Mariano Ciafardini, vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, estuvo en la provincia con motivo de disertar en el Seminario de Seguridad y Democracia que se dicta en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

En ese marco NU Digital dialogó con el especialista sobre un tema que en los últimos años se ha vuelto ubicuo en la sociedad argentina: el de la inseguridad.

Ciafardini considera que se trata de un fenómeno que no es nuevo, sino que fue  gestado hace tres décadas a nivel regional. En concreto, la inseguridad urbana se instaló en Latinoamérica “con el advenimiento y la consolidación de las políticas neoliberales”, explicó el especialista en su exposición.

En este sentido señaló que “a mayor desocupación, más elevados serán los índices del delito”, por lo que considera que a la inversa de lo que transmiten los medios de comunicación de nuestro país, desde la reactivación económica vivida en los últimos 7 años, “la tasa de delitos bajó en Argentina”.

Por su larga experiencia en gestión en seguridad ciudadana, Ciafardini  descarta las medidas represivas para prevenir delitos y controlar criminales, sino que propone “la reinclusión social de aquellos que fueron expulsados hacia los márgenes sociales”. Para el criminólogo  ésta es la “principal política publica de prevención de la violencia” debido al carácter inclusivo y democratizador que conlleva.

- En la conferencia usted habló de que había un crecimiento del delito ¿se puede hablar entonces de que en la actualidad hay una crisis de la inseguridad?

- Estoy hablando de Latinoamérica, de la región en general. No estoy diciendo que haya crecimiento del delito específicamente en Argentina, porque acá no lo ha habido desde los últimos años. Además me refiero a una época, en realidad lo que sostengo es que ha habido un incremento del delito muy importante en toda la región latinoamericana desde mediados de los años 80 hasta hoy.  Y que todo este proceso ha sido determinado por la profundización de la marginalidad y las desigualdades que se produjeron justamente en ese periodo, es decir cuando se instaló en la región lo que se llamó la globalización y las políticas neoliberales.

En ese contexto aparecieron fenómenos nuevos, como la marginalidad, que antes no existían y  fue lo que produjo el aumento sustancial de delitos comunes, es decir, de de robos y hurtos pero también hechos de violencia relacionados con el hacinamiento, la promiscuidad. También empezaron a aparecer los delitos graves, como tráficos de drogas y tráficos de ilícitos que también tuvieron su asentamiento en esos sectores marginales y que usaron como mano de obra a muchos jóvenes de esos sectores. Entonces para mí la denominada “inseguridad” está relacionada con todos esos aspectos y encuentra su culpa en los aumentos de violencia ocurridos en esas épocas. 

- ¿Y  a nivel nacional?

- A nivel nacional ha pasado lo mismo hasta la crisis del 2001, cuando estalla todo y se alcanzan los niveles de delitos más altos de toda la historia del país. Ya  a partir del año  2003 y del 2004 empezó a descender el nivel de robos y hurtos, y también el de homicidio... muy paralelamente al descenso  de la tasa de desocupación. Hasta lo que se tiene medido oficialmente es así.

- Si usted explica que cuanto más desocupación hay, más delitos se presentan ¿se puede vincular directamente  pobreza con delincuencia?

- No, yo hablo de una relación entre exclusión y violencia, lo que digo es que cuando las causas de la pobreza se vuelven estructurales, ante tantas necesidades reales, lo que se genera en tales sectores es violencia, lo que equivale a negar que la violencia sea una cualidad natural de los humanos, es decir, que exista por naturaleza una maldad humana. Este último punto de vista es el que promueve medidas represivas para frenar la violencia, pero si entendemos que la misma parte de la exclusión, por lo tanto hay que trabajar políticas de reinclusión social.

- Más adelante usted dijo que  no hay aumento del delito en el país en los últimos años, entonces ¿a qué responde el clamor social del último tiempo por mano dura?

- A mí me parece que eso está muy incentivado por campañas de prensa que toman un hecho trágico que pasa tanto acá en Argentina como en muchos otros países, que lo reitera y reproduce e insiste de manera publicitaria hasta la exageración y va cargando tintas con esto.  También hay sectores, sobre todo de clase media que han buscado la seguridad desesperadamente yéndose a countrys, barrios cerrados y que de todas maneras, aun así,  uno no puede despegarse de la realidad de todo un país. Cuando ocurren hechos delictivos trágicos que tienen como víctimas a jóvenes de sectores medios  esto impacta de manera brutal en la búsqueda de seguridad absoluta y esto destruye todo el imaginario social.

La aparición de este reclamo desesperado de seguridad es producto de una desesperación que está atravesada por la intencionalidad política de los medios de comunicación porque, por ejemplo: las manifestaciones por los chicos de clase media secuestrados se hacen en Plaza de Mayo y en realidad el Gobierno nacional no tiene responsabilidad sobre el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, entonces ¿por qué se hacen en Plaza de Mayo si los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires? Y en todo caso, si hubo alguno que ocurrió en la ciudad de  Buenos Aires ¿por qué no se hace también frente a Macri? Es decir que acá hay una influencia de los medios en dirigir esta desesperación con una clara intencionalidad política.

- ¿Qué políticas públicas en prevención del delito recomienda?

- Las más eficaces de las políticas públicas en esta materia son las que apuntan a la inclusión social, que tengan componentes de inclusión sobre todo en el sector juvenil. Es necesario entender que la mayoría de los jóvenes que cometen delitos fueron y son víctimas del sistema de exclusión social, por lo tanto es fundamental trabajar en políticas de reinclusión que brinden oportunidades reales a los que hasta el momento han sido negadas de ellas. También me parece muy importante desarrollar la línea de participación ciudadana, sobre todo en el control del desempeño policial.

- ¿Puede ampliar este último aspecto?

- Generar políticas que incentiven a la participación ciudadana se traduce en una profundización de la democracia, lo que a su vez promueve el involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones que permitan frenar el avance la de corrupción institucional que involucra a la policía, y que también genera inseguridad.

Me refiero a esto porque las políticas neoliberales también provocaron una degradación de lo institucional, entre ellas las de seguridad, que terminaron propiciando la corrupción policial, y esto es algo que se vincula directamente con el aumento del delito.

- ¿Qué opina sobre el proyecto de ley del Servicio Cívico Voluntario impulsado por sectores de la oposición?

- Es un disparate total porque las Fuerzas Armadas no están para cumplir ese papel, de ninguna manera. La inclusión social y la capacitación de los jóvenes se debe hacer no desplazándolos a instituciones totales ni a lugares cerrados como son los cuarteles, que ya de por sí tienen una simbología que no va ni con el espíritu juvenil  ni con la reconstrucción de vida. Sino que se tienen que desarrollar planes y programas desde los lugares en los que estos jóvenes están., por ejemplo que puedan ir al colegio como va todo el mundo, y que tengan opciones laborales, que si tienen que hacer capacitaciones también que las hagan donde las hace cualquier persona, porque si no es como un pre encierro, y en este sentido ya el mensaje es malo.

- ¿En qué sentido considera que es un “mensaje malo”?

- Y,  si este proyecto de educar en cuarteles está pensado para aquel joven que es pobre porque puede ser peligroso, pasa a ser un mensaje malo en el sentido estigmatizador, lo que  después se replica en mayores actos de  violencia, como sucede con toda medida no inclusiva.