La Corte de Apelaciones de Nueva York ordenó al juez Thomas Griesa acotar el alcance de la acción judicial colectiva que habían iniciado los tenedores de bonos en default de la Argentina, lo que implicará la limitación del universo de quienes tendrán derecho de sumarse al fallo de Pari Passu –conocido bajo el término de me too– y que podría beneficiar a la Argentina en términos del monto final que demandaría del juicio.

El tribunal de apelación que interviene en el caso con los fondos buitre rechazó el criterio "agregado" de Griesa utilizado en su definición de la acción colectiva (de clase), que incluía a todos los tenedores de bonos en default de la Argentina, y sin tener en cuenta si esos bonos habían sido vendidos en el mercado secundario, luego de los canjes de deuda del 2005 y 2010.

Esta es la segunda oportunidad en que la Corte gira a Griesa este pedido y, en ambas oportunidades, le solicitó que acotara la definición de la acción de clase contra la Argentina y que tuviera en cuenta lo vendido en el mercado secundario en el cálculo del monto del resarcimiento, lo que a la postre terminaría siendo una cifra menor en la cuenta a pagar a futuro de la Argentina.

Griesa desoyó a dicha Corte, tal como le reprochó esta última en el primer párrafo de su sentencia de hoy: "Luego de que este Tribunal panel revocara dos veces en paneles anteriores, sentencias dictadas por el Tribunal de Distrito a favor de los demandantes, nos remitimos con instrucciones específicas -(hacia Griesa, para limitar el criterio de la clase)-. En lugar de seguir nuestras instrucciones, la Corte de distrito certificó con acciones clases expandidas. En consecuencia, por haber hecho esto y por el mandato emitido en la previa apelación, decidimos revocar y devolver" al distrito para su revisión, le recriminó la Corte a Griesa.

En rigor, esta acción de clase fue presentada por tenedores de bonos en default de Argentina en el 2004, antes del canje de la deuda, y claramente luego de esa fecha muchos tenedores de bonos ingresaron a los canjes propuesto por la Argentina, o bien luego vendieron a otros fondos especulativos como los fondos buitre, que los mantienen en su poder y que hoy forman parte del 7 % de tenedores de deuda que aún se encuentra en default, y que se encuentran excluidos del fallo pari passu y buscan ser incluidos como me too, que también buscan un monto de resarcimiento.

La Corte recordó a Griesa que él mismo había accedido en un round anterior a tomar el criterio de Argentina de una acción de clase para aquellos que aún mantenían los bonos en su poder y no fueron vendidos en el mercado secundario tras el default, y que luego, cuando aplicó el "criterio agregado" en su fallo posterior, no especificó cómo realizó los cálculos. La misma Corte recuerda que dicha clarificación de los cálculos es una "restricción significante", que limitará lo que deberá pagar la Argentina, debido a que "algunos inversores pudieron haber vendido eso intereses, y otros inversores que actualmente tienen bonos podrían haber adquirido esos intereses luego del día de la presentación de la demanda", explica el pronunciamiento.

Se explaya en que: "siempre que esos intereses continúen comercializándose, la identidad de esos inversores puede cambiar con cada transacción, posiblemente reduciendo el número de inversores que mantuvo sus intereses de manera continua desde la presentación de la demanda" en cuestión. Se recuerda que una acción de clase en Estados Unidos la solicitan, a modo de ejemplo, consumidores que son afectados de manera general, como puede ser por un corte de luz.

En el 2004 Griesa tomó como valida la utilización de acciones de clases para definir un criterio para resarcir a los bonistas en default de la Argentina, que no tenían hasta el momento fallos individuales. Luego siguió emitiendo fallos paralelos individuales, que derivaron en fallos como el pari passu, y hoy no se sabe si quienes ganaron disputas posteriores estaban ya incluidos o no en esta "acción de clase".

La Corte, como consecuencia, ordenó a Griesa que realizara un nuevo cálculo de los daños en un fallo anterior, que Griesa desoyó y que el Tribunal volvió a citar en esta vuelta. Le aclaró que ese fallo decía que en caso de que no se pudieran computar los transados en el mercado secundario y "no se pudiera realizar una estimación razonablemente precisa, no especulativa, (se) determine cómo proceder con la adjudicación de daños en base a reclamos individuales".