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Análisis económico de la actualidad argentina junto a la economista Carina Farah.
24 DE OCTUBRE DE 2024
La Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, de hecho, será querellante en una causa en la que se investigan los crímenes cometidos por militares argentinos contra los soldados que combatieron bajo sus mandos en la Guerra de Malvinas. La denuncia está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego.
La Comisión Provincial (bonaerense) de la Memoria (CPM) se presentó este martes como querellante en una causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares argentinos contra los soldados que combatieron bajo sus mandos en la Guerra de Malvinas, y que en la actualidad se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. "Queremos darle un impulso a una investigación que tiene más de 10 años y que resulta fundamental para avanzar con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia para con los ex combatientes", señaló en diálogo con Télam Ernesto Alonso, titular del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas (Cecim), La Plata.
Alonso viajó a Tierra del Fuego en su calidad de titular de una entidad que defiende los derechos de los veteranos de guerra y como integrante de la CPM.La delegación de la CPM estuvo compuesta por su presidente, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas; Roberto Cipriano García, secretario, y Sandra Raggio, directora.
La Comisión Provincial por la Memoria presentó un escrito ante el Juzgado de Río Grande que hoy subroga el magistrado Gustavo Calvete, en el que remarcó que "pesa en cabeza del Estado, a través de sus poderes (erigidos en la Constitución Nacional), la obligación de investigar todos aquellos casos en que se presuma han existido crímenes de lesa humanidad o bien, graves violaciones a los derechos humanos".
En esta causa se consignaron 105 hechos de tortura y violaciones a los derechos humanos a soldados que estuvieron en el escenario de operaciones, y figuran en el expediente testimonios que responsabilizan a 95 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.
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