La aparición de la COVID-19  y la posterior implementación de la cuarentena obligatoria para combatirlo desnudaron un sinfín de dificultades de toda índole en todos los rincones del mundo. Esa situación, sumada al paso de los días y la complejas circunstancias financieras que atraviesa el país, agravaron las consecuencias para la mayoría de los inquilinos.

Dentro de ese escenario plagado de inconvenientes económicos,  aparece uno puntual que ataca, en mayor o menor medida, a todos los involucrados, y su solución parece no vislumbrarse en el corto plazo: hablamos de los alquileres en todas sus formas.

Al interior de este rubro, los alquileres habitacionales son los que más problemas han generado hasta el momento, ya que son miles las familias argentinas que no pueden enfrentar sus obligaciones por esta situación excepcional.

Entre ellas, encontramos familias a las que se les redujeron considerablemente los ingresos y no pueden pagar sus alquileres, otras a las que se les venció un contrato y no se pudieron mudar, y otras que ya tenían firmado el contrato de su próxima vivienda y quedaron en medio de dos compromisos vigentes.

Del otro lado de la vereda, están las personas que alquilan sus propiedades y quieren recibir el pago correspondiente. En el medio, aparecen las inmobiliarias, que permanecen cerradas y no emiten ningún tipo de respuesta.

Por ello, desde Unidiversidad nos comunicamos con Roberto Irrera, vicepresidente de la Federación Inmobiliaria Argentina, que explicó: “No existe una solución puntual para este tema”, ya que es “un inconveniente que afecta tanto al inquilino como al propietario”, y aseguró: “Habrá que apelar a la buena fe de los involucrados”.

En ese sentido, Irrera resaltó que las inmobiliarias “están atadas de pies y manos”, ya que deben permanecer cerradas “porque el negocio inmobiliario no se considera un rubro esencial” a nivel nacional. Por ello, Irrera reconoció que “existe un bache en este tema” y recomendó a los involucrados darle una solución “lo menos perjudicial” posible.

En cuanto a la situación de los alquileres habitacionales, el vicepresidente de la Federación Inmobiliaria Argentina destacó: “En el caso puntual de las familias que no pueden pagar sus alquileres por no tener ingresos, la idea es que puedan llegar a un acuerdo con el propietario para renegociar tanto la forma de pago como la continuidad de este. Existen varias opciones, como dividir la deuda o irla pagando cuando se normalice la situación".

“Creemos que esta situación nos tomó por sorpresa a todos y habrá que hacer un esfuerzo general para salir de esto. Según el artículo 1091 del Código Civil y Comercial –que explica la teoría de la imprevisión–, la situación actual permite rescindir todo tipo de contrato y compromiso. Lo que no significa que lo adeudado con anterioridad no se deba pagar”, destacó Irrera.

Por último, el funcionario pidió “buena predisposición” por parte de los involucrados, ya que “no es momento de sacar ventajas” sino, por el contrario, “es tiempo de ponerse en los zapatos de los que peor la están pasando”.

El mercado inmobiliario pos-COVID tendrá, en plena crisis, "grandes oportunidades"

Con la construcción (semi)parada, resurgiendo paulatinamente, inmobiliarias cerradas y potenciales compradores encerrados por la cuarentena, la postal de un mercado detenido parece anticipar un panorama con fuertes caídas en los alquileres y las ventas de los inmuebles en todo el país.

Los números no ayudan

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, informaron que en las últimas semanas se registró un incremento de la cantidad de inquilinos que denuncian dificultades para sostener el pago del alquiler de sus viviendas.

Según el último relevamiento oficial, 4 de cada 10 inquilinos del país tienen serios inconvenientes para pagar las cuotas mensuales.

Además, desde la Defensoría recalcaron: "Las consultas vinculadas con la dificultad en sostener el pago del alquiler, formuladas por inquilinos ante el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo, vienen creciendo sostenidamente desde hace un año y medio".

Por último, desde el Gobierno nacional remarcaron que la dificultad para sostener el pago del alquiler se manifiesta de distintas maneras, y la consulta más requerida, que abarca a uno de cada tres inquilinos, es la rescisión anticipada del contrato.