Desde que la sociedad es sociedad, sus miembros vienen incurriendo en una determinada práctica. Esta consiste tradicionalmente en que los más experimentados, los ancianos, transmiten sus conocimientos a la nueva generación. De esta forma, los más jóvenes incorporan a su repertorio las habilidades y saberes que a sus predecesores les costó más trabajo adquirir, en lugar de tener que pasar por el mismo proceso de descubrimiento. Con esta ventaja sobre ellos, su potencial de aprendizaje llega a límites inexplorados.

La práctica a la que se hace referencia es la educación. Inspirándose en la antropología del teórico Paulo Freire, la profesora de la Facultad de Educación de la UNCUYO, Fernanda Apaza, afirma que “en tanto inacabados, estamos todo el tiempo en procesos formativos y todo el tiempo estamos mezclados en procesos pedagógicos, necesarios para seguir potenciando a una humanidad que nunca tiene techo”.

La tarea de educar fue asumida por las familias, las comunidades y, eventualmente, la Iglesia católica. Con el paso del tiempo y la constitución de los estados nacionales, la educación se impuso como un derecho universal y el Estado se hizo cargo de brindar ese derecho. Pero hoy, a más de 130 años de la Ley 1420 de Educación sancionada en 1884, todavía hay sectores que ven mermado su acceso al sistema educativo. Persisten brechas que ni siquiera tener una escuela a una cuadra de distancia pueden salvar.

“Cuando se hablaba de acceso a la educación, también se asumía que con el solo acceso se tenía también la igualdad en la calidad, pero lo cierto es que estudios han registrado una suerte de paralelismo en el sistema, donde se producen circuitos de acceso a la educación para pobres con menor calidad, que no le permiten al sujeto avanzar en el sistema”, diagnostica Apaza.

Lo fundamental está en entender el derecho a la educación como un derecho social y no solamente como uno personal o individual. Según la docente, “cuando yo describo la educación como un derecho lejos de un bien colectivo, restrinjo el rol del Estado, porque (de esta forma) el Estado con la sola apertura de escuelas cumpliría su rol; es decir que garantizaría la igualdad de acceso”.

Lo social, en cambio, interpela sectores e instituciones ajenas al sistema educativo. Involucra otros factores, como pueden ser realidades económicas diversas y situaciones desiguales en los hogares de cada persona que busca ejercer su derecho a educarse.

No alcanza con disponer de escuelas y de cupos en las mismas para brindar una educación de calidad para todas las personas. Ejemplos de otros impedimentos sobran. Apaza cita algunos: “Alguien que es sostén de hogar; alguien que tiene que estar trabajando; alguien cuyas zapatillas no se secan y tiene un solo par, entonces una semana va y a la semana siguiente falta tres días; alguien que tiene una sola comida diaria”.

Realidades como estas hacen que surja el interrogante de qué tan inclusiva es la educación existiendo condiciones de desigualdad en el espectro social. Allí la competencia escapa del sistema educativo y se amplía a todas las áreas del Estado. “Cuando me planteo la igualdad respecto de las condiciones de partida, yo necesito, como Estado, ser sensible a la condición de algunos colectivos para sostenerlo allí, donde hay desigual punto de partida. Entonces, encontramos un rol del Estado diferenciador, que de manera compensatoria intenta disminuir las desventajas”.

Fernanda Apaza es profesora en la Facultad de Educación de la UNCUYO. Enseña Política y Legislación de la Educación, Pedagogía, Sistema de Institución Educativa y Teoría de la Educación. Foto: Victoria Gaitán.

Dependencia y políticas públicas

La conclusión de que el Estado debe ocuparse de la igualdad antes y después de las horas de clase para garantizar una educación más equitativa para todas las personas no se agota en la variable de la clase social. Existen otras desigualdades. Las religiosas (especialmente en sociedades orientales), aquellas que padecen las personas en situación de discapacidad y las de género.

Pueden verse en el caso de una niña o adolescente que se ve obligada a ayudar en las tareas de limpieza mucho más que su hermano varón, lo que termina quitándole tiempo para dedicarle a sus estudios. Ahí hay una injusticia, un tratamiento desigual con raíces en el machismo que repercute en la educación de la niña en cuestión. Y, si bien el cuerpo docente y las autoridades escolares no tienen la posibilidad de intervenir en situaciones que ocurren puertas adentro de una casa –a menos que se trate de casos más extremos de violencia–, el Estado pudo haber aplicado políticas de concientización sobre el género para evitar esa desigualdad. Es sólo uno de los ejemplos.

Las políticas públicas que son necesarias, según la profesora Apaza, son aquellas que se planifican después de escuchar las necesidades sociales. “El punto es que nosotros estamos en el marco de una economía que la historia hizo dependiente. El problema no es ideológico, el problema es tu ubicación en la geopolítica”. En consecuencia, “ese es el peligro de escuchar a los organismos internacionales para que nutran las políticas públicas, porque los organismos internacionales como el Banco Mundial lo que restringen son las variables sociales de mis decisiones personales”, manifiesta la docente.

La crisis permanente de una práctica milenaria

Antigua como es, la educación fue asumida de manera formal e institucionalizada por los gobiernos del mundo desde la Revolución Francesa. En Argentina, hace menos de un siglo y medio. Sin embargo, muchos de sus paradigmas todavía están intactos, acumulando polvo y resistiéndose a ser tocados en un mundo que cada vez cambia con más velocidad.

“El punto es que nada con 200 años de antigüedad serviría, porque imagínense como cambió todo. Entonces no puede hoy la escuela estar renuente a dinamitar sus bases. Tiene que dinamitar sus bases. Tiene que repensarse. Tiene que animarse a tocar su ADN. Esa es la idea. Porque como fue creada, nunca va a estar a la altura de lo que se demanda”. La idea de una constante renovación que plantea Apaza en su frase incluye tanto los métodos de enseñanza como los contenidos.

Uno de los planteos es que, con los cambios que introdujo la tecnología, algo ha cambiado en el seno de la educación. “De un tiempo a esta parte, asistimos a que quienes mejor están preparados para responder a las demandas de este tiempo no son los más viejos de la sociedad, sino que son aquellos que más han sabido adaptarse a las tecnologías, y que más se han sabido adaptar a ciertos códigos y lenguajes diversos”.

Educar en el mundo actual ya no es un proceso de mera transmisión de conocimientos de una persona de mayor edad a otra más joven, sino que requiere de un diálogo intergeneracional. “Hoy, aquellos que están revolucionando todo tienen menos de 30”, afirma Apaza, al tiempo que resalta que esto habría sido impensado antes del arribo de las últimas tecnologías. Por último, “la escuela, cuando se consolidó como institución, nos generó una falacia […] Nos hizo creer que los únicos saberes que existen son los saberes académicos, y hay cantidad de saberes que han sido negados”. Los campos de saber a los que hace referencia son los populares, como los saberes comunitarios, los saberes ancestrales y los saberes prácticos.

La necesidad de que la educación ayude a vivir y a convivir implica una constante renovación. Una crisis permanente que provoque cambios y así cumpla con la idealista definición de la educación, aquella que la valora como un instrumento para que la humanidad progrese indefinidamente. Es así porque, según define la profesora, “no hay derecho a la educación pensado en términos de calidad de la educación sin que necesariamente se deba repensar qué sería una educación de calidad”.

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Derecho estructural

La educación como derecho humano es la base que conecta con los otros derechos para construir sociedades más igualitarias.