Los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollaron en un país que viola los derechos humanos de su población. Ni el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos ni la comunidad internacional hicieron nada para prevenir ataques o detenciones, ni para que dicho evento no se realizara en un país que margina legalmente a una parte de sus ciudadanos.

Por su parte, el presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, acaba de ratificar una ley que prohíbe la homosexualidad y parece que ello no amerita la intervención inmediata de la comunidad internacional. La ONU y otros organismos se han pronunciado en contra, preocupados, pero no han planteado una intervención concreta para la devolución de los derechos arrebatados a quienes hoy se encuentran con sus vidas en riesgo. También se habla de posibles rupturas de acuerdos económicos y suspensión de ayudas de diversos países, pero las definiciones no han tomado forma concreta.

La homosexualidad está prohibida en 76 países; en 10 de ellos puede significar incluso la pena de muerte. Uganda tiene legislación vigente (previa a la nueva ley) que condena la homosexualidad. La nueva legislación es la profundización del tratamiento discriminatorio hacia este colectivo, con penas que llegan a la cadena perpetua.

En una especie de “cruzada”, líneas del cristianismo evangélico pregonan a los cuatro vientos que la homosexualidad es una enfermedad, que es antinatural, que daña a la familia cristiana y miles de los discursos que ya hemos escuchado. Mantienen una embestida antidiversidad sexual dirigida a países pobres, con conflictos internos, con guerras civiles y otros quiebres sociales. Hablan de un “lobby gay” cuando lo que hacen es un “lobby antigay”.

En países como el nuestro, la avanzada en derechos ha significado también un cambio social. No se puede negar que la Ley de Matrimonio Igualitario ha generado un contexto de aceptación al colectivo LGTB que antes no existía. Lo mismo comienza a suceder luego de la promulgación de la Ley de Identidad de Género, que no solo permite el reconocimiento de los derechos de un sector de la población antes marginado, sino que da fuerza a la aplicación de políticas estatales tendientes a hacer valer esos derechos.

Por ello es urgente que se tomen medidas contundentes para detener esta atroz acción que atenta contra los derechos humanos de ugandeses y de la población mundial. Los países que cuentan con legislación al respecto, así como aquellos que transitan el camino hacia una verdadera integración ciudadana, deben reclamar por la defensa de los derechos de quienes hoy entran a la ilegalidad por el hecho de ser lesbianas, gais, transexuales, bisexuales o transgénero.

Lic. Guadalupe M. Pregal Salles

Militante Independiente de DDHH.