La fiscal Gabriela Chaves, que investiga la supuesta defraudación a la administración pública por parte de la Tupac Amaru Mendoza, inspeccionó este martes un barrio de unas 600 viviendas que la organización construyó a medias en la ciudad de Lavalle, para lo cual había recibido 28 millones de pesos del Estado nacional. De esta manera, la causa volvió a tomar impulso. De hecho, la magistrada adelantó que insistirá en la prisión preventiva de Nélida Rojas, líder de la agrupación social; de Ramón Martínez, su esposo, y de sus hijos, sobre quienes pesa la acusación de asociación ilícita.

"Tratamos de establecer el estado de las obras, en qué quedaron y cómo fueron entregadas para poder luego compararlas con los expedientes administrativos, que son los que reflejan los avances de obras y todas la maniobras de fraude, según la hipótesis con la que trabaja la fiscalía", dijo Chaves.

"Hubo una entrega del Estado nacional de 80 millones de pesos y en este emprendimiento de Lavalle se entregaron 28 millones de pesos", se informó acerca de las casas, algunas de las cuales están terminadas. Otras siguen a medio de construir y muchas otras, tomadas. Según fuentes oficiales, la Tupac Amaru Mendoza debería haber construido unas 600 viviendas en la zona de Villa Tulumaya, sobre la Ruta 34, en Lavalle.

El año pasado, la prisión preventiva de Rojas y su familia provocó varios conflictos judiciales, por lo que ahora los acusados aguardan en libertad hasta que se vuelva a fallar sobre el tema. En su momento, todos quedaron presos, pero tras una apelación del abogado de la familia, Alfredo Guevara, la Octava Cámara del Crimen determinó su libertad mientras sigue el proceso, criticando la investigación de Chaves. Tras eso llegó el cuestionamiento a los magistrados de esa Cámara: Alejandro Miguel, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas, que se salvaron del juicio político por la medida tomada.

Al considerar que había contradiccciones en el fallo, la Fiscalía apeló ante la Corte, que finalmente falló a favor de que la Justicia mendocina siguiera investigando a la Tupac Amaru, ya que también surgió un supuesto conflicto de competencia con la Justicia Federal.

En diálogo con Los Andes, la fiscal señaló que volverá a pedir la “prisión preventiva” cuando se resuelvan las nuevas fechas procesales tras el fin de la feria judicial.  

"Hemos ordenado desde la fiscalía una inspección, que comenzó este martes pero continuará unos meses junto al Estado provincial y al Poder Judicial, en las obras que realizó Tupac Amaru, dentro del marco de la investigación del fraude a la Administración Pública, o sea, hecho de corrupción", explicó la fiscal a la prensa. Chaves señaló que en Mendoza la Tupac tiene abierta "varias causas, y la que está más avanzada es la de asociación ilícita", causa que la llevó a imputar y detener a Rojas, a su esposo y a otros familiares, pero que luego le valió la amonestación de la Octava Cámara del Crimen por entender que la funcionaria hacía mal su trabajo, y se ordenó la liberación de los detenidos.

"Ahora se tiene que fijar una nueva fecha. Todavía no me informaron cuándo será esa nueva audiencia, se tiene que integrar un nuevo Tribunal para que se haga nuevamente la apelación de la prisión preventiva", dijo hoy la fiscal.

En tanto, el abogado de la organización, Alfredo Guevara, criticó: "Luego de dos años, quieren ir a verificar la calidad constructiva y el estado del avance de las obras".

"Lo peor es que todo esto es nulo porque a nosotros no nos llegó ninguna notificación para que podamos definir a un perito de parte, así que en estos días iremos a plantear la nulidad de las pruebas, porque no pueden actuar de esa manera", adelantó el abogado.