El Diario La Nación de hoy martes 29 de septiembre publicó una carta del lector de Martín Aguilar, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, quien advierte de una "posible contaminación interjurisdiccional" por el derrame de solución cianurada ocurrido el 13 de este mes en la mina Veladero, en San Juan. Bajo el título "Derrame en Veladero", el abogado pide la intervención de la Justicia Federal, entre otros motivos, porque "existe un cuadro de posible contaminación interjurisdiccional, al derivar el río Jáchal en el río Desaguadero, que entra directamente en las provincias de Mendoza y de San Luis".

A continuación, transcribimos la misiva de Aguilar publicada por La Nación:
 

Derrame en Veladero

Respecto del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada efectuado por la firma Barrick Gold en Veladero, provincia de San Juan, debo destacar que lamentablemente se ha creado un problema de competencia jurisdiccional entre el juez del lugar, doctor Oritja, y el juez federal doctor Casanello, de la Capital Federal, quien actúa por pedido del fiscal doctor Ramiro González –a la sazón, titular de Ufima–, en orden a la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (Aaaap), que presido, donde se requirió la intervención de este juzgado capitalino por dos motivos muy claros: el primero es el juzgamiento y la investigación de las autoridades nacionales que con su eventual omisión y/o negligencia y/o interacción equivocada permitieron y/o resultarían responsables de dicho evento. Me refiero al secretario de Minería, Jorge Mayoral; al secretario de Ambiente, Sergio Lorusso; al gobernador de San Juan, José Luis Gioja; al secretario de Ambiente de San Juan, Felipe Saavedra, y en particular a las autoridades y los apoderados de la empresa contaminante. Lo dicho surge de la aplicación pura y simple de la ley de residuos peligrosos y de la ley de presupuestos mínimos, ambas aplicables a este caso.

También pedimos la intervención de la justicia federal, ya que existe un cuadro de posible contaminación interjurisdiccional, al derivar el río Jáchal en el río Desaguadero, que entra directamente en las provincias de Mendoza y de San Luis. De ello nadie dice nada aún; menos, las autoridades de San Juan. Es entendible, entonces, que exista un interés mayúsculo por parte de las autoridades de San Juan en solicitar la inhibitoria del doctor Casanello, para evitar que éste actúe en la denuncia efectuada por la asociación que presido.

Esperemos una vez más que la Corte, como órgano decisor de competencias, nos permita seguir la investigación de esta maniobra, en principio escandalosa, de contaminación de aguas y salir en busca de los responsables de tan grueso error, que aún hoy no sabemos a cuántos habitantes ha contaminado en la zona y aledaños. Ya se debería haber efectuado un estudio epidemiológico alrededor de la zona y extraído por terceros ajenos a esta insuficiencia muestras que puedan dar prueba de cuán dañada quedó el agua en San Juan. Y por supuesto, hacer una campaña publicitaria para evitar que la gente consuma agua y enviarle continuamente agua mineral con camiones cisterna.

Sólo se han ocupado de intentar sacar de la causa a Casanello y al fiscal especialista en Ambiente, doctor Ramiro González. Nosotros desde acá esperamos justicia.

 

Mariano J. Aguilar

Presidente de la Aaaap

DNI 10.196.197