Cada vez que colapsa un edificio, como ocurrió en Villa Gesell a fines de octubre, revive el debate sobre la seguridad en las construcciones y la importancia de las inspecciones edilicias rigurosas, especialmente en una provincia con mayor riesgo sísmico como Mendoza. La tragedia dejó en evidencia fallas estructurales, falta de control municipal y obras que no cumplen con las normativas vigentes. ¿Qué se hace en Mendoza para garantizar que las edificaciones sean adecuadas? Especialistas en la materia dialogaron con Unidiversidad sobre las vulnerabilidades del sistema y destacaron la necesidad de una regulación local más eficiente y homogénea, es decir un código unificado de construcción para facilitar los procesos de control.

La primera en mencionar esta necesidad fue Leticia Martínez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Mendoza. Según Martínez, el primer paso para cualquier obra, sea mayor o menor, debe ser la colocación de un cartel de obra que indique el tipo de trabajo, el profesional responsable y su matrícula. “Si un vecino detecta una construcción sin cartel, puede denunciar ante el municipio. Si no obtiene respuesta, debe recurrir a la Justicia o la Fiscalía”, explicó.

Según la especialista, el procedimiento estándar establece que toda construcción debe contar con la aprobación del municipio, que incluye la presentación de documentación técnica y el otorgamiento de un permiso de obra. Además, durante la ejecución, un profesional matriculado debe supervisar el proyecto y el municipio debería realizar inspecciones periódicas. Sin embargo, Martínez señaló que, en la práctica, estos controles son irregulares y frecuentemente inadecuados, lo que fomenta las obras clandestinas.

“Más del 50 % de las construcciones en Mendoza son clandestinas. Esto se traduce en edificaciones que no cumplen con las normas de seguridad, como las requeridas en una zona sísmica. Es lamentable que la gente elija hacer las cosas mal; sabe que puede pagar una multa y regularizar después. El sistema está diseñado para premiar las irregularidades en lugar de fomentar el cumplimiento de las normas”, resaltó.

Leticia Martínez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Mendoza. Foto: Memo.

En concordancia se encontró Matías Dalla Torres, director de Planificación Territorial de Mendoza, quien sostuvo que el control de las edificaciones en la provincia de Mendoza se encuentra mayoritariamente a cargo de los municipios, responsables de aplicar normativas específicas y realizar inspecciones que garantizan la seguridad y legalidad de las construcciones. Sin embargo, la dispersión de criterios entre los mismos y la falta de unificación en los códigos de construcción plantean desafíos significativos que buscan solucionar. 

Según él, muchas de las construcciones no cuentan con planos aprobados, lo que complica la regularización y aumenta el riesgo de accidentes. "Hemos identificado más de 18.000 metros cuadrados clandestinos en la provincia. Aunque la tecnología, como los drones, ha mejorado la detección, el problema persiste debido a la falta de recursos", señaló.

“Más del 50% de las construcciones en Mendoza son clandestinas", afirmó Martínez.

Por otra parte, Francisco Crisafulli, ingeniero estructural y docente de la UNCUYO, explicó que en los municipios del Gran Mendoza existen procedimientos establecidos que son robustos en comparación con otras provincias, que incluyen la revisión de planos, memorias de cálculo y documentación técnica antes de iniciar una obra. Sin embargo, el sistema necesita mejoras. El ingeniero resaltó que la calidad de una construcción no depende únicamente de la regulación, sino también de su correcta ejecución y supervisión durante el proceso constructivo.

"Es fundamental que los terrenos donde se construye sean aptos. Muchos lotes son vendidos de manera informal y no tienen autorización para edificar. Esto debería ser revisado antes de cualquier inversión", aconsejó.

Más seguridad = Código Unificado de Construcción

Si bien Mendoza ha unificado los criterios generales de construcción con la Nación —a través del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (Cirsoc) que, a su vez, trabaja junto con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y desde el 2007 cuenta con el Consejo de Reglamentos de Seguridad Estructural de Obras Civiles, donde participan instituciones como la UNCUYO, la UTN y el Consejo Profesional de Ingenieros— para las y los expertos es imperativo que se unifiquen los controles a nivel municipal.

Matías Dalla Torres, director de Planificación Territorial de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

“La unificación es significativa no solo en términos de seguridad, sino también en la calidad de las construcciones”, destacó Martínez. Y afirmó que muchos propietarios optan por técnicos no capacitados para ahorrar costos, lo que deriva en estructuras que no cumplen con los estándares básicos. "Es como elegir un médico sin referencias para una cirugía. En una casa, que es una inversión enorme, no debería ser diferente”, comparó.

Por su parte, Dalla Torres explicó que Mendoza cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, que establece lineamientos generales que deben ser adaptados por los municipios en sus propios planos locales. A su vez, cada municipio implementa un Código Unificado o Urbanístico, que detalla los parámetros de construcción y seguridad. 

“Este código toma como base la sostenibilidad, seguridad ciudadana y mitigación de riesgos, pero su implementación varía entre municipios, lo que complica la homogeneidad en los procesos de control”, afirmó el funcionario y destacó que los controles incluyen, además, la presentación de planos estructurales, eléctricos, sanitarios, de incendios y arquitectónicos, entre otros, cuya revisión requiere equipos capacitados y recursos que no siempre están disponibles. “Es un proceso complejo que muchas veces genera demoras y enfrenta la falta de personal especializado”, agregó.

Francisco Crisafulli, ingeniero estructural y docente de la UNCUYO. Foto: UNCUYO.

Una de las propuestas del Colegio de Arquitectos es unificar criterios básicos de edificación en Mendoza, especialmente en el área metropolitana, sin afectar la autonomía de los municipios. Esto incluiría estándares mínimos de habitabilidad, como ventilación, iluminación y seguridad estructural. Además, Martínez sugirió simplificar los trámites y garantizar que toda propiedad cuente con planos técnicos detallados.

Actualmente, la falta de documentación técnica en propiedades es un grave obstáculo. “Vender una casa sin planos estructurales es como vender un auto sin papeles. Esto no debería ser permitido, menos en una provincia sísmica como Mendoza”, enfatizó.

En ese sentido, el director de Planificación Territorial de Mendoza, afirmó que la provincia coordina controles y promueve la legalización mediante relevamientos y sanciones, pero el problema persiste.

La necesidad de voluntad política

La presidenta del Colegio de Arquitectos subrayó la necesidad de unificar los criterios entre los municipios. “Hoy en día, cada municipio tiene requisitos distintos, lo que genera ineficiencias y desigualdades en los controles. Para ella, tomar esta decisión no debería ser difícil. "Esto podría solucionarse con un acuerdo básico en una hoja de A4”, afirmó. Sin embargo, los intentos previos para unificar los códigos municipales, incluido el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, no prosperaron debido a la resistencia de distintos gobiernos de turno que argumentaron incompatibilidades con sus realidades de gestión.

“Con la tecnología que hoy se tiene, podríamos homologar los códigos y facilitar el cumplimiento. Esto no solo daría más seguridad, sino que también incentivaría la inversión, que actualmente se pierde debido a la burocracia”, destacó Martínez.

En este sentido, la actual administración provincial ha retomado el diálogo con los municipios para alcanzar acuerdos, confirmó Dalla Torres. "Desde febrero de este año, se realizan mesas de trabajo que han permitido avanzar en aspectos como la creación de listas unificadas de documentos necesarios y métodos comunes para cálculos estructurales. Aunque hemos logrado avances, como listas estandarizadas de elementos a presentar, aún hay resistencia por parte de algunos municipios, ya que prefieren criterios más flexibles y liberales", admitió.