La creación de un banco de vinos de la provincia de Mendoza, por mayoría de votos, obtuvo sanción final de la Cámara de Diputados. Esta propuesta del Poder Ejecutivo tiene como objetivo estabilizar los ciclos de precios del mercado de traslado de los productos vitivinícolas y lograr una justa distribución de la renta vitivinícola entre todos los eslabones de la cadena productiva.

El instrumento principal del Banco de Vinos para cumplir con su objetivo será la formulación, ejecución y control de un sistemático Programa de Control de Stocks Vínicos, y estará administrado por un director ejecutivo designado por el Ministro de Economía y Energía, designación que deberá recaer en un funcionario de su cartera o del organismo que en el futuro lo reemplace.  

De acuerdo a las disposiciones de esta Ley, el director ejecutivo será asesorado por un consejo asesor ad honorem, integrado por cuatro representantes de la producción primaria por cada uno de los oasis productivos de Mendoza (Este, Valle de Uco, Sur y Norte); un representante de las bodegas trasladistas, un representante de la industria fraccionadora y un representante de las cooperativas vitivinícolas. Además, establece que el cargo de director ejecutivo será incompatible con el ejercicio de actividades privadas relacionadas con el vino y demás productos vitivinícolas, sean estas productivas, industriales o comerciales, mientras que los representantes del sector privado en el Consejo Asesor serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta directa de las entidades gremiales más representativas del sector vitivinícola.

Las relaciones del Banco de Vinos con terceros se regirán por el derecho privado en el marco del funcionamiento del Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola, administrado por Mendoza Fiduciaria S.A. De igual forma, dispone que podrá destinar recursos para mantener los stocks vínicos dentro de la banda que establezca el Programa de Control de Stocks Vínicos y a las siguientes acciones:

-Remunerar con un estímulo financiero a los tenedores de vino que decidan autobloquear sus caldos vínicos por el monto y el período que se definan en el programa trimestral, siempre que se alcance el nivel de stock vínico objetivo del programa, nivel que será determinado por la Dirección Ejecutiva. No incluyen los vinos de guarda, conforme lo establezca la reglamentación. 

-Producir la liberación de los vinos autobloqueados cuando así lo requiera el Programa trimestral, en los períodos de escasez de vinos y otros  productos vitivinícolas.

-Apoyar la exportación y/o la destilación de los vinos auto bloqueados cuando lo requiera el Programa trimestral, en  los períodos de excedentes  vínicos, con  el objetivo de descomprimir el mercado de traslado. 

Finalmente, encomienda al Ministerio de Economía y Energía que efectúe las gestiones para que los volúmenes de vinos autobloqueados por los tenedores de vino ante el Banco de Vinos puedan eventualmente ser computados por los establecimientos vitivinícolas como un mecanismo de diversificación para cumplimentar con el Acuerdo Interprovincial Mendoza-San Juan, según lo establecen las leyes provinciales 6216 y 9061, en cuyo caso los beneficiarios deberán sujetarse, en la elaboración respectiva y por tales volúmenes, al Reglamento Crédito Fiscal Compensatorio por Inmovilización de Vinos destinados a Exportaciones futuras. 

Con esta ley se completa el paquete de herramientas enviadas por el gobierno provincial para reactivar la economía, el que está integrado, además, por la Ley de Empleabilidad y Mendoza Activa.

Durante el tratamiento en el recinto, José Orts (UCR) valoró “el acuerdo y los consensos que se obtuvieron en el Senado, acuerdos que son necesarios en estos tiempos. Este es un proyecto de gran importancia para la vitivinicultura, es un complemento del acuerdo Mendoza-San Juan, cuyo objetivo fue apoyar la diversificación, para encontrar mayor equilibrio y  precios justos”. De igual forma, Jorge López, titular del interbloque Cambia Mendoza, afirmó: “Estamos ante una de las tres leyes económicas que envió el Ejecutivo. Entiendo que tal vez hay discusiones que aún no están zanjadas, pero lo cierto es que la práctica nos lleva a la necesidad de proteger al pequeño productor y a la industria vitivinícola”.

Guillermo Mosso (PD), en tanto, manifestó su voto afirmativo aunque consideró que, “como herramienta, le está faltando un horizonte temporal. No tiene plazo de salida, plazo de duración. Probablemente en la reglamentación será aclarado”. Gustavo Cairo (PRO) expresó su apoyo a este proyecto, “habida cuenta de que el bloqueo de vinos es voluntario y no compulsivo, que era una preocupación de algunos productores. Por otra parte, a muchos productores primarios les sirve tener una regulación sobre el precio del vino. Claro que para mejorar los precios a largo plazo hay que abrir los mercados internacionales. Hay que abrir mercados para que Mendoza pueda competir en igualdad de condiciones con Chile, por ejemplo”.

Del mismo modo, José María Videla (FR) resaltó: “Desde ya apoyaremos este proyecto porque es sumamente importante para darles respaldo a los pequeños productores que necesitan la intervención del gobierno”. “Necesitamos facilitar que los productores puedan poner valor agregado a su producto y, en ese sentido, insto a los legisladores nacionales para que trabajen para proteger a nuestros pequeños productores”, agregó. Desde Protectora Línea Fundadora, Mario Vadillo expuso: “Apoyamos los proyectos que tienen que ver con la emergencia que vive el país. El Banco de Vinos puede ser una gran herramienta si ayuda a los pequeños productores y pequeñas bodegas”.

Por su parte, Marisa Garnica (FdT-PJ), sostuvo: “Compartimos que la vitivinicultura es la industria madre a la que hay que acompañar, pero hay asimetrías” con respecto a otras actividades. De igual forma, Germán Gómez, presidente de esa bancada, subrayó: “En el mercado del vino no hay competencia perfecta y es donde el Estado tiene que intervenir. En los últimos años, se perdieron en el sector muchos puestos de trabajo genuino. Quizá esta ley es un paliativo. La realidad mostrará si esta ley sirve o no sirve”.

A su turno, Mailé Rodríguez (FIT) anticipó el voto negativo de su bancada al indicar: “Esta ley hubiese sido una buena herramienta si realmente se pudiera controlar a los grandes bodegueros, que siguieron ganando a pesar de la pandemia. Nosotros no acompañamos porque nos genera varias dudas”.

También Mercedes Llano (PD) adelantó su voto negativo, manifestando: “No pongo en tela de juicio la buena fe que tiene el gobierno de la provincia con este proyecto, pero desde nuestro partido, no estamos de acuerdo con el rol que el Estado debe tener en la economía. Para nosotros, como liberales, el Estado debe defender las libertades individuales y brindar los servicios esenciales, no intervenir en la economía. No estamos, por lo tanto, de acuerdo porque profundiza la omnipresencia del Estado”.