El servicio doméstico a hogares, ejercido en su gran mayoría por mujeres, es una de las ocupaciones de peor calidad de empleo, con altas tasas de informalidad, extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de la seguridad social y un alto nivel de incumplimiento de las normas laborales. Este fue el punto de partida de una investigación que la economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Florencia Méndez, presentó en las VI Jornadas de Economía Crítica, realizadas en la UNCuyo y en la UTN, y que intenta determinar una caracterización de este tipo de trabajo en Argentina.

Méndez fue una de las profesionales que expuso en el panel Perspectiva de Género y Economía, una especialidad que se trabaja desde hace años en América Latina. Pese a esto, la investigadora explicó que las facultades del país aún no aplican esta mirada, lo que un colectivo de mujeres sí logró en la UBA, donde se abrió hace muy poco una cátedra específica sobre el tema.

En el libro La economía feminista desde América Latina: una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, elaborado por el Grupo de Macroeconomía y Género en América Latina ONU-Mujeres, se establecen los puntos de partida comunes de esta disciplina. “La incorporación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados al análisis económico como pieza fundamental del mismo, la identificación del bienestar como la vara a través de la cual medir el éxito económico (por oposición a los indicadores de desempeño estándar, como el crecimiento del PIB), la incorporación del análisis de las relaciones de poder como parte ineludible del análisis económico, y la identificación de las múltiples dimensiones de desigualdad social –clase, etnia, generación– que interactúan con el género, reconociendo con ello que mujeres y varones no son grupos homogéneos”, se lee en el texto.

Es dentro de esta concepción de la economía feminista que Méndez inició su investigación sobre el servicio doméstico a hogares, con el fin de comprender la lógica que permite la persistencia de la informalidad y la precariedad que caracteriza a esta labor.

Una distribución injusta

Méndez planteó un panorama del sector. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 53 millones de personas en el mundo se dedican a esta tarea, una cifra que se duplicaría, teniendo en cuenta la informalidad. En los países subdesarrollados, alrededor del 93 por ciento de quienes realizan este trabajo son mujeres y niñas, muchas de ellas inmigrantes.

La investigadora explicó que en Argentina, el servicio doméstico es la actividad que registra la tasa más alta de informalidad. Esto, pese a la nueva legislación que reconoce sus derechos, aunque Méndez cree que se quedó a mitad de camino porque aún no fue debidamente regulada.

La economista planteó que, dentro del trabajo informal, el Empleo en el Servicio Doméstico a Hogares (ESDAH) constituye un caso especial, tanto porque la mayoría de las que lo realizan son mujeres, como por el contexto discriminador en que se desarrolla la actividad.

Durante la charla, Méndez enumeró algunos de los aspectos que caracterizan al sector: esta labor participa directamente de las actividades de cuidado para la reproducción de la fuerza de trabajo, a diferencia de gran parte de las ocupaciones laborales, que participan de la reproducción del capital. Además, la prestación del servicio se realiza en la casa del empleador, y no en una unidad productiva; la relación laboral es marcadamente genérica –entre una mujer empleadora y una mujer trabajadora–, pero cuyo servicio beneficia al conjunto de los miembros del hogar.

Méndez sostuvo que la informalidad y la precariedad del sector son coherentes con la forma en que se organiza el cuidado de las personas, término referido a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y la reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad.

La investigadora planteó que la organización social del cuidado, definida por un lado como la distribución de responsabilidades y tareas entre los hogares, el Estado y los mercados; y entre varones y mujeres por el otro, es injusta. Primero, porque se considera una responsabilidad de las féminas; segundo, por el lugar marginal que ocupa el Estado, lo que implica la dificultad de acceso a los servicios de cuidado para los hogares que no tienen los recursos necesarios para adquirirlos en el mercado.

Méndez explicó que esta distribución injusta es palpable, ya que son los hogares de mejor situación económica quienes resuelven el problema a través de la contratación de personal, en su mayoría mujeres y migrantes, especialmente de origen paraguayo y peruano. En tanto, estas trabajadoras deben reorganizar el cuidado de sus propias familias, que por lo general quedan residiendo en el país de origen.

“Las características propias del empleo del servicio doméstico a hogares pueden interpretarse como consecuencia de la injusta organización social del cuidado, que conlleva a las soluciones particulares y privadas y a la derivación del cuidado entre hogares, conformando cadenas de cuidado con eslabones de distinto calibre y por ende, de creciente vulnerabilidad”, remató la investigadora.