Un grupo de senadores del radicalismo presentó una denuncia penal por enriquecimiento ilícito del exgobernador Francisco Pérez y de su esposa, Celina Sánchez. Por eso, "Paco" se presentó en la Fiscalía Especial ubicada en el Palacio Policial para entregar un escrito.

Ese documento, según explicó Pérez, tiene sus datos personales y algunas sugerencias que le hizo al fiscal de la causa con el objetivo de adelantarse a "cualquier intento de confundir a la ciudadanía por parte del gobernador Alfredo Cornejo". "Uno puede cuestionar mi gestión y eso se hace desde la política; lo que no voy a permitir desde ningún punto de vista es que se cuestione mi honestidad y la de mi señora esposa", declaró.

Además, dijo que se pone a disposición de la Justicia para ofrecer todas aquellas pruebas aclaratorias de la situación patrimonial. "Esto es una cuestión política que intenta una vez más calumniar, injuriar de manera dolosa, intentar una permanente cortina de humo sobre los problemas que acarrea la ciudad de Mendoza", observó el exgobernador.

Además, explicó que le pidió al fiscal que envíe un oficio a la Escribanía General de la gobernación, donde está su declaración jurada de cuando asumió como ministro de infraestructura en 2007 y el mismo documento de cuando juró como gobernador de la Provincia. "Ahí queda radicada la gran barbaridad injuriante y calumniante de la denuncia", espetó.

Aclaró que parte de sus bienes los adquirió a través de un juicio a una cadena de supermercados muy grande, que realizó un grupo de abogados del cual él era miembro. Aseguró que realizaron más de 300 juicios, por los que cobraron una suma de dinero “importante”, que está bancarizada.

Se dijo también que Celina, la esposa de Pérez, no tenía ingresos. Él esclareció que no sólo tuvo ingresos directos sino que también, desde el año 2000, recibió indemnización por un juicio laboral; además, tenía un departamento en la Capital y lo vendió. Lo mismo sucedió con una propiedad de él.

Pérez observó que los mismos senadores que lo denunciaron fueron los que no apoyaron la ley en la que el exgobernador obligaba a todos los funcionarios a presentar una declaración jurada al asumir su cargo y al dejarlo.

Desde el punto de vista del exmandatario, la denuncia es un show mediático para tapar el fracaso legislativo del decreto con el ítem aula después de 12 años paritarios. Asimismo, anunció que en su debido momento denunciará civilmente a cada uno de los denunciantes por el daño moral que, dice Pérez, están ocasionando.

El departamento de las Torres Agustinas

En 2013 Francisco Pérez cobró los honorarios por los mencionados juicios, más otros depósitos bancarios, y con ese dinero compró el departamento en las Torres Agustinas. La operación de compra se hizo con el 50 %, dato que está registrado en un acta notarial, y con un plan de pago de garantía hipotecaria.

Ese departamento no está escriturado sino que tiene un boleto de compra-venta, donde se hacen 12 cuotas a un precio y otras 12 cuotas a otro, sucesivamente hasta el 2018. Apenas se compró fue alquilado y con parte de ese dinero pagan la hipoteca.

Esto quedó asentado en la declaración de ganancias de Celina de 2013 y en la Oficina Anticorrupción. Pérez explicó que lo puso a nombre de su esposa para que, en caso de que a él le pase algo, evitara cualquier trámite sucesorio. Aún no se había convalidado el nuevo Código Civil; entonces la figura de concubina no era una figura regular en el ámbito del Derecho.
 

Contra la vicegobernadora

 Además de recomendar al gobernador que mire para adelante y se dedique a gobernar, en vez de seguir mirando para atrás, y asegurar que será un “celoso controlador de todas las emergencias que está declarando”, Pérez fue muy duro con la auditoría que presidió Laura Montero. Calificó esa auditoría como una vergüenza, un circo mediático, un “papelón”. En este sentido, explicó que no es creíble que un estado que gasta o invierte 60 mil millones de pesos, con todas las instituciones que tiene, no se pueda auditar y presentar un informe serio y responsable en 15 días.