La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una crisis financiera extrema por la falta de contribuciones de los países latinoamericanos. Según alertó Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de esta organización,  serán incapaces de proteger a las víctimas, los derechos humanos y trabajar en materia de justicia en América.

Esta problemática situación financiera, como explicó Álvarez Icaza, es algo recurrente que antes se pudo atenuar o contener esencialmente por contribuciones de países observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), principalmente europeos.

“Particularmente en los últimos seis años hemos tenido contribuciones destacables de la Unión Europea. Pero los acontecimientos recientes en términos de la crisis migratoria de solicitantes de asilo provenientes de Siria, de algunas otras regiones de Asia central, de África e inclusive algunas regiones de Europa central han hecho que la cooperación europea mude a estas prioridades”, explicó el Secretario ejecutivo.

Las crisis migratorias han puesto en evidencia que los países miembros de la OEA no están atendiendo su responsabilidad y compromiso. Aunque los países de América del Norte, América Latina y el Caribe deberían encargarse de su propio sistema, no lo hacen. Las contribuciones son mínimas, sostiene Álvarez Icaza.

México ha dado recursos esencialmente para atender un caso muy importante de su portafolio, el de los 43 estudiantes desparecidos, pero no le ha dado contribuciones de la CIDH. Chile colaboró para hacer un período de sesiones en Santiago. Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica también han contribuido, pero todas en menor medida. “El año pasado el conjunto de donaciones de los países latinoamericanos fue menos de 200 mil dólares”, advirtió Álvarez Icaza en una entrevista con RFI.
 

Impactos, riesgos y peligros

Si la CIDH no recibe recursos hacia mediados de junio, está en riesgo de que el 40 % de su personal deje de trabajar allí. Esto tendrá como consecuencia que se retrase la protección a las víctimas, que quienes reciban medidas cautelares puedan quedar en riesgo de indefensión, que se atrasa a 40 % la protección a la justicia.

El impacto tendrá una enorme magnitud y no sólo porque no se protege a las víctimas, sino porque ya la CIDH ha anunciado la suspensión de sesiones en julio y en octubre. Con eso se cierra un espacio muy importante para la sociedad civil: cerca de 350 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente vienen a estas audiencias, hay víctimas que exponen sus casos, hay temáticas emergentes como el tema del derecho al agua, el uso de la fuerza o el tema de los megaproyectos que están afectando a comunidades indígenas.