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Nanclares, titular del tribunal supremo, presentó el presupuesto solicitado ante legisladores provinciales. Dijo que insistirán con los procesos de oralidad.
Foto: Prensa Senado
Fuente: Prensa Diputados
Publicado el 07 DE ENERO DE 2020
En el marco del análisis del Presupuesto 2020, Jorge Nanclares, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, expuso ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras la pauta requerida para el ejercicio presupuestario del año en curso.
El monto solicitado asciende a 7.205 millones de pesos, es un “presupuesto muy acotado de acuerdo a la austeridad que requiere la provincia, en un momento en que la justicia está produciendo una transformación sustancial”, afirmó Nanclares
Además hizo hincapié en que se pretende lograr una “justicia abierta, acercar los jueces a la gente, y que la gente pueda acercarse al Poder Judicial”. Para ello explicó que se dará continuidad a los programas destinados a la oralidad, para lo cual se destinarán $69.779.471. “Hemos instalado la oralidad efectiva, logrando acortar los plazos de las causas en un 75%, por ello es nuestra responsabilidad cuidar que este sistema que hemos diseñado no se distorsione y funcione correctamente”, sostuvo Nanclares.
También se desarrollarán programas para la “Mejora en la gestión judicial y acceso a la justicia” con un monto $167.793.461 y “Nuevas tecnologías al Servicio de la Justicia”, $32.229.181.
“Entendemos que hay que mejorar la comunicación, para que la gente tenga acceso a la información, que pueda conocer todos los servicios que la justicia tiene para brindarle, por ello apostamos a mejorar la oficina de Prensa y Comunicación”, afirmó.
Asimismo se otorgarán $19.260.841, para la descentralización de la Justicia de Paz y Familia, con el objetivo de seguir mejorando el servicio de la justicia en las distintas jurisdicciones. “Se necesitan recursos humanos y tecnológicos, especialmente cubrir los cargos de jueces de familia, ya que hoy se hace imposible cubrir con toda la carga de trabajo”, indicó.
En este sentido, Nanclares dijo que se pretende “recuperar la facultad institucional que tiene la Corte de hacer designaciones. Estuvimos abocados a las reformas procesales pero realmente la experiencia del año anterior nos ha dificultado el cumplimiento de algunos puestos esenciales”.
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