Después de que el presidente Alberto Fernández apuntara a la demora en la formación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de género, el alto tribunal contestó este miércoles con un desplante a la invitación de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta a cumplir con la capacitación obligatoria que establece la Ley Micaela para quienes integran los poderes del Estado. La ministra, casi inmediatamente, le mandó una carta al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, diciéndole que seguía esperando coordinar la fecha para impartir la capacitación, dado que la Corte no podía abstraerse de los alcances de la ley.

Los cinco integrantes de la Corte firmaron una resolución que agradece al Ministerio la invitación cursada y le hace saber que las actividades de “sensibilización y capacitación” en relación con la Ley Micaela se hacen a través de la Oficina de la Mujer, una dependencia creada en 2009 que inicialmente estuvo en manos de Carmen Argibay hasta su muerte en 2014, y que desde entonces dirige Elena Highton de Nolasco.

"Se advierte la conveniencia de emplear las estructuras e instrumentos existentes, diseñados específicamente para el Poder Judicial, para desarrollar las actividades de capacitación previstas por la Ley 27499; de manera de propender a la mayor eficacia de los objetivos propuestos a la par del mejor aprovechamiento y racionalización de los recursos con los que cuenta el Tribunal", escribieron los supremos.

La Corte busca un artilugio para quedar fuera de los alcances de la Ley Micaela, que se aprobó después del femicidio de Micaela García, una joven militante del Movimiento Evita, y que establece una formación obligatoria para todos los funcionarios y las funcionarias estatales. Cuando se promulgó la ley en enero del año pasado, su autoridad de aplicación era el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Sin embargo, en un acto en la Corte, el 28 de febrero de ese año, Rosenkrantz y Highton firmaron un convenio con Fabiana Túñez, la entonces titular del INAM, por el que se delegaba en la Oficina de la Mujer la capacitación en todo el ámbito del Poder Judicial. A ellos se les había sumado también el juez Ricardo Recondo, entonces presidente del Consejo de la Magistratura. 

"Resulta evidente que las cláusulas de un convenio acordado entre las partes no puede nunca modificar la obligación que se deriva del artículo de la ley al que se hizo mención", respondió la ministra Gómez Alcorta en referencia al artículo 6 de la ley, que establece que a las autoridades máximas de cada poder del Estado debía impartirles la capacitación el Instituto Nacional de las Mujeres, que dejó de existir tras la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, el planteo de la ministra es que la Corte podrá definir cómo se capacita al resto de los integrantes del Poder Judicial, pero los cuatro supremos y la suprema deberán recibir la formación obligatoria por parte del Ejecutivo.

Las críticas del Presidente se conocieron el 25 de septiembre pasado porque el Poder Judicial ‒y la Corte como cabeza de este‒ era el único poder del Estado que no había cumplido con la capacitación que exige la Ley 27499. Ese mismo día, Gómez Alcorta informó que el 23 de junio había enviado una carta al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para combinar la forma de implementar la capacitación, que no había tenido respuesta, por lo que iba a repetirla. En el Palacio de Tribunales, comentaron a Página/12 que la notificación estaba siguiendo el trámite habitual: es decir, deambulando con ritmo cansino de vocalía en vocalía. La Corte imprime tiempos especialmente lentos a los temas vinculados a la agenda de derechos y le otorga carácter de urgencia o gravedad institucional a todo aquello vinculado a la familia judicial.

La Corte ya había circulado un comunicado en respuesta a la falta de capacitación en materia de género, pero recién ayer se materializó una resolución que le respondía al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En este caso, sí hubo consenso entre los integrantes del máximo tribunal, algo que dista de ser habitual, pero probablemente no esperaban la respuesta casi inmediata de la ministra Gómez Alcorta.

Los supremos están envueltos en un clima de tensión interno y con el Gobierno. Con el Ejecutivo, el clima es punzante después de que el 29 de septiembre pasado aceptaran el per saltum de los tres jueces movidos a dedo durante el macrismo que se resisten a volver a sus tribunales de origen. Hoy está previsto un acuerdo, pero es incierto si en esa reunión se abocarán al tema.

El miércoles pasado, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, acusaron al presidente de la Corte de orquestar una convocatoria oportunista de la comisión Interpoderes, una mesa que debe velar por la agilización de los juicios de lesa humanidad y que se mantuvo inactiva durante los últimos cuatro años. La convocatoria de Rosenkrantz se concretó casi una semana después de que la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todes, presentara un pedido de juicio político por el tratamiento que el presidente de la Corte le da causalmente a los expedientes vinculados a los crímenes de la dictadura. Rosenkrantz no tuvo demasiado apoyo de sus colegas, que no lo acompañaron en la declaración pública que distribuyó entre medios amigos en la que sostenía que era víctima de una campaña de difamación, y lo dejaron solo en la reunión de la comisión Interpoderes, en la que solo recibió críticas por el atraso de la Corte en lo referido a las causas sobre el terrorismo de Estado.

La nota enviada a la Corte