El director general de Escuelas Jaime Correas se presentó junto a funcionarios de su cartera ante los miembros de la comisión de Labor Parlamentaria de Diputados para brindar explicaciones sobre el seguimiento que desde el organismo se lleva adelante sobre el caso Próvolo.

Beatriz Della Savia, directora de Educación Privada, les comunicó a los legisladores que desde que salieron a la luz las denuncias de abuso en el instituto de Luján de Cuyo se realizó un “barrido” desde el año 2000 en adelante para dar con cualquier tipo de denuncia que alertara sobre lo que ocurría en el Instituto Próvolo.

Sin embargo, la funcionaria descartó la existencia de dichos documentos: “En el barrido que se hizo desde el 2000 no hubo denuncias sobre el Próvolo". Asimismo, Della Savia afirmó: “El Estado debe ahora garantizar el derecho de los niños a tener oferta educativa, a seguir escolarizados y, por lo tanto, las acciones que se tomen también tendrán que ver con el avance de la causa judicial”.

Desde la DGE informaron a los legisladores que, inmediatamente conocido el caso, se solicitó a la justicia la prohibición de acercamiento de la orden religiosa con los alumnos del instituto, a la vez que se decidió la presencia de forma preventiva de la supervisión en la institución hasta el final del ciclo lectivo y se conformó un equipo de contingencia “ante los casos que pudieran surgir espontáneamente”.

Instituto Próvolo: los relatos del horror

No obstante, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores cruzaron a los funcionarios de la DGE al señalar al organismo como uno de los responsables últimos a la hora de saber lo que ocurría en la institución religiosa. El encargado de mostrar su disconformidad con las explicaciones que brindó el organismo conducido por Correas fue el diputado Lautaro Jiménez, miembro de la Comisión de Derechos y Garantías.

Jiménez  señaló que “según la DGE, hicieron un rastreo de todos los expedientes entre el año 2000 y la actualidad, y no encontraron ninguna denuncia por irregularidades a esta institución, menos aún sobre abusos o maltratos”.

“Cuando le consultamos cómo la Supervisión no se había percatado de lo que sucedía en el Próvolo, los funcionarios de la DGE argumentaron que se encontraban frente a una ‘organización sistemática’ que ocultaba lo que allí sucedía y protegía a los abusadores haciendo imposible que la Supervisión y la DGE se enteraran de lo que allí sucedía, para no hablar de la completa participación de las jerarquías eclesiásticas y el Arzobispado en el armado de esta organización sistemática de abusos, torturas y sometimiento de niños”.

Piden que la Dirección de Educación Privada dé explicaciones

El legislador también exigió a la directora de Educación Privada que se brinde información sobre las instituciones educativas dependientes de la Iglesia Católica que se encuentran bajo la supervisión de la DGE y la cantidad de cargos y subvenciones que se destinan a las mismas, “una información fundamental para ver hasta dónde puede extenderse esta organización criminal con base en el Instituto Próvolo y el entramado institucional de los abusos eclesiásticos en las escuelas”.