El máximo tribunal de justicia brasileño decidió volver a cero todas las actuaciones que buscaban el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La novedad le da tiempo y oxígeno a la mandataria. El trámite para destituirla fue lanzado a principios de mes por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acérrimo enemigo de Rousseff. Pero fue suspendido la semana pasada después de que se conformara una comisión legislativa que votó en secreto la apertura del impeachment.

Fue entonces cuando el oficialismo recurrió a la Corte Suprema para frenar el proceso. Para los analistas, se trata una victoria de Dilma Rousseff, ya que ahora la palabra la tiene el Senado, y en esa cámara tiene muchos apoyos.

A la presidenta, reelecta a la cabeza de Brasil en 2014, se le acusa de aumentar el gasto público sin la autorización del Congreso y de maquillar esos agujeros con préstamos a entidades estatales. Rousseff califica el proceso de destitución como “golpe” y rechaza las acusaciones.

El mayor país de Sudamérica está sumido en la recesión, déficit fiscal, una inflación superior a dos dígitos y un desempleo creciente. Además, la coalición gobernante se resquebraja por el megaescándalo de corrupción de la empresa petrolera Petrobras, un panorama que hace que la popularidad de Rousseff sea tan sólo del 9 %.