el 2015, de 5.123 millones de pesos. Legalmente, el Gobierno se quedó con 1.092 millones de pesos y, fuera de la ley, lo hizo por esos 481 millones. Pero aún quedan 109 millones de pesos denominados en el informe como “diferencia contable”.

La Fiscalía detalló que ya le había pedido informes en seis oportunidades -cinco al gobierno anterior y una al actual- al Ministerio de Hacienda pero que nunca respondió, de manera tal que ahora se reiteraron y ampliaron los pedidos.

Designación de personal

Según la Auditoría de Corte realizada por la AGN, después del 30 de junio del 2015, que es la fecha límite permitida por la Ley de Responsabilidad Fiscal para el ingreso de personal al Estado, la OSEP incrementó su personal en 84 personas, entre permanentes y transitorios. En el Iscamen el número de empleados aumentó en 32 personas, en el IPJC lo hizo en 51 personas y en la Dirección Provincial de Vialidad, el número bajó: ocho empleados menos, entre permanentes y transitorios.

Ante este panorama, la Fiscalía de Estado reiteró su ejercicio en el control de la legalidad de los procesos y que hasta el momento "se ha pronunciado en numerosas denuncias concretas recibidas, dictaminando respecto a la nulidad o inexistencia de ellas y fijando las pautas  legales a aplicar a todo otro caso análogo que exista".

Irregularidades en el registro de datos

Entre las múltiples irregularidades que denunció el Gobierno, con el apoyo de la Auditoría de Corte, se encuentra la realización de gastos sin la imputación preventiva, sin órdenes de pago y sin registración contable, situación que, entre otras cosas, da origen a la "deuda pinche". También hay atrasos "importantes "en registraciones contables y conciliaciones bancarias, libros contables que tenían hojas fuera de lugar, sin rubricar ni foliar y "algo que todo el mundo conoce en este tiempo, atraso notable en las publicaciones que se realizan en el Boletín Oficial", dice el comunicado oficial de la gestión Cornejo.

De hecho, Los Andes publicó el 8 de enero que hay unos 700 decretos del exgobernador Francisco Pérez sin publicar, la mayoría de nombramientos de funcionarios de la anterior gestión.

Al respecto, la Fiscalía informó que "en relación a las posibles irregularidades detectadas en los registros de normas jurídicas, se remitió copia del borrador de proyecto de informe recibido a la Fiscalía de Delitos Complejos (unidad fiscal N° 17) que venía conociendo en la investigación de la emisión de normas legales en forma irregular, a partir de la denuncia realizada por diversos legisladores de la Provincia".

Aspectos formales

Simón también advirtió que, por respeto a las competencias de control que la Constitución otorga al Tribunal de Cuentas, le compartirá toda la información que reciba para que también pueda intervenir.

Además, le pidió a la AGN que le envíe el informe definitivo, puesto que la documentación entregada es apenas un borrador de todo lo relevado, y que le solicite "a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación para la realización de la auditoría en la Provincia y el pertinente convenio firmado con las autoridades constitucionales correspondientes, al igual que se realizó en los casos de las auditorías de corte realizadas por la AGN en las Provincias de Córdoba (Res. 147/99), Santa Fe (Res. 14/08), Chaco (Res. 13/08) y Tierra del Fuego (Res. 12/08)".