La Corte Suprema de Justicia citó a todas las provincias del país para que comparezcan y tomen intervención en defensa de sus derechos, en la demanda que Buenos Aires promovió contra el Estado Nacional por el Fondo del Conurbano.

La demanda fue presentada por el Ejecutivo bonaerense el 1 de agosto del año pasado y podría resultar en un resarcimiento de 300 mil millones de pesos.

La convocatoria, decidida por unanimidad, fue dirigida a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Para evitar un “retraso extensivo en la tramitación de la causa”, la Corte fijó un plazo máximo de 15 días para que la demandante curse las notificaciones al resto de las provincias argentinas.

El máximo Tribunal tomó la medida luego de que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz concluyeran que “la controversia resulta común a los demás estados provinciales”.

La provincia de Buenos Aires promovió la demanda contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 104 de la Ley Nº 20628 -de Impuesto a las Ganancias- que establece un tope de 650 millones de pesos anuales a la participación del 10 % en el producido de dicho gravamen.
Ese porcentaje tiene como destino al originariamente llamado “Fondo del Conurbano Bonaerense”, hoy Unidad Ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran Buenos Aires, con dependencia directa de la gobernadora María Eugenia Vidal.

El Estado bonaerense también pretende que se declare la inconstitucionalidad de otros incisos de ese artículo de la ley que la excluyen de la distribución del excedente del 10 % del producido del tributo entre el resto de las provincias y del reparto del 4 % del Impuesto a las Ganancias.

La provincia de Buenos Aires solicitó, además, que se condene al Estado Nacional a reintegrarle las sumas que dejó de percibir por aplicación de esas normas.

Al contestar la demanda, el Estado Nacional sostuvo que la modificación al anterior régimen legal implica detraer un 36 % de lo recaudado en Impuesto a las Ganancias para darle un destino distinto del general, que no es otro que integrar la masa de recursos coparticipables.