La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es una respuesta eficaz contra el crimen organizado que radica en la persecución de toda clase de activos que integren la riqueza obtenida de la actividad criminal.

Es una consecuencia jurídico-patrimonial de actividades ilícitas que declara la titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere la ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna. Es un instrumento de política criminal.

Durante estos días el Senado busca alcanzar un consenso que permita avanzar con la sanción de un proyecto de ley, que establezca el proceso de extinción de dominio de los bienes obtenidos mediante delitos.

Esto es después de un par de semanas en las cuales el oficialismo y la oposición decidieran postergar la firma de un dictamen para consensuar un único proyecto.

Independientemente de los matices que los distintos bloques proponen y que se detienen en detalles técnicos, es fundamental que esta norma se sancione y lo haga antes de diciembre, dado que de lo contrario, se caería el proyecto.

La realidad en nuestro país, tras el accionar de la justicia que está poniendo en foco causas de corrupción durante la gestión anterior, hacen que sea necesario, hoy más que nunca, contar con legislación que permita al Estado recuperar algo de lo perdido en acciones delictivas fuera y dentro de él.

Sin embargo, los legisladores parecen no estar a la altura de las circunstancias y una vez más, demoran el tratamiento de una ley que debería ser promulgada para que los fondos que fueron desviados, encuentren su destino en beneficio de quienes lo necesitan.

No sería correcto pensar que los legisladores van a priorizar los intereses de los delincuentes antes del bien general. Es por ello que desde UCIM instamos a que sea tratado cuanto antes.

Es hora de comenzar a funcionar como países modernos. En primer lugar, evitando gestiones que utilicen las “coimas” como metodología para asignar obras a determinadas empresas o que soliciten devolución de favores. En segundo lugar, estableciendo mecanismos de control y castigo ante estas conductas. Y, en tercer lugar, sancionando la ley en cuestión que permita al Estado acceder a activos que integren la riqueza obtenida de la actividad criminal.

Solo tras la ejecución de estas medidas, los ciudadanos de a pie, los que todos los días trabajamos y ponemos el mayor esfuerzo para llevar nuestra vida, nuestras familias y nuestros proyectos, podremos ver alguna luz de esperanza en que no todo es negociado y fraude y en que quienes dirigen nuestros destinos, de verdad, quieren hacer grande nuestro país.