El fondo del conflicto cuya chispa se encendió en Córdoba y prendió en la mayoría de las provincias es mucho más profundo que un reclamo salarial: es la imposibilidad del Estado de repensar el sistema de seguridad democrática y de decidirse por un modelo de policía profesionalizada, lo que incluye capacitación permanente, sueldos dignos, un escalafón único y un estricto control civil sobre la fuerza. Este es el análisis que hizo sobre la problemática Martín Appiolaza, director del Centro de Estudios en Seguridad Urbana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

El conflicto que se inició en Córdoba, se extendió a 22 provincias y dejó un saldo de nueve muertos comienza a aplacarse con los aumentos de sueldo dispuestos por los gobiernos locales, en medio de la extorsión que significa que las calles de muchas localidades fueran liberadas a los saqueos. Este no fue el caso de Mendoza, donde  los uniformados siguieron cumpliendo con su tarea, aun inmersos en los reclamos.

Más allá de que el conflicto se extendiera a las provincias, Appiolaza marcó la particular situación de Córdoba, donde aseguró que el nivel de connivencia entre las estructuras policiales y el poder político están tan profundamente ligadas que era imposible que el Gobierno se parara en la vereda de enfrente del reclamo. “Los antecedentes de datos de corrupción de la policía de Córdoba, de vinculación con el narcotráfico desde hace muchos años y la relación con los niveles gubernamentales es estructural, ahí es donde ha funcionado como modelo perfecto un doble pacto. Un pacto es el político-policial, en el cual los funcionarios políticos delegan la cuestión de la seguridad en la policía a cambio de que mantengan la cosa tranquila y no tengan escándalos que los afecten en su gestión política. El otro es un pacto policial-delictivo, que tiende a regular el funcionamiento del delito en el territorio. Por lo tanto hay un nivel de complicidad por una parte y de mirar para afuera; cuando esto se pudre, cuando hace eclosión, están todos metidos en el barro”.

Para Appiolaza, el reclamo que se extendió a las provincias sacó a la luz un problema sistémico de las policías con características bien definidas, que enumeró. Una organización militarizada, verticalista, con una tropa de trabajadores poco calificados sometidos a regímenes en los que existe violencia institucional interna, abusos, pocos canales para plantear sus demandas, sumado a que se sienten sobrepasados en momentos en que se incrementa la violencia, porque carecen de herramientas conceptuales, doctrinales y metodológicas para enfrentarla. Esa combinación, dijo, termina explotando siempre de la peor manera.

El especialista en seguridad señaló que el planteo de fondo necesario es repensar qué le pasa al Estado que no sabe qué hacer con la policía, por lo que le terminan explotando los conflictos en la cara.

Para Appiolaza, las respuestas frente al interrogante de qué hacer con las policías se deben buscar en el Acuerdo por la Seguridad Democrática que se acordó en el 2009 y al que adhirió un gran número de referentes de todos los partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones sociales y de derechos humanos. Ahí se detalla, entre otros puntos, que una adecuada política criminal y de seguridad requiere una policía eficaz en la prevención, profesionalizada y debidamente remunerada, que todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, lo que supone el pleno control de la institución, evitando así las redes de corrupción que pueden incluso amenazar la gobernabilidad democrática.

El licenciado en Comunicación Social explicó que detrás del reclamo hay una crisis del tipo de policía que se quiere, pero también del tipo de sociedad que construimos, con desigualdades y donde el elemento de estabilización, a través de políticas de control cada vez más duras, ha sido siempre la policía. “Hemos ido avanzando desde las izquierdas en un Estado que garantiza derechos, pero por otro lado no hemos hecho nada con las policías y seguimos trabajando con las mismas policías concebidas en los años cincuenta”.

El caso de Mendoza

Appiolaza explicó que, si bien en Mendoza se replican los mismos problemas en otras provincias, existe el antecedente de que se intentó reformar el sistema de seguridad y consideró que hubo cambios importantes a partir del anuncio de la política de Estado en la materia que hicieron los integrantes de los partidos políticos con representación parlamentaria en diciembre de 1998. Enumeró algunos de esos cambios: la eliminación del doble escalafón, unificar el sistema de formación –al crear en 1999 el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP)–, incluir elementos reflexivos en la enseñanza, alentar la vinculación de los policías con la comunidad, además de un creciente interés de los funcionarios por aproximarse a los policías.

Otro punto que marcó como un éxito de la reforma es que en los mandos medios y altos de la policía hay gente muy lúcida, formada, con un análisis profundo de la situación de la fuerza y de los posibles caminos para solucionar los problemas a los que se enfrenta la fuerza.

Pese a los logros, Appiolaza recalcó que a partir de 2008 se dio un paso atrás en el intento de profesionalizar a la policía y se volvió al viejo modelo verticalista.

Sin amotinamiento

A diferencia de la situación que se vivió en otras provincias, los integrantes de la fuerza mendocina –unas 8700 personas– no se amotinaron y siguieron prestando un servicio esencial. Luego de varias reuniones y de cambios de interlocutores, el gobernador Francisco Pérez anunció que daría por decreto una suba a los policías, que llevará el sueldo de los uniformados que recién se inician de 4500 a 8500 pesos, aunque esto incluirá cumplir con 20 cupos de recargo que se pagan 140 pesos y que son horas extras.

Pérez también anunció que los clubes de fútbol deberán afrontar el costo de la seguridad en las canchas, que se pagan como servicios extraordinarios a 174 pesos por cuatro horas. Un porcentaje del sueldo de los policías está conformado por las horas extra y por estos servicios extraordinarios.

Para el abogado y profesor del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), Alberto Montbrun, el bajo salario de los policías es uno de los meollos del problema. Explicó que los uniformados tienen remuneraciones muy bajas y que el sistema laboral es extremadamente demandante para poder redondear un ingreso digno, además de los inconvenientes que acarrea la inflación.

Montbrun definió a los servicios extraordinarios que realiza la policía –por los que les pagan 174 pesos por cuatro horas– como un sistema "corruptógeno". “La dirigencia política de Mendoza legitima a un policía desasistido, escasamente capacitado, pero al que se le guiña el ojo y se le dice que saque servicios extraordinarios, entonces eso en un momento explota, porque el nivel de sobrecarga laboral es muy alto para poder juntar plata. Los policías no pueden trabajar más de 44 o 48 horas semanales, es absurdo, porque es una profesión de riesgo de vida que necesita descanso y capacitación permanente, y estamos a años luz de eso”.

Para el abogado se dejó de lado el modelo de policía profesional y con un escalafón único que se planteó en la reforma del 98. Dijo que apenas 15 años después de ese acuerdo, 7500 policías son auxiliares –hacen un curso de diez meses y están fuera del escalafón– y que están claras las prioridades del Gobierno, porque para ser técnico en Seguridad hay que estudiar dos años y se cobra una beca de 300 pesos, mientras que para formarse como auxiliar deben hacer un curso de 10 meses y se les paga una beca de 500 pesos.

El debate por la sindicalización

El reclamo, que se extendió a la mayoría de las provincias argentinas, también planteó el debate sobre la posibilidad de que la policía se sindicalice, que tenga representantes legítimos a la hora de acordar mejores condiciones laborales y salariales.

Para Montbrun, la sindicalización de la policía sería un avance que permitiría tener una negociación transparente y una representación genuina del sector. Respectos de quienes invocan normativas que lo impiden, explicó que el artículo 14 bis de la Constitución es tan claro que ninguna normativa puede impedir a la policía sindicalizarse.

Appiolaza coincide en la necesidad de abrir canales genuinos de diálogo, porque entiende que cualquier sistema que posibilita a los trabajadores plantear sus inquietudes es valioso. Pese a esto cree que la sindicalización no es la mejor respuesta para este momento.

“Lo que está pasando en un paso atrás, porque lo que se está consolidando son referencias un poco irregulares y además se está negociando bajo términos extorsivos, donde el rehén es la sociedad y donde se busca generar un conflicto entre la sociedad y contra la sociedad, por lo tanto creo que esto afecta muchísimo la imagen de las policías y aleja bastante la posibilidad de sindicalizar”, señaló.

El licenciado en Comunicación Social planteó la posibilidad de poner en marcha otras opciones, como las defensorías del policía y algún tipo de mesa de discusión sobre las condiciones laborales y socio laborales de los trabajadores policiales.

Appiolaza criticó el proyecto de defensor del policía que tiene media sanción en la Legislatura de Mendoza, un proyecto del radical Luis Petri apoyado por el vicegobernador, Carlos Ciurca. Señaló que desvirtuaron el concepto, que lo transformaron en una defensoría legal del policía, cuando la problemática va mucho más allá e incluye aspectos psicológicos, ambientales y familiares.