El caso de una niña de 11 años que sufrió una violación de su padrastro y quedó embarazada impactó en la provincia y a nivel nacional a lo largo de las últimas semanas. También, a la espera de la votación en Diputados de la Nación del proyecto de legalización del aborto el 13 de junio, se reavivó el reclamo de la aplicación del protocolo de aborto no punible en Mendoza. De hecho, ayer martes 29 de mayo, el senador provincial por el FIT, Lautaro Jiménez, pidió que la Legislatura trate la adhesión de la provincia a ese reglamento con base en un proyecto ya presentado por la senadora Noelia Barbeito.

Ya en agosto del año anterior, por ejemplo, fueron noticia hechos similares que involucraban a una niña de 10 años y a otra de 13. En Salta, el caso de una niña de 11 años violada por su padrastro provocó que el gobernador Urtubey adhiriera mediante un decreto a ese protocolo nacional.

“Son casos de abuso gravísimos, y son niñas que evidentemente están en el sistema escolar. Nosotros prestamos muchísima atención a eso y por eso es que insistimos mucho con el programa de Educación Sexual Integral (ESI)”, afirmó a Unidiversidad Jaime Correas, director general de Escuelas, sobre el último caso ocurrido en San Carlos.

Consultado sobre el protocolo en sí, Correas señaló: “El protocolo de aborto no punible es un tema de salud pública. Es un tema que nos excede a nosotros. Cuando hay un hecho de estos, se ha llevado adelante el protocolo de aborto”.

¿Podría haberse llevado a cabo la interrupción del embarazo en el caso de la niña de 11 de San Carlos? “Me parece muy difícil, porque está en el quinto mes de embarazo. Creo que ya no es aplicable el protocolo”, opinó Correas. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que el protocolo establece los procedimientos recomendados en embarazos de hasta 22 semanas, y este caso estaba dentro de ese plazo.

Con respecto al debate por sí o por no con respecto al aborto legal, el director de Escuelas se limitó a responder: “No voy a opinar. No me corresponde”.

La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles se aplica a embarazos de riesgo en los que peligra la vida de la mujer o su salud, sin poder evitarse por otro medio. También se aplica a los embarazos forzosos, producto de una violación.