El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, realizó una breve visita a la provincia de Mendoza para evaluar el estado de las cárceles tras la presentación de una serie de medidas cautelares por las condiciones inhumanas de detención.

Cavallaro, quien llegó a la Provincia acompañado por una comitiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), mantuvo reuniones a lo largo de la jornada con funcionarios del Ejecutivo provincial encabezados por los ministros de Gobierno y Justicia Dalmiro Garay y de Seguridad Gianni Venier.

El ministro de Gobierno y Justicia Dalmiro Garay y de Seguridad Gianni Venier después del encuentro con Cavallaro. Foto Axel LLoret

Dos temas fundamentales coparon la agenda del titular de la CIDH en su breve visita: uno de ellos fue el modo de cómo se lleva adelante la aplicación de la modificación del Código Procesal Penal, sobre la aplicación de las prisiones preventivas, aspecto que según sus propias palabras vino a ver si “se aplican de forma abusiva o se aplican bajo la normativa interamericana”.

Asímismo, el otro tema central de la presencia de Cavallaro fue el estado de los penales locales. Diversas de denuncias sobre las condiciones inhumanas que tienen los reclusos en los penales provinciales, sobre todo en el de Boulogne Sur Mer y en San Felipe, motivaron el año pasado a la presentación de dos denuncias ante la CIDH. Una de ellas estuvo a cargo de Carlos Varela Álvarez, del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), y la otra corrió por cuenta de la ONG Xumek.

Ambas denuncias pusieron bajo la lupa las condiciones de reclusión que tienen los detenidos en Mendoza. Algunos puntos señalados en las acusaciones fueron el hacinamiento, la falta de atención médica adecuada, la falta de condiciones adecuadas de salubridad, entre otras.

Cavallaro mostró particular interés en revisar la situación carcelaria de la Provincia, por eso recorrió algunos penales de Mendoza antes de regresar a Buenos Aires. En este punto remarcó que “es fundamental que el complejo penitenciario sirva para rehabilitar y no para darle el espacio al detenido para que siga su camino hacia la delincuencia”.

El funcionario de la OEA destacó el común  acuerdo entre los objetivos que presentan los actores que intervienen en escenario del problema carcelario: “lo que estamos proponiendo es un diálogo entre el Estado, la sociedad civil, con expertos y el apoyo de la Comisión Interamericana para buscar soluciones inteligentes”. Y aseguró que “creemos que la ley argentina exige lo que la Comisión Interamericana exige, pero no se está cumpliendo”.

En tanto, desde el Gobierno provincial destacaron la visita del Comisionado como “fructífera” así lo afirmó el ministro de Gobierno Dalmiro Garay, quien aseguró que Cavallaro fue invitado a la Provincia para ver “cuál es el punto de partida de Mendoza en cuanto al sistema carcelario”. El ministro afirmó que el gobierno está abocado a las mejoras en la infraestructura, sino que también se ejecutan programas complementarios para mejorar la vida de los internos.

Por su parte, el ministro de Justicia Gianni Venier, aseguró que se está en proceso de “mejoramiento” de la situación de los detenidos. También destacó que la mayoría de las refacciones en el penal de Almafuerte están finalizadas.

Cavallaro y Lecour en un encuentro que ambos calificaron como positivo. Foto: Axel LLoret.

El abogado Lucas Lecour, presidente de la ONG Xumek, y uno de los participantes de las reuniones con Cavallaro y con  el Ejecutivo, sintetizó algunas conclusiones de los organismos de Derechos Humanos: “Fue muy positiva la reunión que mantuvimos con el Gobierno. Reconocieron ciertas falencias del sistema penitenciario y también se comprometió a solucionar los problemas de la penitenciaría junto a la sociedad civil. Esperamos que con un seguimiento más personalizado del Comisionado logremos avanzar en los acuerdos que hemos llegado con el Gobierno provincial. La intención es trabajar con el Ejecutivo.”

La polémica que se filtró en la visita

Uno de los debates más fuertes que afronta la sociedad argentina por estos momentos es el de la inseguridad, la defensa propia y el exceso de ella como herramienta para hacerle frente al flagelo.

Sin esquivar la polémica, James Cavallaro reconoció que la seguridad de las persona es parte de los derechos básicos, pero rechazó categóricamente la posibilidad de que los ciudadanos apliquen justicia por su cuenta: “Cuando acontecen respuestas violentes preocupa porque muestra la falta de confianza en el sistema, por eso hay que trabajar para que nadie sienta la necesidad ni el deseo de resolver solo lo que es una situación que le corresponde a los organismos del Estado”.

Dalmiro Garay también se hizo eco de la polémica, pero tomó distancia de la postura que mostraron algunos referentes de la política, fundamentalmente del presidente Mauricio Macri. Garay destacó que “no vamos a aceptar la idea de que cualquier ciudadano haga justicia por mano propia. Obviamente que nos preocupan estos sucesos como el resto de los problemas de los mendocinos”.

A su turno, Gianni Venier fue tajante con el tema y dijo "No estamos de acuerdo con la violencia de ninguna clase”.