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20 DE DICIEMBRE DE 2024
Lo confirmó el abogado querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza.
Manifestación en la pueta de Tribunales durante el día de la sentencia de la causa de Soledad Olivera. Foto: Archivo/Axel Lloret
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisará la sentencia del juicio por la desaparición de Soledad Olivera, que absolvió por el beneficio de la duda al único imputado, Mariano Luque. El abogado querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, confirmó que presentó un recurso de casación que fue aceptado, por lo que los magistrados del máximo tribunal revisarán la sentencia.
El recurso de casación lo presentaron en conjunto el representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el del Ministerio Público Fiscal, Darío Tagua, ante al tribunal que dictó la sentencia, es decir, ante la Segunda Cámara del Crimen. Esta lo aceptó y en breve ingresará a la Corte.
Peñaloza explicó que si bien existen algunos pasos formales para que el recurso llegue a la Corte, es un hecho que sus miembros revisarán la sentencia dictada el 8 de septiembre. La revisión de la sentencia quedará en manos de los tres jueces del máximo tribunal mendocino que conforman la Sala Penal, es decir, Mario Adaro, Omar Palermo y Herman Salvini. Los magistrados pueden optar entre tres decisiones: confirmar la sentencia, anular el juicio y ordenan realizar otro (como pasó en el caso de José Luis Bolognezi) o dictar una nueva sentencia.
El caso
El 18 de noviembre de 2011, Soledad Olivera salió de su casa ubicada en la localidad de Tres Mayo y nunca más se supo de ella. Sus hermanas hicieron la denuncia policial pero fue archivada, por lo que el fiscal de Las Heras-Lavalle, Darío Nora, enfrentó un jury de enjuiciamiento, que finalmente desestimó la acusación.
El caso de Olivera recién tomó trascendencia mediática un año después con la desaparición de la adolescente lavallina Johana Chacón, quien fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012, cuando descendió del micro que la trasladaba desde la escuela hasta la finca de la familia Currallanca. Fueron las maestras de la escuela Virgen del Rosario quienes se movilizaron e hicieron la denuncia por la desaparición de Johana. Ese mismo día se enteraron de que nada se sabía de Olivera, una joven de 33 años, cuyos tres hijos asistían al colegio. Fue en ese momento cuando comenzaron su campaña para encontrar con vida a las dos mujeres.
El fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, lideró ambas investigaciones. Por el caso Olivera, imputó en agosto de 2013 a Luque por privación ilegítima de la libertad. Garay fundamentó su decisión en la investigación, ya que determinó que Luque tenía relación con Olivera, lo que quedó demostrado a través de las numerosas comunicaciones telefónicas entre ambos. Además, el día que la joven desapareció, comentó que se encontraría con el imputado.
La sentencia
El 8 de septiembre, los jueces Mateo Bermejo, Arlington Uliarte y José Valerio, integrantes de la Segunda Cámara del Crimen, dieron a conocer la sentencia: absolvieron por el beneficio de la duda a Mariano Luque, que quedó en libertad luego de estar dos años detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
De acuerdo con los fundamentos de la cámara, los indicios fueron insuficientes para determinar con certeza que Luque fue el autor. Sostuvieron que no quedaron probadas las amenazas de Luque hacia Soledad, que ella inició la comunicación el día de su desaparición, que fue sola a la casa del imputado (lo que consideraron incomprensible si le tenía miedo) y que Luque llamó a la mujer el 19 de noviembre de 2011 (un día después de su desaparición).
Los magistrados también aseguraron que Soledad fue víctima de privación ilegítima de la libertad, que su ausencia fue intempestiva y no planificada, ya que consideraron que no hubiera abandonado a sus tres hijos. También dejaron clara la posibilidad de que la mujer haya sido asesinada, teniendo en cuenta que en casi cuatro años no se comunicó con nadie de su familia.
Durante la lectura de sentencia, los jueces recordaron que el Estado tiene la obligación de investigar para dar una respuesta a la familia de la joven llavallina.
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