Desde el anuncio de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la sociedad comenzó a  expresarse en contra de esta medida. Según datos de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), hay al menos 54 víctimas fatales desde el inicio de las protestas, el 18 de abril. Según informó CNN, el gobierno de Nicaragua dijo que los muertos eran 10 hasta el 20 de abril y desde entonces no ha actualizado la cifra.

Ante esta escalada de protestas, el Ejército decidió tomar distancia del gobierno de Daniel Ortega y emitir el sábado pasado un comunicado de la Comandancia General en el que asegura que “el diálogo es la única ruta” para resolver el conflicto. “Somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio y consecuentes con esto, hacemos un llamado a detener la violencia y acciones que nos desestabilizan”.

Otra institución que ha expresado su opinión es la Iglesia. Según el diario nicaragüense La Prensa, el obispo Silvio Báez consideró a las víctimas fatales como "asesinados cruelmente por la dura represión" del régimen de Daniel Ortega. "Quien en una situación como esta, de represión criminal, elige el camino de la pasividad y enarbola la bandera hipócrita de la imparcialidad política se vuelve cómplice del mal, de culturas corruptas y de un Estado genocida", sostuvo Báez.

A raíz de estos reclamos, el gobierno permitió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre a Nicaragua para investigar las muertes y observar la situación de los derechos humanos en el país.

Nicaragua cumplió este lunes 27 días de una crisis reflejada en multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Ortega, que se originaron con protestas en rechazo de unas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos de represión.