La Confederación General del Trabajo negocia con el Gobierno nacional la extensión del "plan antidespidos", que venció el pasado 31 de marzo. El programa obligaba a los empleadores a avisar sobre las desvinculaciones que dispusieran al Ministerio de Producción y Trabajo con 10 días hábiles de anticipación, según fijaba el decreto presidencial de noviembre de 2018.

Los gremios buscan implementar cambios en el programa: extender los plazos y reforzar el decreto, ya que advirtieron dificultades en su aplicación. Además observaron que durante el plazo que tuvo vigencia no mermó la caída del empleo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante febrero se registraron 252 500 empleados menos que en febrero de 2018.

Por su parte, un estudio privado muestra que se perdieron 19 882 puestos en el ámbito privado en el primer trimestre de 2019, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En la conducción de la CGT reconocen que están urgidos a exhibir un acuerdo concreto con el Gobierno para contrarrestar la presión de los gremios disidentes que pararon el martes pasado. Una fuente explicó a La Nación que quieren reactivar el plan antidespidos, tratar de impulsar medidas anticíclicas, y que apuestan a mantener la gobernabilidad en medio de un desconcierto macroeconómico. Desde el Ejecutivo, las negociaciones están en manos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de su par bonaerense, Marcelo Villegas.

Por otro lado, los gremios dialoguistas avanzan en las negociaciones paritarias con el Ejecutivo. Entre los planes se encuentra la habilitación de acuerdos trimestrales o semestrales y la incorporación de pagos no remunerativos, según indica La Nación. Otra opción, a la que Sica se opone, es dar luz verde a la cláusula de ajuste salarial automático por inflación.

Como consecuencia del paro, Sica sellará hoy el acuerdo de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), que contempla un resarcimiento de 10% por 2018 y un aumento escalonado de 15% hasta agosto que se ajustará por la inflación. También habrá avances con los bancarios. Podría anunciarse una mejora de $10.000 hasta cerrar el porcentaje de aumento definitivo.

Además, a principios del mes pasado, el Ejecutivo aumentó a $13.000 millones los fondos que les otorga a las obras sociales. Asimismo, creó la Agencia de Tecnología Médica, un organismo que le permitirá a los sindicatos bajar la cantidad de amparos judiciales a la cobertura de servicios médicos que no estén incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

La medida de fuerza del pasado martes, dispuesta por Moyano, generó una dura interna en la CGT entre quienes apuestan a las negociaciones y al diálogo con la administración de Mauricio Macri y quienes exigen un endurecimiento de las posiciones.

Los líderes de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, no impulsan un paro general por el momento. Esto se debe a que consideran que una medida de fuerza no tendrá correlato en la política económica y además influye el peso que tienen los descuentos que se les hacen a los empleados que no van a trabajar, según informó Mdz.