El pasado 21 de enero de 2013 se presentó el caso del ciudadano ecuatoriano oriundo de Macas, Luis Ariolfo Solórzano, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se encuentra en la ciudad de Estrasburgo (Francia), máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. 

El pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convertiría en un precedente para la creación de un nuevo marco normativo que permita a los ciudadanos y ciudadanas en España superar el conflicto ocasionado por la crisis hipotecaria. A la vez, permitiría promover el acceso a la vivienda social como una garantía para vivir una vida digna en una democracia que se sustente en los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo del Ecuador tiene como competencia la promoción y defensa de los derechos de los habitantes del país y de los ecuatorianos en el exterior. Desde diciembre de 2011, en conjunto con la Embajada de Ecuador en España, está brindando asesoría legal gratuita a los ecuatorianos aquejados por la crisis hipotecaria. En pos de ello, contrató un grupo de juristas y ha auspiciado algunos casos ecuatorianos ante la justicia española. 

El caso Solórzano agotó todas las instancias judiciales españolas y fue presentado ante el TEDH, en busca de tutela judicial, garantía de derechos fundamentales y justicia. Para la defensoría, se trata de un caso paradigmático que representa la situación de muchos habitantes de España afectados por la crisis hipotecaria.

De acuerdo a la demanda, se habría violado el derecho a la tutela judicial efectiva, por ende, el derecho a la defensa ya que, desde el momento de la firma del contrato hasta la ejecución hipotecaria, el deudor no tiene la posibilidad de impugnar por sus derechos fundamentales, por lo que se solicitó al TEDH que dispusiera la modificación de la normativa procesal española.







En España, entre 1998 y 2007, con recursos propios y enormes inversiones de Europa y Estados Unidos, los bancos inyectaron fabulosas cantidades de dinero en el negocio de las viviendas y las hipotecas para satisfacer, no sólo las crecientes demandas nacionales, sino a un nuevo y jugoso segmento del mercado: los inmigrantes, que ya en 2008 superaban los 5 millones de personas, quienes se vieron forzados a endeudarse para comprar vivienda puesto que esa condición se les impuso para permitirles reunificar a sus familias.

Hace una década, en España todo favorecía al negocio inmobiliario. Bancos dispuestos a invertir capitales internacionales buscando rentabilidad, bajos intereses, incentivos fiscales, alquileres elevados y sin regulación, y un mercado libre, sin controles estatales, fueron campo abierto para que los dueños del capital impusieran sus términos.

Hoy, 10 años después del boom inmobiliario, uno de cada cuatro adultos en España, mujeres y hombres en igual proporción, están en el desempleo, y más de la mitad, son jóvenes. Casi el 30% de la población bordea la pobreza y en ese entorno, desde el estallido de la crisis, los bancos desalojaron de sus viviendas o locales a más de 400 mil familias propietarias. En más del 80 por ciento de los casos, en esas viviendas vivía al menos un menor de edad. Tres de cada 10 familias afectadas por los desalojos son extranjeras y se calcula que entre 8 y 15 mil son ecuatorianas.

Como consecuencia de esta crisis, las familias que viven en España están condenadas al pago de una deuda eterna, a la exclusión social y la pobreza. Se ven así privadas no sólo del derecho a la vivienda, sino también de otros derechos conexos como educación, salud, derecho a la intimidad familiar, derecho a una vida digna, entre otros.

Video documental de La Defensoría del Pueblo, con el tema: "Crisis Hipotecaria de Ecuatorianos en España".